“Como es venezolana le dejo el Cytotec en 100 mil”: los sitios de aborto clandestinos
¿Qué se encuentra una mujer venezolana que busca un aborto en lugares clandestinos de Teusaquillo?
José David Escobar Franco
“Como es venezolana le dejo el Cytotec en 100 mil (22 dólares); allá en el consultorio le sale más caro”, te dice Carlos al momento de abordarte para ofrecerte un aborto cuando caminas por la calle 34, en Teusaquillo, localidad central de Bogotá. “Pero le soy sincero y qué pena lo grosero, —prosigue el hombre— lo mejor es que vaya a donde el médico para que le haga un procedimiento de una vez, porque a veces me ha tocado que se toman la pastilla pero el huevo les queda ahí y sigue creciendo”.
Cuando Carlos habla del Cytotec se refiere a uno de los nombres comerciales del misoprostol, una pastilla que se utiliza para interrumpir el embarazo. Cuenta que consiguió esas pastillas en Ecuador. Tiene sentido: el Cytotec de 200 microgramos que te está ofreciendo no tiene registro sanitario en Colombia, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) prohíbe su publicidad y comercialización en el país.
Carlos es un hombre de poco más de 60 años, canoso, gordo, bajito y le faltan algunos de sus amarillentos dientes. Lleva jean, tenis y una camiseta polo vieja. Nada en su apariencia te hubiera llevado a pensar que él fuera un “asesor de orientación a la mujer” en los servicios relacionados con ginecología que aparecen en la tarjeta que te entrega y en la cual está su nombre sin apellidos. Y bueno, en la zona nadie dice ‘asesor’ para referirse a personas como él, sino que se emplea la palabra ‘tarjetero’. Tú no lo buscaste, él te abordó cuando caminabas por aquel lugar, que también es conocido como ‘la calle de los abortos’.
Carlos asume que existe un único motivo para que una mujer circule por ahí. “¿El aborto es para ya?”, te pregunta. Le dices que sí y él te convence de ir al ‘consultorio’. Su actitud es como la de un hombre que, en la calle, te ofrece el menú de un restaurante barato, de esos que en Colombia llaman ‘corrientazos’, solo que ahora te ofrece un aborto.
Su actitud es como la de un hombre que, en la calle, te ofrece el menú de un restaurante barato, de esos que en Colombia llaman ‘corrientazos’, solo que ahora te ofrece un aborto.
La apariencia del supuesto consultorio también evoca la de esos restaurantes. Es una casa de estilo británico (un rasgo distintivo de la arquitectura bogotana), y los servicios se ofrecen en lo que algún día fue un garaje. Afuera cuelga un pendón rojo y, sobre él, letras amarillas enlistan los servicios que ofrece el lugar: “Ecografías 3D-4D; transvaginal; obstétrica pélvica; consulta general; ginecología; prueba de embarazo; planificación familiar”, por supuesto, no se nombra el aborto.
En el garaje a la entrada de la casa hay una pequeña sala de espera y un viejo escritorio de madera donde está sentada una mujer joven. Ella se levanta, te saluda y se presenta como enfermera. Lleva uniforme verde. Sus uñas son largas, puntiagudas y, sobre el esmalte verde, del mismo color del uniforme, hay diseños con flores blancas. Su apariencia te lleva a dudar de que sea enfermera, pero la escuchas. Ella te explica que el primer paso antes de saber qué servicio ofrecerte es verificar que efectivamente estás embarazada mediante una ecografía que vale 40 mil pesos (9 dólares). Ella misma te aclara que el sitio es independiente y no está vinculado a ninguna Entidad Promotora de Salud (EPS). Te dice que puedes estar tranquila por ser venezolana: no te pedirá ningún tipo de documento de identidad ni abrirá historia clínica, solo necesita que pagues. Te cuenta, además, que un médico te realizará el procedimiento, sin importar la semana de embarazo en la que te encuentres. Hace esta aclaración porque sabe que “las venezolanas se pueden tardar más en conseguir la plata y el embarazo avanza”.
¿Qué se encontrará una mujer venezolana que busca un aborto en Oriéntame y Profamilia?
Dudas del profesionalismo de quienes trabajan ahí, pese a que en la pared cuelga un diploma de la Universidad Javeriana con el nombre de un médico. Pero sabes por qué llegaste hasta acá: era la última opción. En todos los hospitales bogotanos que consultaste te dijeron que el aborto estaba prohibido o, incluso, se negaron a atenderte porque migraste a Colombia por una trocha, de la única manera que podías, y no recurriste a los canales regulares para obtener un documento de identidad. Nada de esto es una excusa para no atenderte, pues la ley indica otra cosa: el aborto es un servicio de urgencia y por ello tu condición migratoria no es motivo para negártelo, más aún cuando el derecho al aborto se dejó de penalizar tras la Sentencia C-055 de la Corte Constitucional. Pero tú, quizás, no lo sabes y muchos de los médicos no quieren saberlo.
El aborto es un servicio de urgencia y por ello tu condición migratoria no es excusa para negártelo, más aún cuando el aborto se dejó de penalizar tras la Sentencia C-055 de la Corte Constitucional.
Le dices a la enfermera que prefieres tomarte un par de días para considerar la decisión. Sales de la sala de ecografía y, antes de que abandones el lugar, aquella mujer de uñas puntiagudas, saca una caja de Cytotec, 200 microgramos, marca Pfizer, de un cajón del escritorio viejo. La caja de cartón está desgastada y el plástico que contiene las pastillas ha sido cortado. Quedan seis pastillas; las demás se han vendido al granel. Ella te sugiere considerar esa opción y te ofrece 4 pastillas en 240 mil pesos (53 dólares). Carlos, el tarjetero, decía la verdad cuando advirtió que en el consultorio era más caro el Cytotec. Eso sí, ninguno de los dos pedirá prescripción médica.
No es la primera vez que escuchas hablar del Cytotec. En Venezuela, donde el aborto inducido es considerado un delito que acarrea hasta dos años de prisión para las mujeres que interrumpan su embarazo, el Cytotec también es un producto de tráfico, pero aún más clandestino. Una amiga tuya buscó una vez en Mercado Libre, en la sección de repuestos de frenos de carros, “misoprostol” y allí encontró esas pastillas ofrecidas como si fueran los repuestos de una camioneta Toyota.
En Venezuela, donde el aborto inducido es considerado un delito (...), el Cytotec también es un producto de tráfico, pero aún más clandestino. Una amiga tuya buscó una vez en Mercado Libre en la sección de carros “pastillas de frenos para Toyota” y allí encontró esas pastillas.
“Cuando te decidas a regresar, ven directamente acá, no a través de los tarjeteros, a menos que quieras que se entere todo el mundo”, te dice la enfermera. Te parece una advertencia extraña pero, al salir, la entiendes rápidamente. Notas que varios hombres te observan en la calle, con disimulo. Caminan por la zona como cualquier transeúnte, pero no se van: están trabajando. En sus manos llevan un fajo de tarjetas que ocultan dentro de la manga de su ropa y solo sacan cuando ven una mujer pasar.
Como Carlos, en las aceras de Teusaquillo abundan los tarjeteros: obtienen una pequeña comisión de cada servicio al que remiten en las ‘clínicas’. Se te acerca un hombre joven con una apariencia similar a la de Carlos, se presenta con el nombre de Alirio y te entrega la misma tarjeta para llevarte al mismo lugar. “Ah, ya conocieron a mi papá”, dice Alirio, hijo de Carlos.
¿Qué se encontrará una mujer venezolana que, en busca de un aborto, llega a una fundación provida?
Rechazas su oferta de llevarte a otro sitio, das unos pasos y te aborda Alberto, otro tarjetero. Te ofrece otro lugar. Te dice que está en otra calle pero se niega a especificar dónde. Solo te llevará si tú misma vas con él. También te pregunta si necesitas el aborto “para ya”. Le dices que solo quieres información. Él cambia su actitud y dice que si no estás interesada en hacerte un aborto inmediatamente, él no te llevará a ese lugar. Sigues andando. Algunos tarjeteros son los mismos hombres que cuidan los carros.
Todos los lugares que encuentras son iguales. El tiempo pasa, pero tu búsqueda sigue.
Los nombres de las fuentes han sido cambiados por seguridad.
En contexto
El informe “Uno pasa por muchas cosas” Barreras de acceso a la IVE en mujeres refugiadas y migrantes venezolanas en Colombia, elaborado en 2022 por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, identifica tres tipos de obstáculos:
- Desconocimiento del marco legal: las mujeres no saben que el aborto en Colombia es un derecho y asumen que la ley es igual de restrictiva que la venezolana. A su vez, por las condiciones socioeconómicas en las que se encuentran no gozan de intimidad y son amedrentadas por terceros que intervienen en su decisión. Esta barrera también incluye déficits en la capacitación del personal de hospitales encargado de atender a mujeres que requieren la IVE.
- Interpretación restrictiva del marco legal: en contravención a las normas vigentes en Colombia, a las migrantes venezolanas que requieren la IVE se les exige que acrediten que su situación migratoria es regular. Incluso, en algunos casos se suma otro requisito: la práctica de un examen psiquiátrico.
- Fallas en la prestación de servicios: se refiere a ausencia de rutas de asistencia para un aborto seguro cuando se presenta violencia, discriminación y xenofobia que impiden que una mujer venezolana acceda a los servicios de salud. Esta barrera también incluye los casos en los que no hay rutas de acceso a IVE y, como consecuencia, se presentan dilaciones injustificadas en el acceso a servicios que se traducen en más semanas de gestación.
Además, existen barreras económicas por los costos de un procedimiento de aborto que resultan imposibles de costear para una mujer migrante en condiciones de vulnerabilidad y pobreza.
Existen barreras económicas por los costos de un procedimiento de aborto que resultan imposibles de costear para una mujer migrante en condiciones de vulnerabilidad y pobreza.
Por esta cantidad de obstáculos, muchas mujeres optan por métodos informales, clandestinos, de fácil acceso pero altamente riesgosos. Esta realidad no ha dejado de existir aún luego de la despenalización total hasta la semana 24 de gestación a través de la Sentencia C-055.
Una investigación del Instituto Guttmacher indica que en Colombia ocurren entre 320 mil y 450 mil abortos voluntarios cada año. Antes de la Sentencia C-055, la mayoría se realizaban al margen de la ley. Aunque han aumentado los abortos mediante las EPS, el mercado clandestino sigue vivo.
El aborto no seguro presenta un riesgo alto para la salud y la vida de las mujeres. De acuerdo con el Observatorio de Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de los Andes, en 2020 aumentó la mortalidad materna en Colombia y la principal causa de muerte fue la hemorragia uterina. Por falta de acceso a un aborto seguro, el número de muertes de mujeres migrantes pasó de 4 en 2018 a 43 en 2020.
De acuerdo con el Instituto Guttmacher, la mitad de abortos voluntarios se realizan mediante el consumo de misoprostol.
Otra investigación al respecto hecha por Oriéntame y el Instituto Guttmacher identificó riesgos asociados al comercio informal de misoprostol. Adicionalmente, se observó que la mayoría de los vendedores de misoprostol no ofrecían información completa sobre el uso y las posibles contraindicaciones en el consumo.
El misoprostol es una alternativa para facilitar el aborto, pero la imposibilidad de acceder a él mediante canales regulares lleva a las mujeres que quieren abortar a buscarlo en un mercado clandestino hostil y riesgoso.
🌎📄 Esta crónica es parte del especial Venezolanas en busca de un aborto, una producción realizada en el marco de la Sala de Formación y Redacción Puentes de Comunicación III, de Escuela Cocuyo y El Faro. Proyecto apoyado por DW Akademie y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.
“Como es venezolana le dejo el Cytotec en 100 mil (22 dólares); allá en el consultorio le sale más caro”, te dice Carlos al momento de abordarte para ofrecerte un aborto cuando caminas por la calle 34, en Teusaquillo, localidad central de Bogotá. “Pero le soy sincero y qué pena lo grosero, —prosigue el hombre— lo mejor es que vaya a donde el médico para que le haga un procedimiento de una vez, porque a veces me ha tocado que se toman la pastilla pero el huevo les queda ahí y sigue creciendo”.
Cuando Carlos habla del Cytotec se refiere a uno de los nombres comerciales del misoprostol, una pastilla que se utiliza para interrumpir el embarazo. Cuenta que consiguió esas pastillas en Ecuador. Tiene sentido: el Cytotec de 200 microgramos que te está ofreciendo no tiene registro sanitario en Colombia, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) prohíbe su publicidad y comercialización en el país.
Carlos es un hombre de poco más de 60 años, canoso, gordo, bajito y le faltan algunos de sus amarillentos dientes. Lleva jean, tenis y una camiseta polo vieja. Nada en su apariencia te hubiera llevado a pensar que él fuera un “asesor de orientación a la mujer” en los servicios relacionados con ginecología que aparecen en la tarjeta que te entrega y en la cual está su nombre sin apellidos. Y bueno, en la zona nadie dice ‘asesor’ para referirse a personas como él, sino que se emplea la palabra ‘tarjetero’. Tú no lo buscaste, él te abordó cuando caminabas por aquel lugar, que también es conocido como ‘la calle de los abortos’.
Carlos asume que existe un único motivo para que una mujer circule por ahí. “¿El aborto es para ya?”, te pregunta. Le dices que sí y él te convence de ir al ‘consultorio’. Su actitud es como la de un hombre que, en la calle, te ofrece el menú de un restaurante barato, de esos que en Colombia llaman ‘corrientazos’, solo que ahora te ofrece un aborto.
Su actitud es como la de un hombre que, en la calle, te ofrece el menú de un restaurante barato, de esos que en Colombia llaman ‘corrientazos’, solo que ahora te ofrece un aborto.
La apariencia del supuesto consultorio también evoca la de esos restaurantes. Es una casa de estilo británico (un rasgo distintivo de la arquitectura bogotana), y los servicios se ofrecen en lo que algún día fue un garaje. Afuera cuelga un pendón rojo y, sobre él, letras amarillas enlistan los servicios que ofrece el lugar: “Ecografías 3D-4D; transvaginal; obstétrica pélvica; consulta general; ginecología; prueba de embarazo; planificación familiar”, por supuesto, no se nombra el aborto.
En el garaje a la entrada de la casa hay una pequeña sala de espera y un viejo escritorio de madera donde está sentada una mujer joven. Ella se levanta, te saluda y se presenta como enfermera. Lleva uniforme verde. Sus uñas son largas, puntiagudas y, sobre el esmalte verde, del mismo color del uniforme, hay diseños con flores blancas. Su apariencia te lleva a dudar de que sea enfermera, pero la escuchas. Ella te explica que el primer paso antes de saber qué servicio ofrecerte es verificar que efectivamente estás embarazada mediante una ecografía que vale 40 mil pesos (9 dólares). Ella misma te aclara que el sitio es independiente y no está vinculado a ninguna Entidad Promotora de Salud (EPS). Te dice que puedes estar tranquila por ser venezolana: no te pedirá ningún tipo de documento de identidad ni abrirá historia clínica, solo necesita que pagues. Te cuenta, además, que un médico te realizará el procedimiento, sin importar la semana de embarazo en la que te encuentres. Hace esta aclaración porque sabe que “las venezolanas se pueden tardar más en conseguir la plata y el embarazo avanza”.
¿Qué se encontrará una mujer venezolana que busca un aborto en Oriéntame y Profamilia?
Dudas del profesionalismo de quienes trabajan ahí, pese a que en la pared cuelga un diploma de la Universidad Javeriana con el nombre de un médico. Pero sabes por qué llegaste hasta acá: era la última opción. En todos los hospitales bogotanos que consultaste te dijeron que el aborto estaba prohibido o, incluso, se negaron a atenderte porque migraste a Colombia por una trocha, de la única manera que podías, y no recurriste a los canales regulares para obtener un documento de identidad. Nada de esto es una excusa para no atenderte, pues la ley indica otra cosa: el aborto es un servicio de urgencia y por ello tu condición migratoria no es motivo para negártelo, más aún cuando el derecho al aborto se dejó de penalizar tras la Sentencia C-055 de la Corte Constitucional. Pero tú, quizás, no lo sabes y muchos de los médicos no quieren saberlo.
El aborto es un servicio de urgencia y por ello tu condición migratoria no es excusa para negártelo, más aún cuando el aborto se dejó de penalizar tras la Sentencia C-055 de la Corte Constitucional.
Le dices a la enfermera que prefieres tomarte un par de días para considerar la decisión. Sales de la sala de ecografía y, antes de que abandones el lugar, aquella mujer de uñas puntiagudas, saca una caja de Cytotec, 200 microgramos, marca Pfizer, de un cajón del escritorio viejo. La caja de cartón está desgastada y el plástico que contiene las pastillas ha sido cortado. Quedan seis pastillas; las demás se han vendido al granel. Ella te sugiere considerar esa opción y te ofrece 4 pastillas en 240 mil pesos (53 dólares). Carlos, el tarjetero, decía la verdad cuando advirtió que en el consultorio era más caro el Cytotec. Eso sí, ninguno de los dos pedirá prescripción médica.
No es la primera vez que escuchas hablar del Cytotec. En Venezuela, donde el aborto inducido es considerado un delito que acarrea hasta dos años de prisión para las mujeres que interrumpan su embarazo, el Cytotec también es un producto de tráfico, pero aún más clandestino. Una amiga tuya buscó una vez en Mercado Libre, en la sección de repuestos de frenos de carros, “misoprostol” y allí encontró esas pastillas ofrecidas como si fueran los repuestos de una camioneta Toyota.
En Venezuela, donde el aborto inducido es considerado un delito (...), el Cytotec también es un producto de tráfico, pero aún más clandestino. Una amiga tuya buscó una vez en Mercado Libre en la sección de carros “pastillas de frenos para Toyota” y allí encontró esas pastillas.
“Cuando te decidas a regresar, ven directamente acá, no a través de los tarjeteros, a menos que quieras que se entere todo el mundo”, te dice la enfermera. Te parece una advertencia extraña pero, al salir, la entiendes rápidamente. Notas que varios hombres te observan en la calle, con disimulo. Caminan por la zona como cualquier transeúnte, pero no se van: están trabajando. En sus manos llevan un fajo de tarjetas que ocultan dentro de la manga de su ropa y solo sacan cuando ven una mujer pasar.
Como Carlos, en las aceras de Teusaquillo abundan los tarjeteros: obtienen una pequeña comisión de cada servicio al que remiten en las ‘clínicas’. Se te acerca un hombre joven con una apariencia similar a la de Carlos, se presenta con el nombre de Alirio y te entrega la misma tarjeta para llevarte al mismo lugar. “Ah, ya conocieron a mi papá”, dice Alirio, hijo de Carlos.
¿Qué se encontrará una mujer venezolana que, en busca de un aborto, llega a una fundación provida?
Rechazas su oferta de llevarte a otro sitio, das unos pasos y te aborda Alberto, otro tarjetero. Te ofrece otro lugar. Te dice que está en otra calle pero se niega a especificar dónde. Solo te llevará si tú misma vas con él. También te pregunta si necesitas el aborto “para ya”. Le dices que solo quieres información. Él cambia su actitud y dice que si no estás interesada en hacerte un aborto inmediatamente, él no te llevará a ese lugar. Sigues andando. Algunos tarjeteros son los mismos hombres que cuidan los carros.
Todos los lugares que encuentras son iguales. El tiempo pasa, pero tu búsqueda sigue.
Los nombres de las fuentes han sido cambiados por seguridad.
En contexto
El informe “Uno pasa por muchas cosas” Barreras de acceso a la IVE en mujeres refugiadas y migrantes venezolanas en Colombia, elaborado en 2022 por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, identifica tres tipos de obstáculos:
- Desconocimiento del marco legal: las mujeres no saben que el aborto en Colombia es un derecho y asumen que la ley es igual de restrictiva que la venezolana. A su vez, por las condiciones socioeconómicas en las que se encuentran no gozan de intimidad y son amedrentadas por terceros que intervienen en su decisión. Esta barrera también incluye déficits en la capacitación del personal de hospitales encargado de atender a mujeres que requieren la IVE.
- Interpretación restrictiva del marco legal: en contravención a las normas vigentes en Colombia, a las migrantes venezolanas que requieren la IVE se les exige que acrediten que su situación migratoria es regular. Incluso, en algunos casos se suma otro requisito: la práctica de un examen psiquiátrico.
- Fallas en la prestación de servicios: se refiere a ausencia de rutas de asistencia para un aborto seguro cuando se presenta violencia, discriminación y xenofobia que impiden que una mujer venezolana acceda a los servicios de salud. Esta barrera también incluye los casos en los que no hay rutas de acceso a IVE y, como consecuencia, se presentan dilaciones injustificadas en el acceso a servicios que se traducen en más semanas de gestación.
Además, existen barreras económicas por los costos de un procedimiento de aborto que resultan imposibles de costear para una mujer migrante en condiciones de vulnerabilidad y pobreza.
Existen barreras económicas por los costos de un procedimiento de aborto que resultan imposibles de costear para una mujer migrante en condiciones de vulnerabilidad y pobreza.
Por esta cantidad de obstáculos, muchas mujeres optan por métodos informales, clandestinos, de fácil acceso pero altamente riesgosos. Esta realidad no ha dejado de existir aún luego de la despenalización total hasta la semana 24 de gestación a través de la Sentencia C-055.
Una investigación del Instituto Guttmacher indica que en Colombia ocurren entre 320 mil y 450 mil abortos voluntarios cada año. Antes de la Sentencia C-055, la mayoría se realizaban al margen de la ley. Aunque han aumentado los abortos mediante las EPS, el mercado clandestino sigue vivo.
El aborto no seguro presenta un riesgo alto para la salud y la vida de las mujeres. De acuerdo con el Observatorio de Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de los Andes, en 2020 aumentó la mortalidad materna en Colombia y la principal causa de muerte fue la hemorragia uterina. Por falta de acceso a un aborto seguro, el número de muertes de mujeres migrantes pasó de 4 en 2018 a 43 en 2020.
De acuerdo con el Instituto Guttmacher, la mitad de abortos voluntarios se realizan mediante el consumo de misoprostol.
Otra investigación al respecto hecha por Oriéntame y el Instituto Guttmacher identificó riesgos asociados al comercio informal de misoprostol. Adicionalmente, se observó que la mayoría de los vendedores de misoprostol no ofrecían información completa sobre el uso y las posibles contraindicaciones en el consumo.
El misoprostol es una alternativa para facilitar el aborto, pero la imposibilidad de acceder a él mediante canales regulares lleva a las mujeres que quieren abortar a buscarlo en un mercado clandestino hostil y riesgoso.
🌎📄 Esta crónica es parte del especial Venezolanas en busca de un aborto, una producción realizada en el marco de la Sala de Formación y Redacción Puentes de Comunicación III, de Escuela Cocuyo y El Faro. Proyecto apoyado por DW Akademie y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.