Ante despliegue militar, CIDH le recuerda a Colombia obligaciones internacionales

Soldados colombianos montan guardia en una calle en Cali, en donde el presidente ordenó un despliegue militar.

Foto: Agencia AFP

Apenas unos pocos vehículos y personas se veían en las calles donde la víspera se enfrentaron manifestantes, policías y civiles armados hasta con fusiles.

Restos de barricadas y escombros reflejan el caos que envolvió a esta ciudad de 2,2 millones de habitantes, bajo toque de queda nocturno.

Trece personas murieron en diferentes episodios, entre ellas un funcionario de la fiscalía que mató con su arma a dos manifestantes que bloqueaban una vía. La turba se abalanzó sobre el hombre -que estaba fuera de servicio- y lo linchó, según el ente investigador.

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“En el sur de la ciudad tuvimos (...) casi una guerra urbana donde muchas personas no solamente perdieron la vida, sino que también tuvimos una importante cantidad de lesionados”, dijo el secretario de Seguridad, Carlos Rojas, a Caracol Radio.

Al menos ocho muertes fueron por arma de fuego, según la policía.

Desde el 28 de abril a diario se movilizan miles de personas en Colombia para protestar contra el gobierno por los abusos policiales y el manejo de la crisis económica que trajo la pandemia.  Este viernes, la jornada fue particularmente violenta en Cali.

En un mes de protestas han muerto por lo menos 59 personas, incluidos los 13 fallecidos del viernes, pues la Defensoría del Pueblo reportaba hasta entonces 46 víctimas mortales. Los heridos superan los 2.300 entre civiles y uniformados, según el ministerio de Defensa.

La ONG Human Rights Watch asegura haber recibido “denuncias creíbles” de 63 muertes, 28 de ellas relacionadas con las manifestaciones.

El presidente, Iván Duque, viajó a Cali y a Popayán, en el departamento del Cauca, desde donde ordenó el despliegue de tropas bajo la figura de la asistencia militar que faculta al ejército a apoyar a la policía en tareas de control.

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En total 1.141 militares asumirán la vigilancia de Cali. En un decreto firmado la noche del viernes, el mandatario activó un dispositivo de apoyo militar de unos 7.000 hombres para 10 departamentos afectados por bloqueos viales.

Pero la escalada de la violencia en Colombia sigue generando reacciones en la comunidad internacional. El representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, llamó en un comunicado a evitar el “escalamiento” de la violencia.

Los excesos de la policía, también han sido condenados por la comunidad internacional. Según la ONG Indepaz, 43 de las muertes serían de “presunta autoría de la fuerza pública”.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que “recibió información sobre el despliegue de fuerzas militares ordenada por el Gobierno para reforzar la seguridad ciudadana en el contexto de las protestas sociales que comenzaron el 28 de abril”.

A través de su cuenta de Twitter, la CIDH, el organismo de la Organización de Estados Americanos que vigila la protección de los derechos humanos en la región y que se ha visto envuelta en una polémica con el gobierno de Colombia por una solicitud de visita para verificar “in situ” la violencia en las manifestaciones, se refirió esta vez al despliegue militar ordenado por el presidente.

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Dice la Comisión que, “reitera las obligaciones internacionales del Estado en seguridad interna, y los estándares interamericanos que disponen que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada”.

Asimismo, agrega la CIDH que, “los Estados deben respetar, proteger, facilitar y promover el derecho a la protesta social, y que todo uso legítimo de la fuerza debe observar principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.

Este sábado el gobierno de Noruega en su cuenta de Twitter expresó que está “profundamente preocupada por la escalada de violencia y la pérdida adicional de vidas en #Cali, #Colombia”. Agregó que, “en línea con @ONUHumanRights pedimos que se reanude el diálogo. La violencia y el vandalismo deben terminar. Todas las violaciones de derechos humanos deben ser investigadas y procesadas”.