Tras la exculpación de Iwao Hakamada, el exboxeador japonés de 88 años que tuvo el dudoso honor de figurar en el Libro Guinness de los Récords como la persona que más tiempo ha esperado su ejecución por un crimen que no cometió, reapareció en las redes sociales niponas un viejo interrogante: ¿Entonces, quién era el asesino? (Recomendamos más columnas de Gonzalo Robledo sobre Japón).
Como en las cárceles japonesas solo se les avisa a los condenados a muerte que ese día subirán al cadalso cuando les sirven el último desayuno, Hakamada estuvo 46 años, o más de dieciséis mil días, pendiente de su ejecución.
Aunque fue excarcelado en 2014 y empezó a residir en la casa de su hermana, técnicamente siguió viviendo en el corredor de la muerte. Su condena a la pena capital se produjo en 1968. Fue acusado de haber acuchillado a una familia de cuatro personas, haberles rociado gasolina e incendiar su casa para erradicar cualquier evidencia.
Según la sentencia del pasado 26 de septiembre, la fiscalía habría manipulado pruebas como ropa manchada con sangre que no correspondía ni a Hakamada ni a ninguna de las víctimas. El veredicto dio la razón a quienes sostenían que los investigadores encontraron el culpable ideal en el ex pugilista divorciado que residía en el dormitorio de la empresa de su víctima.
Los asesinados fueron el propietario de la empresa, su esposa y los dos hijos menores de la pareja. La hija mayor, que al parecer estaba distanciada de su padre, que no aprobaba la relación de la joven con un empleado de la fábrica, se encontraba esa noche en casa de su abuela.
Sometido a intensos interrogatorios, habituales en un sistema legal donde la confesión suele ser la reina de las evidencias, Hakamada confesó ser el autor del crimen. Pero en el juicio se desdijo.
Para muchos medios occidentales, excepto los de EE. UU. donde existe la pena de muerte, el caso de Hakamada fue una oportunidad para subrayar la crueldad de la pena capital y abogar por su abolición.
En Japón, algunos medios calificaron el caso como “violación de los derechos humanos por parte del Estado” y exhortaron al sector judicial nipón a examinar sus anticuados métodos.
Las redes sociales, por su parte, centraron su atención en la ya fallecida hija mayor de las víctimas. Por haber heredado la fortuna familiar y colaborar solícita con las autoridades para inculpar a Hakamada, la mujer era para algunos internautas anónimos, la principal sospechosa.
Debido a que la mujer murió en 2014, en fechas cercanas a la excarcelación de Hakamada, algunos en las redes sugirieron un posible suicidio, aportando el cariz inquietante típico de un bazar informativo lleno de baratijas y tesoros.
* Periodista y documentalista colombiano radicado en Japón.