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Según el abogado Marco Yaulema, el experiodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio había sido amenazado múltiples veces por criminales incómodos con sus denuncias periodísticas, por lo que debía tener un mayor esquema se seguridad el 9 de agosto, el día que un sicario colombiano le disparó.
Yaulema responsabilizó de su desprotección al presidente Guillermo Lasso, al ministro del Interior, Juan Zapata; al comandante de la policía, el general Fausto Salinas; y al jefe de inteligencia, Manuel Samaniego.
Villavicencio “estaba amenazado por las mafias y todos lo sabían, todo el Estado lo sabía”, reclamó el abogado en una rueda de prensa.
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Según su versión, fallas en el operativo de seguridad facilitaron el homicidio.
Un video registró el momento en que el candidato se sube por la parte derecha de una camioneta sin blindaje. Desde el otro costado, un pistolero colombiano le dispara dos veces en la cara y otra en el cerebro, contó Yaulema. El sicario intentó huir antes de caer abatido por guardaespaldas.
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La familia denuncia que Villavicencio no tenía suficientes custodios y que el conductor del vehículo no estaba frente al volante.
“No existió absolutamente nada (de seguridad), estamos diciendo que el Estado ecuatoriano no garantizó la vida de un candidato a la presidencia de la República”, insistió Yaulema, acompañado de una hermana de Villavicencio, un tío y su hija mayor.
Sabuesos
Christian Zurita, un periodista que era el mejor amigo de Villavicencio, lo reemplazará en la fórmula presidencial para la primera vuelta de este domingo.
Juntos destaparon varios de los escándalos de corrupción más sonados en el país y revelaron los supuestos vínculos de la fuerza pública con narcos y pandilleros.
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En su pesquisa más importante denunciaron que el exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017) había pactado apoyos económicos con empresarios para su campaña presidencial a cambio de entregarles contratos estatales.
Correa, que niega las acusaciones, fue condenado en ausencia a ocho años de cárcel y está en el exilio en Bélgica.
También pusieron contra las cuerdas al sucesor de Correa, Lenín Moreno (2017-2021), por una presunta red de corrupción en una hidroeléctrica en un caso aún en curso.
El abogado recalcó que Villavicencio hizo más de 200 investigaciones y publicó 11 libros, por lo que su vida corría peligro.
El gobierno y los mandos policiales son responsables por “omisión dolosa”, dijo. “No puede ser posible que un periodista, que una persona que denunció los más grandes casos de corrupción en el país (...) no haya tenido resguardo”, agregó.
Zurita dijo el jueves que sospecha que el crimen trasnacional está detrás del magnicidio.
Antes de su muerte, Villavicencio denunció que había sido amenazado por alias Fito, líder del grupo “Los Choneros”.
La banda tiene nexos con el cartel mexicano de Sinaloa y disidentes de la guerrilla colombiana FARC que no dejaron las armas tras el acuerdo de paz de 2016.
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