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Una misión especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegará a Colombia este martes, 8 de junio, para verificar la situación de los derechos humanos en el país y constatar las denuncias hechas en el marco del paro nacional por varias organizaciones.
¿Por qué era necesaria la visita?
Debido a la convulsión social que se vive en el país y a la magnitud y gravedad de las denuncias de abuso por parte de la fuerza policial en el marco de las protestas desde 2019, era urgente tener un registro confiable y transparente sobre las acusaciones de uso excesivo de la fuerza, desapariciones forzadas, lesiones oculares, violencia sexual y de género que recaen sobre la Policía Nacional.
Las organizaciones de la sociedad civil han denunciado la falta de independencia de los órganos de investigación y control y ven en la CIDH un organismo independiente para analizar lo sucedido durante el paro nacional.
“Esto nos ayudará a que las partes dialoguen mejor, a que las víctimas se sientan escuchadas y esto es muy importante porque los órganos de control no están haciendo su trabajo o han tenido un desempeño débil por su cercanía con el Gobierno”, señaló Jessica Corredor, directora del área internacional de DeJusticia.
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¿Servirá de algo la visita?
“Es importante que tengamos claras las expectativas frente a esta visita. Desde la sociedad civil nos hemos movilizado para que esta se dé, porque es indispensable; sin embargo, creo que sí hay que marcar un poco el alcance de la visita como tal”, señala Corredor.
La visita de la CIDH no puede hacer magia y no es la fórmula para resolver la crisis colombiana de inmediato. No obstante, dicho registro de las violaciones a derechos humanos y las recomendaciones que pueda hacer una misión internacional ayudarían a rebajar las tensiones que se viven y atenuar la crisis. Este trabajo refuerza los mecanismos para fortalecer el diálogo con el fin de detener la violencia probada. Y la CIDH, que tiene una credibilidad inmensa en la región, era la indicada para realizar esta tarea, debido a su larga trayectoria cumpliendo este tipo de labores.
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“Además de emitir una serie de recomendaciones al Estado colombiano, la CIDH no puede intervenir mucho más. Ya todo dependerá de si las víctimas de estas violaciones quieren escalar sus denuncias en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para llegar hasta la Corte IDH; pero por el momento el trabajo de la CIDH es de monitoreo. No nos van a venir a solucionar la crisis, porque esta tiene que solucionarse acá, dialogando con las partes y que el Gobierno escuche a las víctimas”, destaca Corredor.
¿Qué ha hecho la CIDH en otros países?
Desde octubre de 1961, la CIDH ha realizado 102 visitas in loco (en el sitio) a países en la región. Algunas de estas visitas nos brindan una idea de lo importante y necesario que es el trabajo de esta misión. Este tipo de visita es la que solicitaban organizaciones de la sociedad civil: tiene una duración de una semana y se hace un monitoreo más amplio de la situación en el país. De todas formas, cabe resaltar que el tipo de visita que realizará la CIDH en Colombia es de trabajo. Esta es más corta, no asiste el pleno de los comisionados y su objetivo es observar de manera preliminar qué ocurre en el país.
Argentina, 1979
La CIDH realizó una visita a Argentina del 6 al 20 de septiembre de 1979 para investigar las denuncias contra la dictadura militar de entonces. La misión documentó desapariciones y torturas durante el período de la dictadura y dicho registro sirvió para desenmascarar y exponer las violaciones a derechos humanos durante los primeros tres años del régimen militar.
El trabajo fue aplaudido por los familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos y grupos como las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo. Las víctimas se sentían “protegidas” por la visita de una misión extranjera. En total se recibieron 5.580 denuncias. Del 70 al 75 % de las mujeres entrevistadas fueron objeto de torturas. Tras la visita, se facilitó la liberación de mujeres detenidas.
El informe de la CIDH fue censurado por la dictadura, que se resistió en un principio a la visita. El documento solo circuló de manera clandestina durante el período del régimen y abiertamente desde 1984, cuando regresó la democracia al país, bajo el título de “El informe prohibido”.
Chile, 1974
La CIDH visitó Chile del 22 de julio al 2 de agosto de 1974, en plena dictadura de Augusto Pinochet y a casi un año del golpe de Estado. En esta visita se constató la normalización de violaciones a los derechos humanos, las detenciones arbitrarias, torturas —en especial a mujeres—, detenciones, desapariciones, instauración del delito de opinión, eliminación de los derechos políticos y fusilamientos sin proceso. Se entregó un catálogo extenso de delitos documentados y vulneraciones a diez derechos y garantías. Estos informes abrieron paso a que se hiciera justicia por las atrocidades cometidas por la dictadura. También sirvieron para la detención de Pinochet en Londres, en 2000, como elementos que constataban su participación en los delitos de genocidio, terrorismo, tortura y desaparición de personas.
Perú, 1998
Una misión de la CIDH visitó Perú del 9 al 13 de noviembre de 1998, cuando Alberto Fujimori se preparaba para la reelección y continuar en el poder hasta 2005. Fujimori ya se había tomado el poder Judicial y los medios de comunicación y había disuelto el Congreso. La misión constató que no había garantías para la democracia en el país. Aquella visita marcó el destino final de Fujimori años después. La CIDH procesó un alto número de denuncias, entre las que destacan la matanza en Barrios Altos, La Cantuta y la esterilización forzosa de mujeres, expuesta en el emblemático caso de Celia Ramos.
Cabe destacar que los casos de los estudiantes de la Universidad de La Cantuta, que fueron secuestrados y obligados a cavar su propia tumba, y el de Barrios Altos, donde ejecutaron a niños y mujeres, escalaron a la Corte-IDH y sirvieron para que Fujimori fuera extraditado de Chile a Perú en 2007, pues sirvieron de elementos probatorios, al igual que en el caso de Pinochet.
Nicaragua, 2018
Este es otro buen ejemplo de lo que puede lograr la CIDH. Tras una visita en la que se documentaron graves violaciones a los derechos humanos, se instaló el Grupo interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con el objetivo de apoyar las investigaciones de hechos violentos en el marco de las protestas en el país. El gobierno de Daniel } expulsó más tarde al mecanismo de monitoreo, pero no pudo ocultar los abusos que documentó, donde responsabilizó a la Policía por las muertes durante las protestas.
Hay similitudes entre el caso nicaragüense y el colombiano. El presidente Duque, al igual que Ortega, cedió ante la presión mediática y aceptó la visita que en un principio rechazó. Corredor comenta que quizá la visita a Colombia pueda tener un desenlace similar al de Nicaragua: “Es tal la crisis en Colombia que amerita que la CIDH instaure un seguimiento similar para que los crímenes que se han cometido en el marco de las protestas no queden en la impunidad y garanticemos la no repetición”.
“Lo que muestra que la intervención de la CIDH no es un tema de color político es que esta ha intervenido en contextos muy diversos. Eso ayuda a ilustrar un poco su labor. En 2019 intervinieron en Bolivia (izquierda) y en Chile (derecha)”, dice Corredor. Esos dos ejemplos también se dieron en un contexto de protesta social como el que vive Colombia.
Venezuela, 2020
La CIDH intentó ingresar a Venezuela, pero el gobierno le negó la entrada. Por esta razón, la delegación se desplazó a Cúcuta, en la frontera colombo-venezolana, y desde allí escuchó los testimonios de venezolanos víctimas de la represión de Nicolás Maduro.
¿Qué le puede pasar a Colombia?
El trabajo de la comisión será necesario para que se garantice el derecho de las víctimas a la justicia y no queden en la impunidad. La CIDH emitirá unas recomendaciones al Estado colombiano o medidas cautelares, como pueden ser la moderación de la fuerza o reforzar las garantías judiciales. Algunos casos podrían escalar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), si las víctimas deciden adelantar este proceso.
En materia de consecuencias para el país, también hay que destacar que el informe de la CIDH podría impactar en las relaciones con Colombia. Este documento será revisado por calificadoras de riesgo para conceptos de inversión extranjera, que podrían disminuir su interés si se prueban las violaciones a derechos humanos. De la misma manera, podría fortalecer los pedidos que hay en Washington para suspender la ayuda estadounidense a la nación. El informe también resonará en el Parlamento europeo y en la ONU, lo que podría reforzar la presión sobre el gobierno de Duque.
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“Este será el espacio para que entremos realmente a hablar de las intervenciones extranjeras en Colombia: los apoyos. Colombia, antes de esto, no era el paraíso, y sin embargo seguía contando con un apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea. Las repercusiones que pueda tener el informe de la CIDH generarán eco, porque seguimos estando frente a una narrativa oficial que se niega a ver la magnitud de lo que está pasando, y lo vimos con la visita de la canciller a Washington. Sin embargo, aunque va a mostrar lo que está pasando en el país, hay que reconocer que si bien las violaciones a derechos humanos son un tema que les preocupa a los países que apoyan a Colombia, les preocupa más el tema económico”, destaca Corredor.
¿Cómo será la visita?
Primero se celebrará una audiencia, donde el Gobierno presentará la información necesaria para que la CIDH comience su proceso en el país. Esta reunión está pactada para el lunes, 7 de junio, en las instalaciones de la Comisión. Después de esto, la misión de la CIDH realizará su visita del 8 al 10 de junio para recoger las denuncias, las examina, observa la situación en general y a partir de ello preparará un informe, el cual será presentado ante el Consejo Permanente y la Asamblea General de la OEA.
La visita será en Bogotá y Cali. Habrá varias reuniones con autoridades locales, órganos de control y organizaciones de la sociedad civil. Se abrirán una especie de consultorios, que es adonde irán las víctimas a contar lo que les pasó, lo cual servirá para demostrar los patrones de violencia. La delegación está integrada por la presidenta de la CIDH y relatora para Colombia, comisionada Antonia Urrejola, los comisionados Joel Hernández y Stuardo Ralón, con el apoyo de la secretaria ejecutiva, Tania Reneaum Panszi; la secretaria ejecutiva adjunta de Monitoreo, Cooperación Técnica y Capacitación, María Claudia Pulido; el relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, y personas del equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva.
La CIDH ha advertido que la toma de testimonios de violaciones a los derechos humanos de manera presencial será reducida, por cuestiones de la emergencia sanitaria que vive el país, y solo se realizará por vía presencial para quienes se registren y reciban un mensaje de confirmación con fecha, hora y lugar. Las organizaciones de la sociedad civil que deseen participar en las reuniones podrán registrarse en este enlace.
La toma de testimonios se realizará únicamente en Cali y Bogotá, adonde viajará la delegación de la CIDH. Se dispuso una modalidad virtual para quienes estén interesados en dar testimonios. Para obtener información sobre el proceso puede escribir al correo CIDHDenuncias@oas.org.
La CIDH, bajo constante asedio
“La CIDH está haciendo frente a los contantes ataques que se esconden bajo el título de reforma, pero que en realidad son formas que tienen los gobiernos para modificar el funcionamiento cuando este se les hace incómodo. Colombia ha puesto en duda el trabajo de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y ha arremetido contra la CIDH en la OEA a través del embajador Alejandro Ordóñez. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que representa un riesgo para el tipo de gobierno que desean tener”, dice Corredor.
En 2019 hubo una iniciativa conservadora que buscaba reformar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y, por ende, la CIDH, integrada por los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay.
Lo que se pretendía era “recuperar la soberanía” frente al SIDH para limitar sus funciones de supervisión de los derechos humanos en los países miembros y sus resoluciones. En otras palabras, buscaba quitarle los dientes al organismo internacional. La iniciativa fue derrotada, pero fue un nuevo campanazo sobre el riesgo que corre este organismo.
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Viviana Krsticevic, directora del Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (CEJI), le dijo a El País que lo que esto buscaba era
“impulsar amnistías militares, encubrir represión o graves violaciones en asuntos de libertad de expresión”. Y resalta que no se trata de derechas o izquierdas: Evo Morales, Rafael Correa, Hugo Chávez y Daniel Ortega también han sido contrarios al SIDH.
A todos los gobiernos de la región les interesa que el sistema de defensa de los derechos humanos tenga las menores competencias posibles. Que haya apariencia de que existe un sistema, pero que este no pueda hacer nada a fin de cuentas. Esto habla mal de los gobiernos, pero bien del organismo, pues indica que no está politizado y es objeto de desprecio para los gobernantes cuando se torna incómodo.