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El juicio civil de Donald Trump y de dos de sus hijos, acusados de haber inflado durante años el valor de sus activos inmobiliarios, se abre este lunes en Nueva York, amenazando su imperio económico y dando paso a una maratón judicial para el favorito de los republicanos en la elección presidencial de 2024.
Trump dijo la noche del domingo que planea comparecer al inicio del juicio: “Voy a la corte mañana en la mañana para luchar por mi nombre y mi reputación”, escribió en su plataforma Truth Social. “Todo este caso es una farsa”.
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El expresidente de 77 años y sus abogados dieron a entender que podría asistir al menos a los dos primeros días de juicio en la Corte Suprema de Nueva York. Aunque no puede ser condenado a prisión por esta acusación, este juicio será un anticipo de una serie de casos legales que podrían perturbar su campaña por la nominación republicana.
El multimillonario está inculpado por lo penal en cuatro casos diferentes, que por el momento no han afectado su popularidad entre las bases republicanas. Está previsto que comparezca ante un tribunal federal de Washington el 4 de marzo para responder frente a las acusaciones de haber intentado, desde la Casa Blanca, revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, en las que ganó Joe Biden. Volverá a sentarse en un banquillo en Nueva York por fraude contable y después, en Florida, por su negligente manejo de documentos confidenciales tras dejar la Presidencia.
El juicio que comienza este lunes adquirió de repente una importancia considerable la semana pasada, cuando el juez Arthur Engoron, que lo preside, dictaminó que se había demostrado la existencia de “fraude continuado” y que la Fiscalía General del Estado de Nueva York ya había probado que Donald Trump y los directivos de su grupo “sobrevaloraron” su patrimonio entre US$812 millones y US$2.200 millones entre 2014 y 2021.
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“Golpe mayor” para Trump y su capacidad de hacer negocios en Nueva York
En consecuencia, el juez ordenó la revocación de los permisos comerciales en el estado de Nueva York del republicano y de dos de sus hijos, Eric Trump y Donald Trump Jr., vicepresidentes ejecutivos de la Organización Trump, así como la confiscación de las empresas objeto de la demanda, que se confiarán a liquidadores.
De aplicarse, estas sanciones supondrían “un duro golpe para la capacidad de Donald Trump de hacer negocios en el estado de Nueva York”, según Will Thomas, profesor de derecho mercantil en la Universidad de Michigan.
El expresidente, que amasó su fortuna en el sector inmobiliario y los casinos en los años 80 y prometió dirigir Estados Unidos como sus empresas, perdería entonces el control de varios de los edificios emblemáticos de su grupo, como la Trump Tower en la Quinta Avenida de Manhattan.
Estas propiedades están en el centro de las acusaciones de la fiscal Letitia James: la superficie del apartamento del empresario en la Torre Trump se triplicó y el edificio del número 40 de Wall Street se sobrevaloró entre US$200 y US$300 millones en los estados financieros. La lujosa residencia Mar-a-Lago, en Florida, y varios campos de golf también aparecen en el dosier. La fiscal solicita el reconocimiento de otras infracciones a la legislación financiera y una multa de US$250 millones.
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Se esperan numerosos testigos en el caso de fraude de Donald Trump
Donald Trump siempre ha rechazado las acusaciones y ha intensificado sus ataques contra la fiscal James, una demócrata afroamericana a la que ha calificado de “racista”, y contra el juez Engoron, al que califica de “trastornado”.
En su plataforma Truth Social, ha defendido que los bancos prestamistas han sido reembolsados “en su totalidad, con intereses, sin impagos y sin víctimas”. La defensa también pretende luchar con uñas y dientes sobre la valoración de los activos.
El juicio promete ser bastante técnico y se espera que declaren decenas de testigos, entre ellos tres de los hijos de Trump, Eric, Donald Jr. e Ivanka, que inicialmente fue objeto de la denuncia, pero finalmente no fue inculpada, y el exdirector financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, que cumplió condena en prisión tras declararse culpable de fraude fiscal en otro caso contra el grupo.
Entre los testigos también figuran el exabogado de Donald Trump, Michael Cohen, que se ha convertido en uno de sus enemigos declarados, así como empleados de los bancos prestamistas y de la firma de contabilidad Mazars, que decidió en 2021 dejar de trabajar con la Organización Trump.
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