Avances y retos para mejorar atención a los migrantes venezolanos

El cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela el año pasado para contener la propagación del Covid-19 supuso más desafíos para los migrantes venezolanos que circulan en la región. Lo único que consiguió esto fue que esta población recurriera aún más a las trochas fronterizas, peligrosos caminos que solo aumentan su vulnerabilidad física, psicológica y sanitaria. En su último informe, el Servicio Jesuita a Refugiados en Colombia, recordó que también se exponen a “riesgos como la trata de personas, la extorsión, tráfico de migrantes, agresiones físicas, entre otras, por parte de los actores armados ilegales que son quienes controlan estos territorios”.

La organización recuerda cifras de Migración Colombia, en las que a 28 de febrero de 2020, es decir antes del cierre de la frontera, se encontraban en territorio colombiano 1.825.687 personas venezolanas. Luego, en mayo 31, cuando la medida ya estaba en marcha, se presentó una disminución del 3,3% respecto de febrero, bajando la cifra a 1.764.883 personas. “El año finaliza con la presencia de 1.729.537 migrantes venezolanos de los cuales 966.714 se encontraban en condición migratoria irregular . Pese al cierre de las fronteras, las cifras fueron en aumento y consolidaron para enero de 2021 un total aproximado de 1.742.927 personas, de las cuales 983.343 se encontraban en condición migratoria irregular”.

El Servicio implementó “una Estrategia de Acompañamiento Humanitario Integral en Vía, que hace sentido con el llamado misional de acompañar, servir y defender la cual se relaciona con la necesidad imperiosa de hacer visible la realidad de este perfil poblacional que hoy requiere de una mirada más comprometida y humana”. Todo esto tratando de acompañar el esfuerzo del gobierno colombiano de inscribir cuanto antes a la mayor cantidad de migrantes al Estatuto de Protección Temporal del migrante venezolano.

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El tema no es de poca monta, teniendo en cuenta que este jueves Migración Colombia anunció que más de un millón de venezolanos ya llenaron su encuesta de caracterización socioeconómica. “Luego de tres meses de haber iniciado la implementación de la primera etapa del Estatuto Temporal de Protección y a menos de un mes de iniciar con el Registro Biométrico, les contamos cómo vamos en esta campaña por hacer visibles a los miles de hermanos venezolanos que permanecen dentro del territorio nacional”, dijo la entidad.

Sin embargo, los caminantes siguen llenos de dificultades. El Servicio Jesuita a Refugiados en Colombia dijo que “en términos generales esta estrategia, -además- ha permitido identificar la necesidad de una respuesta estatal coordinada, no solo sectorialmente, sino entre los diferentes niveles de gobierno, pues los hallazgos principales evidenciados es que no existe mecanismo de protección institucional que responda a las particularidades de la población en tránsito dentro del territorio nacional”.

La organización afirma que se les debe proteger a través de orientación jurídica sobre rutas de acceso a derechos como: salud y educación.

Según la organización, la parte económica es una de las más sensibles para los migrantes, aunque no es lo único. Este problema es solo la punta del iceberg cuyas capas internas, “dejan en evidencia la necesidad de una respuesta estatal coordinada, efectiva en términos de protección y de goce efectivo de derechos. En las conversaciones llevadas a cabo con la población, se pudo identificar que es población afectada por hechos de violencia generalizada que ha impactado los distintos niveles sociales y el derecho a la vida misma, con necesidades apremiantes en salud, con necesidad de acceder a educación, a un mínimo vital y un trabajo como base para su sostenimiento y protección de ellos y de sus familias en Venezuela”.

Todavía hay numerosos retos gubernamentales para atender a la población migrante. A nivel nacional “es importante fortalecer una respuesta más homogénea para este perfil migratorio, donde se configure bajo el liderazgo nacional en términos técnicos, operativos y presupuestales, una respuesta local más garantista y acorde a la responsabilidad emanada cómo primeros respondientes en términos de protección y acceso a derechos”, asegura el Servicio de Jesuitas a Refugiados. Por otro lado, a nivel regional se deben “configurar medidas que respondan estructuralmente a las situaciones particulares de este perfil migratorio y que trascienda de la regularización al goce efectivo de derechos”.

El cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela el año pasado para contener la propagación del Covid-19 supuso más desafíos para los migrantes venezolanos que circulan en la región. Lo único que consiguió esto fue que esta población recurriera aún más a las trochas fronterizas, peligrosos caminos que solo aumentan su vulnerabilidad física, psicológica y sanitaria. En su último informe, el Servicio Jesuita a Refugiados en Colombia, recordó que también se exponen a “riesgos como la trata de personas, la extorsión, tráfico de migrantes, agresiones físicas, entre otras, por parte de los actores armados ilegales que son quienes controlan estos territorios”.

La organización recuerda cifras de Migración Colombia, en las que a 28 de febrero de 2020, es decir antes del cierre de la frontera, se encontraban en territorio colombiano 1.825.687 personas venezolanas. Luego, en mayo 31, cuando la medida ya estaba en marcha, se presentó una disminución del 3,3% respecto de febrero, bajando la cifra a 1.764.883 personas. “El año finaliza con la presencia de 1.729.537 migrantes venezolanos de los cuales 966.714 se encontraban en condición migratoria irregular . Pese al cierre de las fronteras, las cifras fueron en aumento y consolidaron para enero de 2021 un total aproximado de 1.742.927 personas, de las cuales 983.343 se encontraban en condición migratoria irregular”.

El Servicio implementó “una Estrategia de Acompañamiento Humanitario Integral en Vía, que hace sentido con el llamado misional de acompañar, servir y defender la cual se relaciona con la necesidad imperiosa de hacer visible la realidad de este perfil poblacional que hoy requiere de una mirada más comprometida y humana”. Todo esto tratando de acompañar el esfuerzo del gobierno colombiano de inscribir cuanto antes a la mayor cantidad de migrantes al Estatuto de Protección Temporal del migrante venezolano.

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El tema no es de poca monta, teniendo en cuenta que este jueves Migración Colombia anunció que más de un millón de venezolanos ya llenaron su encuesta de caracterización socioeconómica. “Luego de tres meses de haber iniciado la implementación de la primera etapa del Estatuto Temporal de Protección y a menos de un mes de iniciar con el Registro Biométrico, les contamos cómo vamos en esta campaña por hacer visibles a los miles de hermanos venezolanos que permanecen dentro del territorio nacional”, dijo la entidad.

Sin embargo, los caminantes siguen llenos de dificultades. El Servicio Jesuita a Refugiados en Colombia dijo que “en términos generales esta estrategia, -además- ha permitido identificar la necesidad de una respuesta estatal coordinada, no solo sectorialmente, sino entre los diferentes niveles de gobierno, pues los hallazgos principales evidenciados es que no existe mecanismo de protección institucional que responda a las particularidades de la población en tránsito dentro del territorio nacional”.

La organización afirma que se les debe proteger a través de orientación jurídica sobre rutas de acceso a derechos como: salud y educación.

Según la organización, la parte económica es una de las más sensibles para los migrantes, aunque no es lo único. Este problema es solo la punta del iceberg cuyas capas internas, “dejan en evidencia la necesidad de una respuesta estatal coordinada, efectiva en términos de protección y de goce efectivo de derechos. En las conversaciones llevadas a cabo con la población, se pudo identificar que es población afectada por hechos de violencia generalizada que ha impactado los distintos niveles sociales y el derecho a la vida misma, con necesidades apremiantes en salud, con necesidad de acceder a educación, a un mínimo vital y un trabajo como base para su sostenimiento y protección de ellos y de sus familias en Venezuela”.

Todavía hay numerosos retos gubernamentales para atender a la población migrante. A nivel nacional “es importante fortalecer una respuesta más homogénea para este perfil migratorio, donde se configure bajo el liderazgo nacional en términos técnicos, operativos y presupuestales, una respuesta local más garantista y acorde a la responsabilidad emanada cómo primeros respondientes en términos de protección y acceso a derechos”, asegura el Servicio de Jesuitas a Refugiados. Por otro lado, a nivel regional se deben “configurar medidas que respondan estructuralmente a las situaciones particulares de este perfil migratorio y que trascienda de la regularización al goce efectivo de derechos”.