Torre de Tokio: bomberos sofocados

El caso de un pueblo japonés que contrató a un bombero extranjero, pero le prohíbe apagar incendios por no tener la nacionalidad nipona, ilustra cómo una ley obsoleta, o su interpretación, puede ocasionar situaciones absurdas. (Recomendamos más columnas de Gonzalo Robledo sobre Japón).

El episodio tuvo lugar en la aldea de Mitsue, en la prefectura de Nara, en el oeste de Japón, donde aproximadamente el 60 % de la población tiene 65 años o más, según informó la agencia de noticias Kyodo. Bajo el titular “Bomberos extranjeros sofocados por el humo burocrático del gobierno japonés”, la crónica de Kyodo señala el sinsentido de una antigua ley que limita la actividad de ese personal.

Según Kyodo, hasta el año pasado se contaron 479 extranjeros en cuerpos de bomberos de todo Japón. Aunque no revela sus nacionalidades, los califica como “una bendición” para las provincias afectadas por el descenso de la población.

Los bomberos en Japón son servidores públicos a tiempo parcial, un trabajo abierto a todas las nacionalidades, pero regido por leyes de 1953.

Dicha normativa estipula que los bomberos tienen “autoridad pública” para ordenar a las personas abandonar zonas peligrosas.

Pueden tomar medidas de emergencia, como destruir propiedades para evitar la propagación del fuego o salvar vidas humanas. También les exige nacionalidad japonesa para el ejercicio de la autoridad pública y deja en manos de cada pueblo la interpretación de la normativa.

Para no errar, muchos pueblos relegan sus bomberos extranjeros a funciones auxiliares, como llevar evacuados a un lugar seguro, hacer de traductor para damnificados no japoneses o participar en campañas para prevención de desastres.

“Es muy difícil para un pueblo pequeño como el nuestro tener a una persona que no pueda realizar las mismas actividades que el resto de la brigada”, declaró un oficial de bomberos de Mitsue.

Funcionarios de otros pueblos afirmaron que no imponen ninguna restricción a sus bomberos extranjeros y temen que una reforma de la legislación actual restrinja aún más su capacidad de respuesta a los desastres.

La intransigencia japonesa con la ley ha sido noticia mundial cuando, después de un terremoto, países bienintencionados enviaron equipos de rescate con perros entrenados para encontrar sobrevivientes y fueron retenidos varios días en los aeropuertos nipones por el requisito de una cuarentena animal. Quienes defienden la inflexibilidad señalan que el cumplimiento a rajatabla de la ley evita el favoritismo, la discriminación, el abuso de poder y la corrupción, y refuerza la confianza en el sistema legal de sus ciudadanos.

Pero un archipiélago propenso a los desastres naturales, y donde la madera es el material predominante en las viviendas, es incompatible con bomberos que no apagan incendios. Con la noticia en las calles se espera una ley inclusiva.

* Periodista y documentalista colombiano radicado en Japón.

El caso de un pueblo japonés que contrató a un bombero extranjero, pero le prohíbe apagar incendios por no tener la nacionalidad nipona, ilustra cómo una ley obsoleta, o su interpretación, puede ocasionar situaciones absurdas. (Recomendamos más columnas de Gonzalo Robledo sobre Japón).

El episodio tuvo lugar en la aldea de Mitsue, en la prefectura de Nara, en el oeste de Japón, donde aproximadamente el 60 % de la población tiene 65 años o más, según informó la agencia de noticias Kyodo. Bajo el titular “Bomberos extranjeros sofocados por el humo burocrático del gobierno japonés”, la crónica de Kyodo señala el sinsentido de una antigua ley que limita la actividad de ese personal.

Según Kyodo, hasta el año pasado se contaron 479 extranjeros en cuerpos de bomberos de todo Japón. Aunque no revela sus nacionalidades, los califica como “una bendición” para las provincias afectadas por el descenso de la población.

Los bomberos en Japón son servidores públicos a tiempo parcial, un trabajo abierto a todas las nacionalidades, pero regido por leyes de 1953.

Dicha normativa estipula que los bomberos tienen “autoridad pública” para ordenar a las personas abandonar zonas peligrosas.

Pueden tomar medidas de emergencia, como destruir propiedades para evitar la propagación del fuego o salvar vidas humanas. También les exige nacionalidad japonesa para el ejercicio de la autoridad pública y deja en manos de cada pueblo la interpretación de la normativa.

Para no errar, muchos pueblos relegan sus bomberos extranjeros a funciones auxiliares, como llevar evacuados a un lugar seguro, hacer de traductor para damnificados no japoneses o participar en campañas para prevención de desastres.

“Es muy difícil para un pueblo pequeño como el nuestro tener a una persona que no pueda realizar las mismas actividades que el resto de la brigada”, declaró un oficial de bomberos de Mitsue.

Funcionarios de otros pueblos afirmaron que no imponen ninguna restricción a sus bomberos extranjeros y temen que una reforma de la legislación actual restrinja aún más su capacidad de respuesta a los desastres.

La intransigencia japonesa con la ley ha sido noticia mundial cuando, después de un terremoto, países bienintencionados enviaron equipos de rescate con perros entrenados para encontrar sobrevivientes y fueron retenidos varios días en los aeropuertos nipones por el requisito de una cuarentena animal. Quienes defienden la inflexibilidad señalan que el cumplimiento a rajatabla de la ley evita el favoritismo, la discriminación, el abuso de poder y la corrupción, y refuerza la confianza en el sistema legal de sus ciudadanos.

Pero un archipiélago propenso a los desastres naturales, y donde la madera es el material predominante en las viviendas, es incompatible con bomberos que no apagan incendios. Con la noticia en las calles se espera una ley inclusiva.

* Periodista y documentalista colombiano radicado en Japón.