El día en que Alberto Fujimori se convirtió en dictador


DISOLVER, DISOLVER (Abril – Mayo, 1992)

DISOLVER, DISOLVER (Abril – Mayo, 1992)

Hasta las 8.00 p. m. del domingo 5 de abril no había noticia de interés alguna. El torneo peruano de fútbol, cuyas incidencias eran las que ocupaban a las redacciones de la prensa los domingos, se iniciaría recién en la siguiente semana. Ese día de 1992 transcurría sin ninguna novedad. La única entrevista de fondo en los programas dominicales fue concedida por Alfonso de los Heros, quien manifestó que el martes 7 de abril se presentarían los resultados de un diálogo nacional, que buscaba cerrar los conflictos con el Congreso de la República. Abruptamente, cuando miles de peruanos estaban ya por apagar sus televisores, hacia las 10.30 p. m. apareció un cintillo: «Mensaje a la Nación del Presidente Constitucional de la República Ing. Alberto Fujimori Fujimori». (Recomendamos leer el editorial de El Espectador: Fujimori no merece honores de Estado).

Vestido con terno oscuro y corbata negra, acompañado de una pequeña bandera nacional y un fondo del mapa del Perú, el ingeniero comenzaría la alocución que cambiaría la política del país. La posibilidad de un golpe de Estado en el Perú se había conversado desde 1987 en estamentos militares. Personal en actividad y altos oficiales en retiro evaluaron el escenario y arribaron a dos conclusiones claras: Alan García está haciendo un mal gobierno, y se requiere enfrentar tanto a la crisis económica como al terrorismo.

Para esta última misión, era necesario instalar un gobierno castrense de largo aliento. A partir de 1988, un sector de militares preparó un Plan Verde, que sería ajustado durante los dos años siguientes. Sus líneas matrices eran bastante nítidas. En lo económico, se tendría un plan destinado a la atracción de la inversión privada y del capital extranjero, a la creación de un sistema privado de pensiones similar al instaurado en Chile durante la dictadura de Pinochet y, sobre todo, se buscaría la reducción de la inflación para legitimar al gobierno. El diagnóstico poblacional era sumamente racista: era necesario detener el crecimiento demográfico en el país, sobre todo, «el de los grupos culturalmente atrasados y económicamente pauperizados».

El remedio propuesto eran programas de esterilización masiva. A la par, se hablaba abiertamente de la eliminación física de terroristas y de narcotraficantes. Políticamente, el plan planteaba un gobierno “de facto”, con el control de los medios de comunicación, a través de campañas psicológicas y de censura e invitación a la autocensura a los empresarios. A diferencia de lo ocurrido con Velasco Alvarado y Morales Bermúdez, no se planteaba la expropiación como salida. Montesinos conocía a varios de los autores del plan. Lo que hizo fue adaptarlo a la nueva situación, de modo que su Servicio de Inteligencia Nacional cobraría mayor importancia.

Con voz cadenciosa y semblante serio, Fujimori señalaba que su gobierno era «la última oportunidad» que tenía el Perú para encontrarse con su destino. Aseguraba que ya había obtenido algunos logros, como la reinserción en el sistema financiero internacional y el control de la inflación. Pero existía un gran obstáculo: —A la inoperancia del Parlamento y la corrupción del Poder Judicial se suman la evidente actitud obstruccionista y conjura encubierta contra los esfuerzos del pueblo y del gobierno por parte de las cúpulas partidarias. Estas cúpulas, expresión de la politiquería tradicional, actúan con el único interés de bloquear las medidas económicas que conduzcan al saneamiento de la situación de bancarrota que, precisamente, ellas dejaron.

El mensaje continuaba con su tono antipartido, que lo había caracterizado durante los veinte meses de su gestión. Señalaba como ejemplos de la obstrucción del parlamento la derogación de un decreto sobre lavado de activos, la Ley de Control de los Actos Normativos del Presidente de la República, la imposibilidad de observar la Ley de Presupuesto, y la no adopción de normas de austeridad en el Congreso.

Los jueces merecieron capítulo aparte en su mensaje. Aunque varias de sus críticas eran justas, terminaba haciendo generalizaciones gruesas: —Entre algunos ejemplos de cómo funciona la justicia en el país, baste con mencionar la liberación inexplicable de narcotraficantes, o el trato notoriamente parcial que les es dispensado a los mismos, o la masiva puesta en libertad de terroristas convictos y confesos, haciendo mal uso del llamado “criterio de conciencia”. Hay que contrastar, pues, la sospechosa lentitud con que se llevan los procesos seguidos por los ciudadanos de escasos recursos y la diligencia inusual con la que se tratan los casos de gentes con influencia y poder. Todo esto hace escarnio de la justicia. Fujimori también consideraba que se habían generado nuevos «centralismos regionales».

Dicho esto, habló de la reconstrucción nacional que él encabezaría. Y señaló que tomaría las «siguientes trascendentales medidas»: —Primero: Disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo: Reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, y el Ministerio Público, para una honesta y eficiente administración de justicia. Mientras tanto, las tanquetas y las tropas salían a la calle.

El golpe de Estado se había consumado. Fujimori tomó la decisión del golpe de Estado en noviembre de 1991. Tres fuentes ratifican esta conclusión. La primera es el propio mandatario, quien había publicado en 1999 unas memorias serializadas en un diario japonés. En esta publicación periódica, Fujimori indicó que la derogación de los decretos legislativos sobre pacificación había sido la causa para ello. Sin embargo, el golpista sostuvo ante la Sala Penal Especial que recién tomó la decisión del golpe a inicios de 1992.

Una segunda fuente es Vladimiro Montesinos, quien le había dicho a Francisco Loayza —con quien aún mantenía amistad— y al general Edgardo Mercado Jarrín, de quien había sido secretario, que existía la idea de un golpe cívico militar. Loayza escribió sobre esta versión, recogida por varios autores. La tercera fuente es un colaborador cercano de Fujimori, quien le dijo al asesor político de la embajada japonesa en Lima, Yuzuke Murakami, que su jefe iba continuamente a la Comandancia General del Ejército en San Borja. El pretexto era hacer ejercicios. Pero, en realidad, en el Pentagonito —apelativo de la sede militar, en comparación con la sede central del Departamento de Defensa de los Estados Unidos— lo que se ultimaba era la interrupción del orden constitucional.

Una vez que Hermoza fue elegido comandante general del Ejército, se sumó a los preparativos. Para febrero, intervino en una reunión en el Palacio de Gobierno con miras a preparar los detalles del golpe. Fujimori dividió las tareas: el mantenimiento del orden público estaría a cargo de Hermoza, mientras que la parte política correspondía a Montesinos. A Rafael Merino Bartet, un veterano colaborador del SIN, encargado de vestir con ropaje legal y elegante las órdenes más draconianas, se le encargó la elaboración del mensaje de Fujimori, así como la redacción del comunicado de la cúpula militar respaldando el golpe.

Según Merino, Montesinos le indicó que el Congreso buscaba vacar a Fujimori y que, por ello, se tomaba esta medida excepcional. La decisión sobre el día exacto del golpe fue tomada el 3 de abril, y se les comunicó a los comandantes generales de los institutos armados. Al día siguiente, ellos harían lo propio con sus estados mayores. El domingo 5 de abril por la mañana, Fujimori y Montesinos corrigieron el texto final del mensaje.

En la tarde, se grabó el discurso. Para el anochecer, las tropas solo esperaban la señal de Hermoza para salir a la calle. Iniciada la noche, fueron convocados al Pentagonito los representantes de los principales canales de televisión: Manuel Delgado Parker (Panamericana), Nicanor González (América), y Samuel y Mendel Winter (Frecuencia Latina). Allí les comunicaron la medida. Los Winter fueron los más entusiastas. Delgado Parker y González expresaron su preocupación por la libertad de prensa. Fujimori dio una respuesta vaga e indicó que esperaba que los canales pasaran el mensaje. Así se hizo. Solo a las 9.00 p. m. fueron convocados los miembros del gabinete ministerial, de forma tan sorpresiva que algunos tuvieron que ir en el mismo auto con el único chofer disponible.

De los Heros venía de la ya mencionada entrevista donde anunciaba un acuerdo con un sector de la oposición, y se pensaba que se anunciaría la captura de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso. Fujimori les pasó el video del mensaje. El presidente del Consejo de Ministros lo vio y quedó descolocado. Llegó a la conclusión de que estábamos ante un golpe de Estado y renunció en el acto. Lo mismo hizo el ministro Gustavo González Prieto, titular de la cartera de Agricultura. Todos los demás ministros tuvieron que poner sus cargos a disposición de Fujimori, pero no se fueron. El más entusiasta fue Blacker Miller: —Todo se puede manejar sin problema y ya he hecho gestiones internacionales para que todo se haga sin problemas.

Otro ministro bastante animado con la decisión golpista era Augusto Antonioli, ministro de Trabajo y muy cercano a Montesinos. Boloña estaba en duda: sabía que era una medida inconstitucional, pero pensaba que al irse se ponían en riesgo los avances económicos. Optó por quedarse. Lo mismo hizo la mayoría del gabinete. Fujimori citó a de los Heros a Palacio a primera hora del 6 de abril. Trató de convencerlo de quedarse. No pudo. El abogado cogió sus cosas y se fue. Lo mismo harían las abogadas de su equipo de reforma del Estado.Dado que la noticia se produjo cuando los programas periodísticos dominicales habían concluido sus emisiones, no hubo mayores reacciones inmediatas al golpe de Estado. El único programa en vivo era Goles en acción, un programa deportivo transmitido por Global Televisión, conducido y dirigido por el abogado y periodista Alberto Beingolea. Fue la única voz que, en solitario, protestó por la medida de interrupción del orden democrático en la televisión nacional aquella noche. En una radio en particular, las protestas se hicieron sentir. Antena 1 era una estación cercana al APRA y, desde allí, diversos políticos de oposición se pudieron expresar:

Felipe Osterling, presidente del Senado: “—Estoy indignado ante el golpe de Estado. Repudio lo que ha hecho Alberto Fujimori. Estoy con arresto domiciliario y algunos colegas senadores han sido detenidos. Este es un hecho repudiable y por eso convoco a los peruanos y a los hermanos de América frente a este latrocinio, que pisotea la Constitución y la Ley. Estoy detenido y han rodeado la manzana de mi casa. Los peruanos tienen el derecho de insurgencia, porque esto es un golpe de Estado”.

Henry Pease, senador de Izquierda Unida: “—Quiero expresar mi absoluto repudio a la decisión del presidente de la República. El señor Fujimori ha perdido legitimidad porque ha violado la legalidad y los términos en los que fue elegido. Quiero expresar mi adhesión al presidente del Senado, quien se ha expresado a pesar de estar detenido. La izquierda en particular no va a aceptar que se nos imponga otra dictadura. Esta democracia costó mucha lucha y esfuerzo del pueblo”.

Pedro Huilca, secretario general de la Central General de Trabajadores del Perú: “—Felicito la valentía de Antena 1 por propalar esta protesta ante la afrenta a la Constitución. Expresamos nuestra protesta y nuestra condena, por esta actitud”. Gustavo Mohme, principal accionista de La República: “—Tenemos intervención militar. También han entrado a la impresora. Vamos a tratar de sacar el diario. Hay una censura en este momento”. Luego de la intervención de Mohme, Antena 1 tuvo que interrumpir su transmisión por orden militar. El locutor Henry Aragón lanzó al aire el Himno Nacional.

La única radio que pudo transmitir en contra del golpe durante unos días más fue Radio Santa Rosa, una radio pastoral que transmite desde el Convento de Santo Domingo, que nunca pudo ser ubicada. La República salió al día siguiente con algunos espacios en blanco, producto de la censura. El Comercio pudo salir a circulación, a pesar de que hubo una ocupación de las tropas. El diario expresó su rechazo al golpe de Estado, en su tono contemporizador. La revista Caretas también fue ocupada brevemente. Sus periodistas protestaron. Su portada, al salir poco después, fue clara: el rostro de Fujimori con una gran X encima, y un titular que era un editorial en sí mismo: “Tachado internacionalmente”.

En su versión original, el Plan Verde tenía planteado el arresto de diversas personas allegadas al APRA, comenzando por Alan García. Fueron apresados los exministros del Interior Abel Salinas y Agustín Mantilla, quienes no tenían poder alguno para 1992. Lo mismo ocurrió con policías en situación de retiro que habían ocupado puestos de mando durante la administración aprista. La lectura del plan original contemplaba que el viejo partido tenía fuerzas de choque armadas que podrían contrarrestar la interrupción del orden democrático.

Para el 5 de abril de 1992, ese escenario no existía. Esto explica por qué el intento de arresto de Alan García fue tan rocambolesco. Cientos de soldados se trasladaron a la vivienda del expresidente, ubicada en la urbanización Chacarilla del Estanque, a pocas cuadras del Pentagonito. García fue alertado de lo ocurrido y escapó por los techos de las viviendas vecinas. Mientras tanto, el diputado y leal abogado de García, Jorge del Castillo, disparaba al aire, y luego salió a hablar con los militares. A del Castillo se lo terminarían llevando a las instalaciones de la Dirección de Fuerzas Especiales del Ejército, en Chorrillos. Allí estuvo retenido contra su voluntad durante cinco días.

El expresidente García encontró refugio a pocas viviendas. Juan Carlos Hurtado Miller, expresidente del Consejo de Ministros, le dio cabida unas pocas noches. Luego pudo ir a la casa de un amigo suyo, Carlos Montoya y, posteriormente, estuvo alojado en la vivienda de su compañera de partido, Judith de la Mata. Desde la clandestinidad, aseguraba que iniciaría una resistencia contra la dictadura. Sin embargo, 56 días después, García entraría escondido en el auto de del Castillo a la embajada de Colombia en Lima. Solicitó asilo diplomático. Se le concedió la salida dos noches más tarde. A partir de ese momento inició una estancia prolongada entre Bogotá y París, que se prolongaría durante cerca de ocho años.

* Se publica con autorización de Penguin Random House Grupo Editorial. José Alejandro Godoy: Politólogo. Docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad del Pacífico, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y ESAN Graduate School of Business. Consultor en análisis y comunicación política. Ha sido columnista y colaborador para diversos diarios y revistas en el Perú. Autor de El Comercio y la política peruana del siglo XXI (2019) y El Último Dictador. Vida y gobierno de Alberto Fujimori (2021).