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La organización Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por una nueva cárcel en El Salvador, inaugurada esta semana por el presidente Nayib Bukele, y alertó la continuidad de violaciones a derechos humanos.
“Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación por la inauguración del ‘Centro de Confinamiento del Terrorismo’ en El Salvador, la cárcel más grande de América, según funcionarios del gobierno”, publicó este viernes la organización en un hilo de mensajes en Twitter.
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Señaló que ha denunciado “un claro patrón de violaciones de derechos humanos bajo el enfoque de seguridad pública actual en El Salvador y que “la construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos”.
La cárcel, ubicada en una zona rural aislada, tiene una capacidad para hasta 40.000 pandilleros.
“La construcción de la nueva cárcel es una clara señal de que las autoridades de #ElSalvador planean seguir aplicando una política de seguridad pública de encarcelamiento masivo. Esto no aborda las causas y raíz de la violencia, y no servirá para superar el problema a largo plazo”, apuntó.
AI llamó al presidente Bukele y al Gobierno “a cambiar el rumbo”, y a la comunidad internacional para que “actúe”. “La violencia de pandillas en el país debe ser abordada de manera integral y garantizando los derechos humanos de toda la población”, agregó.
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La construcción del recinto penitenciario, que ha acarreado críticas de la oposición y de entes nacionales e internacionales de DDHH, se da en el contexto de un régimen de excepción vigente desde finales de marzo de 2022 y que ha sido ampliado en 10 ocasiones en términos de 30 días.
Hasta el momento, las autoridades reportan la captura de más de 62.900 supuestos pandilleros. El Gobierno salvadoreño atribuye al régimen de excepción -implementado en una llamada “guerra” contra las pandillas- y a su plan de Control Territorial la caída de los homicidios en un 57 % en 2022.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a diferentes planes de seguridad de los últimos cuatro Gobiernos.
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