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Presos de seis cárceles de Ecuador tienen retenidos a 57 guardias penitenciarios y policías en protesta por operativos de seguridad de la fuerza pública en las prisiones, indicó el jueves el organismo rector de los reclusorios (SNAI).
En medio de una jornada violenta por el estallido de dos coches bomba en Quito, la entidad señaló en un comunicado que siete policías y 50 agentes carceleros “están retenidos en seis centros de privación de libertad”, sin ahondar en más detalles.
Más temprano el ministro de Interior, Juan Zapata, había anotado que todos los guardias estaban retenidos en la prisión de Cuenca, donde los reclusos protestan desde el miércoles por la presión policial.
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“Este suceso sería una respuesta de los grupos criminales ante las intervenciones de la fuerza pública en los centros penitenciarios del país, cuyo propósito es el decomiso de objetos prohibidos que son utilizados en hechos violentos”, indicó el SNAI.
El miércoles, cientos de soldados y policías realizaron un operativo de búsqueda de armas, municiones y explosivos en una cárcel de la andina Latacunga (sur), una de las principales de la nación y escenario de las frecuentes matanzas entre reclusos que dejan más de 430 muertos en todo el país desde 2021.
Las hipótesis sobre las retenciones han ido cambiando a lo largo del día. En un principio el SNAI indicó que se trataba de una represalia por esa “intervención” de la fuerza pública.
Luego, autoridades señalaron que la retención es en protesta por el traslado de reclusos a otras cárceles.
“Estamos preocupados por la seguridad de nuestros funcionarios”, expresó Zapata en rueda de prensa en Quito.
De acuerdo con el SNAI, se “está tomando una serie de acciones para recuperar el orden en el sistema penitenciario” con el apoyo de militares y policías.
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Bandas vinculadas al narcotráfico sostienen una guerra por el poder y usan las prisiones como centros de operaciones.
Ante los cruentos enfrentamientos entre las organizaciones aliadas a carteles mexicanos y colombianos en las cárceles, el presidente Guillermo Lasso decretó el 24 de julio el estado de excepción en todo el sistema penitenciario por 60 días, lo cual le permite desplegar militares en las prisiones.
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