“Voy a tener que cruzar el Darién”: cubanos varados en Colombia se manifestaron

Eran las 7:30 a. m. del martes. El cielo estaba gris y la lluvia era parte del paisaje capitalino. Arisleidis López Espinoza estaba tratando de llegar desde Soacha hasta la Plaza de Bolívar porque varios cubanos, incluida ella, iban a reunirse allí. Tenía una camiseta blanca con la cara del presidente Miguel Díaz-Canel impresa en el centro y un mensaje que decía “Abajo el comunismo”. Llegó a Colombia el 6 de octubre del año pasado, hace casi 12 meses, después de cruzar la frontera con Venezuela, obligada y únicamente con tres mudas. Su idea es llegar a Estados Unidos; ese es el único lugar donde puede reunirse con una de sus hijas, que ahora está en México. El problema es que no tiene documentos, no tiene un pasaporte que le permita salir de aquí, y obtener uno le puede costar cerca de un millón de pesos, o al menos eso dijo. Debajo de una carpa blanca, al lado del Palacio de Justicia, pidió una cosa: movilidad segura. “Salimos de la esclavitud de la dictadura cubana, pero ahora estamos sometidos a otra esclavitud por no tener un estatus migratorio”.

Eran las 7:30 a. m. del martes. El cielo estaba gris y la lluvia era parte del paisaje capitalino. Arisleidis López Espinoza estaba tratando de llegar desde Soacha hasta la Plaza de Bolívar porque varios cubanos, incluida ella, iban a reunirse allí. Tenía una camiseta blanca con la cara del presidente Miguel Díaz-Canel impresa en el centro y un mensaje que decía “Abajo el comunismo”. Llegó a Colombia el 6 de octubre del año pasado, hace casi 12 meses, después de cruzar la frontera con Venezuela, obligada y únicamente con tres mudas. Su idea es llegar a Estados Unidos; ese es el único lugar donde puede reunirse con una de sus hijas, que ahora está en México. El problema es que no tiene documentos, no tiene un pasaporte que le permita salir de aquí, y obtener uno le puede costar cerca de un millón de pesos, o al menos eso dijo. Debajo de una carpa blanca, al lado del Palacio de Justicia, pidió una cosa: movilidad segura. “Salimos de la esclavitud de la dictadura cubana, pero ahora estamos sometidos a otra esclavitud por no tener un estatus migratorio”.

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Ella hizo parte de la misión médica de la Brigada Henry Reeve y así fue como llegó a México, en plena pandemia del coronavirus, y luego a Venezuela, donde desertó. No puede volver a la isla en cerca de una década, y si lo hiciera, podría ir presa hasta por ocho años. “El Gobierno cubano te tira a sobrevivir en los lugares donde te ponen a cumplir una misión. No da vivienda, comunicaciones ni alimentación. Los jefes te quitan los documentos y por eso estoy así. Aparentemente, cumplimos una misión voluntaria, pero si nos negamos a hacerla, empezamos a hacer un personal de salud del bulto, con el que no se puede contar y te empiezan a discriminar”.

Este vaivén lo vivió como la licenciada en enfermería que es, pero aquí en Colombia trabaja como cuidadora. Le pagan menos de $10.000 la hora y obtiene los servicios a través de chats en Whatsapp. “La vida aquí es muy difícil. Siempre estoy endeudada y así nunca voy a poder tener un pasaporte. Quisiera tener un salvoconducto que me permitiera permanecer de forma legal, mientras me dan el refugio. La única manera que tengo de estar con una de mis hijas [porque la otra, que tiene 8 años, sigue en Cuba y perdió su patria potestad] es yendo a Estados Unidos”.

Mientras hablamos, Daniela, la hija de 20 años de Andrés González Sánchez, que sobre sus hombros tenía puesta la bandera de su país y llegó a la Plaza de Bolívar a la cita que lo reunió con más de quince cubanos, a quienes apenas conocía, dijo: “Habla con él”. En compañía de siete personas entró a Colombia por la frontera sur, después de pasar por Guyana, Brasil y Ecuador. Decidió no cruzar la selva del Darién porque creyó en las promesas de los Centros de Movilidad Segura de Estados Unidos, pero ahora no está muy seguro de ello. En 2020 salió de Cuba en busca de refugio en Latinoamérica o Norteamérica, pero sabe que en Colombia no se puede quedar. “Aquí no hay nada para nosotros. Como está la situación, no voy a tener otra alternativa que cruzar el Darién”, y lo haría en una semana, pues no cree aguantar más. Mientras viajaba de Cali hasta Bogotá, abrió la página para la inscripción en los Centros de Movilidad Segura y perdió la oportunidad de inscribirse, así como lo hicieron los demás que lo acompañaron en el recorrido. Desde ese día se acabaron los cupos y todavía no se han abierto más.

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“No están teniendo en cuenta la desesperación que tenemos quienes abandonamos lo que conocemos para aventurarnos a tener una mejor vida. Queremos que nos escuchen. Nos piden paciencia, pero los recursos no son infinitos. ¿Cómo nos vamos a mantener aquí? Es un callejón sin salida”. Como no hay una oficina física en la que puede averiguar sobre los centros, vive en Bogotá cerca del Multiplaza, pagando una renta de un millón y medio de pesos para dos habitaciones.

López Espinoza, por su parte, cree que sobre los Centros de Movilidad hay versiones diferentes y eso no le da seguridad. “Queremos una respuesta y nadie nos dice nada”. La semana pasada, el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco J. Coy, le dijo a El Espectador que, en efecto, el proceso no es sencillo, pues hay que acordar varias condiciones, para lo que se han hecho varias reuniones. “Estamos cerca de un acuerdo final para suscribirlo en los próximos días, en el que se refleje el interés de Estados Unidos, pero también elementos sobre Colombia que insistimos que quedaran en el documento”. Por su parte, Migración Colombia dijo que, dadas las solicitudes de estos cubanos, habría que mirar caso por caso, “pero la ruta habitual es que se acerquen aquí”.

Debajo de la carpa en el centro de Bogotá, donde se alcanzaban a colar algunas gotas de lluvia, pero no al punto de los vecinos, a quienes el viento y el agua les tumbaron la suya, Yurleidis Rivero Valerino, esposa de González Sánchez, recordó que saliendo de Cali les tocó pagar 300 dólares a las autoridades colombianas. Pero no solo les pasó a ellos: Léiber Ismael Reyes Rojas, quien lleva ocho años en Colombia, dijo que, cruzando la frontera con Venezuela, oficiales de ese país le quitaron los US$12.000 con los que pretendía llegar a Estados Unidos. Su pasaporte está vencido, sobrevive trabajando para empresas extranjeras con teletrabajo y vive con miedo de salir a la calle. Hoy, al menos, lo dejó de lado para unirse a la voz de sus compañeros.

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