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El grado de bachiller de Andrés Felipe Rincón estaba programado para diciembre del 2020, pero no pudo asistir. Aunque llevaba dos años estudiando sin problemas con sus compañeros de un colegio en el suroccidente de Bogotá, unos meses antes de terminar el año, la rectoría le informó que era mejor que no asistiera a la ceremonia. Había un inconveniente para su graduación como bachiller.
“Nos llamaron a mí y a mis papás y nos dijeron que si no teníamos los papeles colombianos o el Permiso Especial de Permanencia (PEP) no me podía graduar. Al final eso fue lo que finalmente ocurrió, porque llegamos a Bogotá sin esos documentos”, cuenta Andrés.
La complejidad tiene su origen justo en el momento en el que Andrés llegó a Colombia. Como lo hicieron (y lo siguen haciendo) miles de familias venezolanas, Andrés cruzó a través de una trocha desde San Antonio hacia Cúcuta. Buscando un mejor futuro viajaron desde la frontera hacia Bogotá, donde viven desde hace dos años.
Pero el cruzar por trocha implica, entre varias cosas, hacer parte del grupo de migrantes venezolanos en condición irregular en Colombia. De acuerdo con Migración Colombia, en el país viven 1,8 millones de venezolanos y el 60 % de ellos no están regularizados; es decir, sin papeles. Y aunque el Gobierno ha actuado fuertemente para legalizar a los migrantes, el tema no ha sido sencillo. Al estar en condición irregular, estos migrantes no pueden vincularse formalmente a un trabajo ni acceder a una atención médica diferente a la de urgencias.
Sin embargo, a pesar de no tener papeles, el acceso a la educación es algo que para ellos sí está garantizado en el país, de acuerdo con las leyes colombianas. Andrés y su hermana menor, Ana, por ejemplo, lograron matricularse sin muchos inconvenientes en un colegio del suroccidente de Bogotá. El único requisito era que sus padres se comprometieran a legalizar su situación migratoria.
Pero comprometerse con ello no es suficiente, según un informe del centro de investigación en temas de derechos humanos Dejusticia, que desde hace cuatro años tiene una mesa de estudios enfocada exclusivamente en la migración venezolana en Colombia. De hecho, aunque el Gobierno Nacional ha hecho esfuerzos para atender a la población migrante, dentro de los que se encuentra la flexibilización de los requisitos de documentación para facilitar el acceso al sistema educativo, de acuerdo con Dejusticia, estos carecen de alcance en el mediano y largo plazo.
“Hemos sabido de casos de grados simbólicos en los que los estudiantes venezolanos participan de la ceremonia, pero cuando son llamados no se les entrega el diploma o el acta de grado”, cuenta Jonathan Imbachi Solís, abogado del Consejo Noruego para Refugiados, quien asegura que hay casos en que se les indica que una vez resuelta la situación migratoria les entregarán los documentos. Esto se podría solucionar con una tutela o una acción legal, de acuerdo con Imbachi, pero no se hace con frecuencia debido al temor a que haya repercusiones negativas en su contra.
El Ministerio de Educación registra entre sus matrículas un total de 488.000 estudiantes de origen venezolano hasta noviembre, de acuerdo con Constanza Alarcón, viceministra de esa cartera en Colombia. Pero la realidad es que los obstáculos para graduarse, como le ocurrió a Andrés, dificultan la completa integración de los venezolanos en el país.
Según el informe “Caracterización de la niñez y adolescencia migrante en Colombia”, realizado por el Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, de la revista Semana, mientras que el 65 % de los niños de cinco a doce años estudia en un colegio en Colombia, la cifra se reduce al 50 % en los menores entre los doce y diecisiete años. Lucía Ramírez Bolívar, investigadora de Dejusticia, asegura que esto se explica, en parte, debido a dificultades como la de los grados, que, además de vulnerar su derecho a la educación, “se convierten en un desincentivo para los adolescentes que, al no tener clara la posibilidad de finalizar sus estudios, pueden abandonar la escuela y exponerse a los riesgos que genera la desescolarización”.
Deisy Carrasquero, una adolescente de 16 años, de Barquisimeto, está viviendo una historia parecida a la de Andrés. Aunque debía graduarse el 8 de diciembre, el no tener papeles le significó que en su colegio le hicieran un grado simbólico a través de una videollamada a la que asistieron algunos de sus compañeros de salón y sus profesores. “Fue extraño estar y no recibir el diploma teniendo en cuenta que yo había hecho lo mismo que mis compañeros”, recuerda.
Sin un diploma de bachiller, Deisy no puede, por ejemplo, acceder a cursos de educación superior para continuar sus estudios. Para entrar a una universidad o a una institución técnica en Colombia, los estudiantes deben presentar el acta de grado o un diploma que certifique la culminación de sus estudios de educación media. “Me gustaría entrar al SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) para estudiar Gastronomía, pero sin mi bachillerato no se puede por ahora”, asegura.
El Gobierno Nacional, consciente de estas y muchas otras barreras que tenían los migrantes irregulares en Colombia, en marzo de este año, activó mecanismos como el Registro Único para Migrantes Venezolanos (RUMV) y el Estatuto Temporal para Migrantes Venezolanos (EPMV), con el que buscaba regularizar a más de un millón de migrantes sin papeles. Andrés y su familia, por ejemplo, al haber ingresado a Colombia antes de 2019, y teniendo soportes de ello, se inscribieron en el RUMV y están a la espera de que se expida su Permiso de Protección Temporal (PPT).
El problema es que, como lo explica Lucía Ramírez Bolívar, estos procesos administrativos pueden durar meses en resolverse y esos tiempos, para adolescentes migrantes en condición de vulnerabilidad pueden ser determinantes para su futuro. “La desescolarización puede agravar su vulnerabilidad frente a riesgos de protección como el reclutamiento por parte de grupos armados y otras organizaciones criminales, así como a la explotación sexual y laboral”, asegura la investigadora de Dejusticia.
De hecho, a pesar de que el ETPMV se activó en marzo de este año, Migración Colombia reconoció que el tema de los grados se había convertido en un obstáculo importante para el acceso a la educación de la población migrante. El 24 de noviembre de este año, la entidad colombiana activó la campaña “1, 2, 3 Por Mí”, en la que las familias venezolanas podrán informar que sus hijos están próximos a graduarse para acelerar la expedición de sus PPT.
En este momento, según cifras oficiales, el proceso de regularización de los migrantes venezolanos avanza rápidamente y ya se han expedido más de 224.000 PPT, de los cuales 53.000 son para menores de edad. Andrés y Deisy aseguran que ya iniciaron el trámite para tener sus permisos pero aún no han tenido respuesta. Tampoco están muy sorprendidos, porque después de tantos años en el país saben que esos procesos “toman su tiempo.
Eso sí, ambos confían en que la espera, en la que no solo están ellos sino también sus familias y cientos de miles de venezolanos en Colombia, no se alargue por mucho tiempo y puedan graduarse sin estrellarse con nuevas barreras en el camino.
Trabajo realizado en el marco del curso “Puentes de Comunicación II”, de la Escuela Cocuyo, apoyado por DW Akademie y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.