Violencia policial, la gran amenaza de los migrantes en México
El homicidio de Victoria Salazar, migrante salvadoreña en México, a manos de un policía en Tulum, abrió las heridas que dejó el asesinato de George Floyd el año pasado en EE. UU. Organizaciones exigen una reforma para resolver la violencia estructural de la institución contra los migrantes en el país.
Dicen que la historia del ser humano no se repite, pero rima. Casi un año después del asesinato de George Floyd, quien fue asfixiado por un policía en Mineápolis (EE. UU.) el pasado 25 de mayo, una mujer salvadoreña fue asesinada casi de la misma manera en Tulum (México). Se llamaba Victoria Salazar, tenía 36 años y vivía desde hace cinco años en México, donde trabajaba en limpieza de hoteles con una visa humanitaria que obtuvo en 2018 tras obtener refugio de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Las desgarradoras imágenes del oficial apretando con su rodilla el cuello de la mujer contra el suelo volvieron a poner sobre la mesa un debate necesario sobre la violencia estructural que hay en las fuerzas policiales en este tipo de situaciones.
A todas luces la detención de Victoria Salazar estuvo llena de errores, según señalaron las autoridades mexicanas. De hecho, la necropsia de la mujer —revelada por Óscar Montes de Oca Rosales, fiscal general de Quintana Roo— indica que la causa de la muerte fue una fractura en la parte superior de la columna vertebral por la ruptura de la primera y segunda vértebra. Esto, según el informe, coincide con las maniobras de sometimiento durante la detención. “Siento indignación, me siento impotente, me siento frustrada. Yo hubiera querido estar ahí, como madre, pero no. Uno no puede estar en todos los lugares. Ella no merecía esa muerte, porque fue un abuso de autoridad”, dijo a la prensa Rosibel Arriaza, madre de la migrante salvadoreña.
El caso toca dos crisis actuales de México: la de la violencia machista, reflejada en el asesinato de más de diez mujeres al día, y la migratoria, como muestra la detención de 34.993 migrantes irregulares hasta el 25 de marzo, con un aumento anual del 28 %. Según un informe publicado por la Universidad Nacional de México, el Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el 29 % de los migrantes son víctimas de violencia sexual, física o psicológica. Lo peor es la baja cifra de personas que denuncia estos hechos, pues hay un miedo general a ser repatriados o por desconfianza en las autoridades. Según el documento solo una de cada diez personas lo hacen.
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Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) son aún peores, según advierte una columna de opinión del diario Excelsior, pues indican que siete de cada diez personas detenidas en México sufrieron amenazas o agresiones por parte del funcionario que las detuvo. “De las más de 64.000 personas encuestadas en 2016, el 75 % afirmó haber sufrido algún tipo de violencia psicológica durante el arresto, esto incluye maltratos tan graves como la asfixia”, aseguró el medio local.
Otra de las ironías del homicidio de la salvadoreña es que, justo mientras era detenida, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se encontraba en la apertura del Foro México-Francia sobre igualdad de género bajo la mirada de la Organización de las Naciones Unidas. Por primera vez desde que asumió el mandato, reconoció un feminicidio, asegurando que se trató de un brutal asesinato y que el hecho lo llena de pena, dolor y vergüenza.
Sumado a que varias agencias de la ONU, como la OIM, ACNUR, la ONU-DH y ONU Mujeres han exigido una investigación pronta e imparcial, un gran sector de la población ha dejado claro que no olvida la poca empatía y la normalización que el presidente le ha dado a la violencia contra la mujer en el país azteca. De hecho, el presidente le achacó la creciente la violencia de género a la herencia del pasado neoliberal y conservador. Salvador del Río, columnista de El Sol de México, aseguró: “La horrible muerte de Victoria Salazar es uno más de los miles de feminicidios que en número creciente se cometen en el país: 2.831 en lo que va de 2021, 240 solamente en enero, espantosa estadística ante la cual López Obrador ha mantenido silencio”.
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Hasta el momento el primer paso lo tomó el secretario de Seguridad Pública del estado mexicano de Quintana Roo, Lucio Hernández, quien anunció la dimisión del jefe de Policía del municipio de Tulum: “A partir de hoy, el comandante Nesguer Vicencio Méndez dejará el cargo que venía desempeñando al frente de la Policía de Tulum. Derivado de lo anterior, la seguridad de Tulum será garantizada”. Horas antes de esas declaraciones, las autoridades mexicanas procesaron a cuatro policías por el delito de feminicidio tras el uso excesivo de la fuerza en contra de la mujer salvadoreña fallecida, que era residente permanente en México. Eso sí, aún falta mucho para corregir los problemas de fondo que yacen en la institución.
Las denuncias por parte de organizaciones y movimientos feministas no demoraron en caer. Según Wilfredo Medrano, del directorio de la ONG Tutela Legal María Julia Hernández, “lo que ha pasado es una brutalidad de las autoridades mexicanas, es un grave acto de violación a los derechos humanos de Victoria”. Comparando el hecho, con el de Floyd, Medrano aseguró: “Hay que sentar un precedente, creo que la brutalidad se está volviendo frecuente, hay que juzgar a estos cuatro policías mexicanos, hay que individualizar quién fue el responsable”. Por otra parte, en San Salvador (El Salvador) un grupo de mujeres protestaron para pedir justicia por Victoria. Una de las manifestantes dijo: “Migrar es un derecho humano y cuando no encontramos formas dignas de vivir en nuestros países, migrar es una necesidad. No podemos ver esto como un hecho aislado ni podemos pensar que el Estado mexicano va a reconocer una violación de derechos si únicamente excluye o penaliza a estos cuatro policías. Es toda su política migratoria de muerte la que está provocando este tipo de incidentes”.
En su columna publicada en el medio mexicano, Del Río agregó: “La imagen de México en el mundo adquiere perfiles de tragedia y desprestigio por hechos como el asesinato a manos de la Policía de la salvadoreña Victoria Salazar, quien salió de su país huyendo de la violencia para encontrar aquí la muerte más violenta. Lejana en el tiempo queda la declaración de López Obrador sobre la acogida que se daría a todo inmigrante. En vez de la salvación que buscan, los inmigrantes trasponen la frontera para encontrar persecución o muerte, el mismo destino de los cientos de miles de mexicanos víctimas de la delincuencia en su propio país”.
Vea también: La terrible violencia que enfrentan los niños migrantes de Centroamérica
Dicen que la historia del ser humano no se repite, pero rima. Casi un año después del asesinato de George Floyd, quien fue asfixiado por un policía en Mineápolis (EE. UU.) el pasado 25 de mayo, una mujer salvadoreña fue asesinada casi de la misma manera en Tulum (México). Se llamaba Victoria Salazar, tenía 36 años y vivía desde hace cinco años en México, donde trabajaba en limpieza de hoteles con una visa humanitaria que obtuvo en 2018 tras obtener refugio de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Las desgarradoras imágenes del oficial apretando con su rodilla el cuello de la mujer contra el suelo volvieron a poner sobre la mesa un debate necesario sobre la violencia estructural que hay en las fuerzas policiales en este tipo de situaciones.
A todas luces la detención de Victoria Salazar estuvo llena de errores, según señalaron las autoridades mexicanas. De hecho, la necropsia de la mujer —revelada por Óscar Montes de Oca Rosales, fiscal general de Quintana Roo— indica que la causa de la muerte fue una fractura en la parte superior de la columna vertebral por la ruptura de la primera y segunda vértebra. Esto, según el informe, coincide con las maniobras de sometimiento durante la detención. “Siento indignación, me siento impotente, me siento frustrada. Yo hubiera querido estar ahí, como madre, pero no. Uno no puede estar en todos los lugares. Ella no merecía esa muerte, porque fue un abuso de autoridad”, dijo a la prensa Rosibel Arriaza, madre de la migrante salvadoreña.
El caso toca dos crisis actuales de México: la de la violencia machista, reflejada en el asesinato de más de diez mujeres al día, y la migratoria, como muestra la detención de 34.993 migrantes irregulares hasta el 25 de marzo, con un aumento anual del 28 %. Según un informe publicado por la Universidad Nacional de México, el Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el 29 % de los migrantes son víctimas de violencia sexual, física o psicológica. Lo peor es la baja cifra de personas que denuncia estos hechos, pues hay un miedo general a ser repatriados o por desconfianza en las autoridades. Según el documento solo una de cada diez personas lo hacen.
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Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) son aún peores, según advierte una columna de opinión del diario Excelsior, pues indican que siete de cada diez personas detenidas en México sufrieron amenazas o agresiones por parte del funcionario que las detuvo. “De las más de 64.000 personas encuestadas en 2016, el 75 % afirmó haber sufrido algún tipo de violencia psicológica durante el arresto, esto incluye maltratos tan graves como la asfixia”, aseguró el medio local.
Otra de las ironías del homicidio de la salvadoreña es que, justo mientras era detenida, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se encontraba en la apertura del Foro México-Francia sobre igualdad de género bajo la mirada de la Organización de las Naciones Unidas. Por primera vez desde que asumió el mandato, reconoció un feminicidio, asegurando que se trató de un brutal asesinato y que el hecho lo llena de pena, dolor y vergüenza.
Sumado a que varias agencias de la ONU, como la OIM, ACNUR, la ONU-DH y ONU Mujeres han exigido una investigación pronta e imparcial, un gran sector de la población ha dejado claro que no olvida la poca empatía y la normalización que el presidente le ha dado a la violencia contra la mujer en el país azteca. De hecho, el presidente le achacó la creciente la violencia de género a la herencia del pasado neoliberal y conservador. Salvador del Río, columnista de El Sol de México, aseguró: “La horrible muerte de Victoria Salazar es uno más de los miles de feminicidios que en número creciente se cometen en el país: 2.831 en lo que va de 2021, 240 solamente en enero, espantosa estadística ante la cual López Obrador ha mantenido silencio”.
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Hasta el momento el primer paso lo tomó el secretario de Seguridad Pública del estado mexicano de Quintana Roo, Lucio Hernández, quien anunció la dimisión del jefe de Policía del municipio de Tulum: “A partir de hoy, el comandante Nesguer Vicencio Méndez dejará el cargo que venía desempeñando al frente de la Policía de Tulum. Derivado de lo anterior, la seguridad de Tulum será garantizada”. Horas antes de esas declaraciones, las autoridades mexicanas procesaron a cuatro policías por el delito de feminicidio tras el uso excesivo de la fuerza en contra de la mujer salvadoreña fallecida, que era residente permanente en México. Eso sí, aún falta mucho para corregir los problemas de fondo que yacen en la institución.
Las denuncias por parte de organizaciones y movimientos feministas no demoraron en caer. Según Wilfredo Medrano, del directorio de la ONG Tutela Legal María Julia Hernández, “lo que ha pasado es una brutalidad de las autoridades mexicanas, es un grave acto de violación a los derechos humanos de Victoria”. Comparando el hecho, con el de Floyd, Medrano aseguró: “Hay que sentar un precedente, creo que la brutalidad se está volviendo frecuente, hay que juzgar a estos cuatro policías mexicanos, hay que individualizar quién fue el responsable”. Por otra parte, en San Salvador (El Salvador) un grupo de mujeres protestaron para pedir justicia por Victoria. Una de las manifestantes dijo: “Migrar es un derecho humano y cuando no encontramos formas dignas de vivir en nuestros países, migrar es una necesidad. No podemos ver esto como un hecho aislado ni podemos pensar que el Estado mexicano va a reconocer una violación de derechos si únicamente excluye o penaliza a estos cuatro policías. Es toda su política migratoria de muerte la que está provocando este tipo de incidentes”.
En su columna publicada en el medio mexicano, Del Río agregó: “La imagen de México en el mundo adquiere perfiles de tragedia y desprestigio por hechos como el asesinato a manos de la Policía de la salvadoreña Victoria Salazar, quien salió de su país huyendo de la violencia para encontrar aquí la muerte más violenta. Lejana en el tiempo queda la declaración de López Obrador sobre la acogida que se daría a todo inmigrante. En vez de la salvación que buscan, los inmigrantes trasponen la frontera para encontrar persecución o muerte, el mismo destino de los cientos de miles de mexicanos víctimas de la delincuencia en su propio país”.
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