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El aislamiento internacional del régimen bielorruso creció este martes con la decisión de la Unión Europea (UE) de cortar las conexiones aéreas, tras la decisión de Minsk de desviar un avión para detener a un opositor. La oposición bielorrusa pidió a Estados Unidos y al G7 aumentar la presión sobre el régimen de Alexander Lukashenko, quien sufrirá nuevas sanciones europeas, anunciadas por el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas.
Maas advirtió este martes que Lukashenko pagará un alto precio por el “odioso” desvío del avión comercial que fue obligado a aterrizar en Minsk para detener a un disidente. “Cualquier dictador que juegue con esas ideas debe entender que pagará un alto precio”, dijo Maas en Berlín.
El Consejo de Seguridad de la ONU sostendrá una reunión informal a puerta cerrada el miércoles, informaron fuentes diplomáticas. La UE decidió el lunes cerrar su espacio aéreo a Bielorrusia y adoptar nuevas sanciones contra altos cargos y entidades del país.
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Por su parte, la oenegé Reporteros Sin Fronteras (RSF) anunció haber presentado una demanda en Lituania contra Lukashenko por “desvío (de avión) con fines terroristas”. Tras una conversación telefónica con el consejero de seguridad nacional estadounidense, Jake Sullivan, la líder opositora, Svetlana Tijanóvskaya, candidata a las elecciones de 2020 y exiliada en Lituana, urgió en Twitter a Washington “a aislar al régimen y a presionarlo con sanciones”. Asimismo pidió al G7 abordar este asunto en su próxima cumbre.
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Bajo coacción
El régimen bielorruso está acusado de desviar a Minsk un vuelo que cubría el domingo la ruta Atenas-Vilna por una presunta amenaza de bomba (falsa), para detener al periodista opositor Román Protasévich y a su novia, la rusa Sofía Sapega.
El ministerio de Transportes publicó este martes la transcripción del diálogo entre el piloto y el controlador aéreo. Este último le comunica que “hay una bomba a bordo”, “recomendándole” aterrizar en Minsk. La fuerza aérea, que desplegó un caza MiG-29 para interceptar el vuelo, aseguró que el aeropuerto lo eligió el piloto de Ryanair. La canciller alemana, Angela Merkel, consideró “para nada creíble” la versión bielorrusa, mencionando una amenaza de bomba atribuida al movimiento islamista palestino Hamás.
Protasévich, de 26 años, es un exjefe de redacción del influyente medio opositor Nexta, que permitió la movilización masiva de los bielorrusos durante las protestas de 2020 contra la polémica reelección de Lukashenko. Su país lo acusa de estar “implicado en actividades terroristas”. La televisión bielorrusa difundió el lunes un video del joven, grabado en una prisión de Minsk.
Las autoridades bielorrusas suelen difundir confesiones de disidentes grabadas bajo coacción. “Está claro que le hicieron daño físicamente. Se pueden ver rastros de golpes en su rostro”, estimó Dmitri Protasévich, padre de Román que vive en Polonia, asegurando a la AFP que lo obligaron a leer lo que tenía que decir. “Suplico, pido a toda la comunidad internacional que lo salve”, dijo a la AFP llorando Natalia Protasévich, madre del opositor.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y el primer ministro británico, Boris Johnson, exigieron este martes su “liberación inmediata”.
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Ante las protestas occidentales, Moscú, aliado de Lukashenko, renovó su apoyo, estimando que, desde comienzo de la crisis, el punto de vista bielorruso es “razonable”, según el canciller Serguéi Lavrov. Bielorrusia invitó este martes a organizaciones de aviación internacionales a viajar a Minsk para establecer las “circunstancias” del desvío del avión.
Nuevas sanciones
Las sanciones adoptadas por la UE ya dieron sus primeros frutos. Importantes aerolíneas, como Air France o Lufthansa, evitarán sobrevolar Bielorrusia, donde sobrevuelan casi 2.000 aviones comerciales semanales, según Eurocontrol.
Estas nuevas sanciones se suman a las adoptadas por los países occidentales a raíz de la represión por parte de Lukashenko, en el poder desde 1994, de las manifestaciones de 2020 contra su reelección en unos comicios cuyo resultado la UE no reconoce.
Las sanciones de la UE alcanzan a 88 altos cargos, entre ellos el presidente, y siete entidades. Este martes, el dirigente de un partido opositor Pável Severinets y otros seis activistas fueron condenados a penas de entre 4 y 7 años de prisión por las protestas de 2020.