![“En particular, la CIDH buscará escuchar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares para recibir sus testimonios, denuncias y comunicaciones", informó la CIDH en su cuenta de Twitter.](https://www.elespectador.com/resizer/v2/VDVCT7KURRBHTFHPBWB4EXX3MU.jpg?auth=ddd603ccf27b6da4234f241c995ec7f85ec0feb85c027d986d76c8e276459714&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó este lunes 31 de mayo su visita a Colombia para verificar la situación de derechos humanos durante las jornadas de protesta del Paro Nacional que se llevan a cabo desde el 28 de abril en el país. “En particular, la CIDH buscará escuchar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares para recibir sus testimonios, denuncias y comunicaciones; así como a personas que resultaron afectadas por acciones de violencia en ese contexto”, informó la comisión en su cuenta de Twitter. La visita se realizará del 8 al 10 de junio.
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A diario, desde el 28 de abril, se movilizan miles de personas en Colombia para protestar contra el gobierno por los abusos policiales y el manejo de la crisis económica que trajo la pandemia. Este lunes el Ministerio de Defensa aseguró que han muerto dos policías y 17 manifestantes y, además, que hay otras nueve muertes en proceso de verificación. La Fiscalía y Defensoría, por otro lado, entregaron en su última actualización una cifra de 111 personas que permanecen desaparecidas. Ambas entidades aseguran, además, que desde el pasado 28 de abril ya fueron ubicadas 308 personas de las cuales se reportó su desaparición.
La ONG Human Rights Watch, por su parte, asegura haber recibido “denuncias creíbles” de 63 muertes, 28 de ellas relacionadas con las manifestaciones, según cifras del 29 de mayo.
En particular, la #CIDH buscará escuchar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares para recibir sus testimonios, denuncias y comunicaciones; así como a personas que resultaron afectadas por acciones de violencia en ese contexto. #Colombia #DDHH 3
— CIDH - IACHR (@CIDH) May 31, 2021
El 29 de mayo, a través de su cuenta de Twitter, la CIDH, el organismo de la Organización de Estados Americanos que vigila la protección de los derechos humanos en la región, se refirió al despliegue militar ordenado por el presidente. Dijo la Comisión que, “los Estados deben respetar, proteger, facilitar y promover el derecho a la protesta social, y que todo uso legítimo de la fuerza debe observar principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.
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El 28 de mayo, Duque viajó a Cali y a Popayán, en el departamento del Cauca, desde donde ordenó el despliegue de tropas bajo la figura de la asistencia militar que faculta al ejército a apoyar a la policía en tareas de control. En total 1.141 militares asumirán la vigilancia de Cali. En un decreto firmado la noche del viernes, el mandatario activó un dispositivo de apoyo militar de unos 7.000 hombres para 10 departamentos afectados por bloqueos viales.
La visita
La fecha de la visita fue propuesta este lunes por la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, quien, en una carta a María Claudia Pulido, secretaria de la CIDH, señaló que tanto la Fiscalía General como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría tienen el interés de hacer una audiencia privada previa a la visita para “presentar a profundidad los informes que den plena respuesta a las solicitudes de información realizadas por la comisión a cada una de ellas”.
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Según se tiene previsto, esa audiencia privada se realizará el próximo 7 de junio en Bogotá. “Reitero, como les manifesté en la reunión que sostuvimos de manera presencial, que comprendemos y compartimos la necesidad del rol de la CIDH y reconocemos y valoramos el trabajo que adelantan, de tal forma que tenemos plena disposición para que la visita comience a partir del día martes 8 de junio de 2021”, dijo Ramírez.
Los delegados de la CIDH estarían visitando las ciudades de Cali, Popayán y Tuluá, considerados por la Cancillería como los “casos emblemáticos de grave afectación a los derechos humanos a la salud, la alimentación, trabajo, movilidad, desarrollo económico, la vivienda y saneamiento básico”.