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En El Salvador el aborto es ilegal en todas las circunstancias. El código penal salvadoreño prohíbe el aborto en todos los supuestos y establece penas de hasta 8 años. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto, incluso los involuntarios, como “homicidio agravado”, penado con hasta 50 años de prisión.
De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, hasta el año pasado había 18 mujeres detenidas por la ley antiaborto. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, sin embargo, ha dado una lucha por decenas de mujeres, la mayoría pobres y sin acceso a servicios médicos, para que sean liberadas de condenas injustas enmarcadas en la ley antiaborto.
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De acuerdo con datos de la organización, 43 mujeres criminalizadas por abortar han sido liberadas en la última década.
El caso de Sara Rogel
Un juzgado de Vigilancia Penitenciaria de El Salvador concedió este lunes la libertad a Sara Rogel, condenada 30 años de cárcel por un aborto que fue tipificado de homicidio agravado, pero la Fiscalía anunció que apelará el fallo, lo que podría demorar la liberación por más de un mes, informó una agrupación feminista.
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“El juez después de evaluar que no habían razones para que Sara siga en la cárcel dio sentencia de libertad condicional anticipada”, declaró a la AFP Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapeútico, Ético y Eugenésico (ACDATEE).
A pesar del fallo favorable del Segundo Tribunal de Vigilancia Penitenciaria y Cumplimiento de Pena de Cojutepeque, según Herrera, la Fiscalia dijo que “no renuncia a su derecho a recurrir a presentar un recurso de apelación”, y para hacerlo tienen cinco días.
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Con la decisión de la Fiscalía, se perdió la oportunidad que este mismo lunes Sara recupera su libertad, en virtud que deberán esperar la apelación fiscal y luego la defensa deberá contestar en un proceso que pasará a una instancia superior y podría demorar más de un mes.
La Agrupación Ciudadana recordó que Sara, una estudiante que ahora tiene 28 años, estaba con un embarazo de ocho meses cuando en 2012 tuvo una emergencia obstétrica al resbalarse cuando se encontraba lavando ropa en el patio de su casa, en un área rural del poblado de Santa Cruz Analquito, 44 km al este de San Salvador.
La familia la encontró sufriendo una hemorragia e inconsciente por lo que la trasladó al hospital de la ciudad de Cojutepeque, donde la consideraron sospechosa de haberse practicado un aborto y dieron aviso a la Policía y Fiscalía que desde entonces la encarcelaron.
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Un tribunal le acuso de homicidio agravado y le condenó a 30 años de cárcel.
En marzo de 2020, el presidente Nayib Bukele reveló en una inusual entrevista con el rapero puertorriqueño Residente su postura sobre el tema. ”No estoy a favor del aborto y creo que al final, en el futuro, algún día nos vamos a dar cuenta de que es un gran genocidio el que se está cometiendo con los abortos”, zanjó el mandatario.
Una encuesta dada a conocer el pasado 21 de enero da cuenta de que el 82,7 % de la población desaprueba el “aborto en causales terapéuticas”.