Así es la situación para los periodistas que cubren las protestas en Venezuela

Imagen de referencia de la manifestación del sábado 3 de agosto en Caracas, Venezuela, en rechazo a los resultados oficiales de las elecciones presidenciales.

Foto: EFE - Ronald Peña R.

Cuatro periodistas fueron imputados en Venezuela por el delito de “terrorismo”, tras ser detenidos durante las manifestaciones en contra del resultado impartido por la autoridad electoral venezolana que dio como ganador al mandatario Nicolás Maduro en los comicios presidenciales del 28 de julio, denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

“Denunciamos el uso ilegal y arbitrario de las leyes antiterrorismo en Venezuela, especialmente contra los periodistas y reporteros gráficos detenidos durante las protestas postelectorales en el país”, dijo el SNTP en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Los cuatro periodistas encarcelados son los reporteros gráficos Yousner Alvarado y Deisy Peña, del estado Barinas (oeste) y Miranda (norte), respectivamente; el camarógrafo Paúl León, de Trujillo (oeste); y el periodista José Gregorio Carnero, de Guárico (centro), a quienes, según el SNTP, se les “ha impedido la juramentación de (una) defensa privada”.

Todas las detenciones ocurrieron después de las elecciones del pasado 28 de julio y en el contexto de las manifestaciones contra la reelección del presidente Nicolás Maduro, indicó el SNTP.

La prensa local asegura que los periodistas se encontraban en labores en el momento del arresto.

“En todos los casos se ha impedido la juramentación de defensa privada”, añadió el sindicato.

El pasado lunes 29 de julio comenzaron las protestas en las calles de Venezuela por el descontento que generó los resultados que, según la autoridad electoral venezolana, daban la victoria a Nicolás Maduro en los comicios del pasado domingo 28. Desde ese día, las oenegés que tienen presencia en el país han hecho lo posible por informar a la opinión pública sobre las muertes y detenciones, aprovechando para denunciar las arbitrariedades que han cometido las autoridades venezolanas y exigir que se proteja la vida e integridad de las personas que salen a manifestarse.

De acuerdo con la organización Foro Penal, a corte del jueves 8 de agosto, por las manifestaciones en Venezuela hay un saldo de 1.229 arrestos verificados e identificados y 11 muertos. Sin embargo, otras ONG contabilizan hasta 24 muertes.

En diálogo con Infobae, Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, que brinda asistencia a los presos políticos y sus familias en Venezuela, afirmó que la gran mayoría de los detenidos son jóvenes y que tienen en promedio 20 años. Además, indicó que están incomunicados y se les prohíbe la defensa privada.

Preguntado sobre si existe un patrón respecto a estas detenciones tras los comicios del 28 de julio, Romero explicó: “El patrón regular, digamos nuevo, que ocurrió en cuanto a estas detenciones indiscriminadas, es la restricción al derecho a la defensa. No se permite la defensa privada. Se les impone el Defensor del Estado y las audiencias se realizan con las personas encerradas en los centros de reclusión, en su mayoría sin permitir el acceso al detenido a ninguna comunicación con el exterior”.

Del mismo modo, el Observatorio de DD. HH. de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) citó en un informe 12 patrones entre los que mencionó detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, tratos crueles y degradantes, fallas procesales y la negación a una defensa privada para las personas que han arrestado en estados andinos (Mérida, Táchira y Trujillo).

Persecución contra periodistas

De acuerdo con el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) entre la semana del lunes 29 de julio y el domingo 4 de agosto se reportaron al menos 79 vulneraciones a la libertad de prensa en Venezuela. La mayoría de esos casos (62) están vinculados a la cobertura del tema electoral o a las manifestaciones ciudadanas acontecidas en decenas de ciudades y poblados de Venezuela en los días siguientes a los comicios, detalló un informe del IPYS divulgado el 5 de agosto.

“Esa documentación es alarmante” y “pone en evidencia un recrudecimiento sistemático de represión y control sobre la información de interés público Venezuela”, apuntó el instituto.

“A esto se suman situaciones de hostigamiento en redes sociales y vía pública contra numerosos colegas de distintos medios, situación exacerbada por la coyuntura política que atraviesa el país, incluidas agresiones violentas, como el caso de Jesús Romero, herido de bala mientras cubría manifestaciones en Aragua”, denunció la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y su regional, la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC).

Por su parte, de acuerdo con Espacio Público, una asociación civil que promueve los derechos humanos especialmente sobre las libertades informativas en Venezuela, se documentaron 88 casos de vulneración de la libertad de expresión desde el 28 de julio. Los abusos se contabilizaron entre periodistas, trabajadores de la prensa, medios de comunicación y ciudadanos cuyas libertades se vieron vulneradas, especialmente en conversaciones privadas y redes sociales, según la ONG.

Venezuela vive “una dinámica de hostigamiento sistémico” contra la prensa desde 2014, que se agrava en momentos de elecciones, según Carlos Correa, director de Espacio Público a Voz de América. “Es una práctica recurrente” que busca “acallar las coberturas” periodísticas y limitar las opciones informativas de la sociedad venezolana, detalló.

En ese contexto, el domingo 4 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció para condenar enérgicamente la detención de manifestantes, activistas y periodistas en Venezuela.

En su declaración, la CIDH hizo un llamado urgente al régimen de Maduro para que cese en sus tácticas de represión y libere a todos los detenidos injustamente: “La situación de derechos humanos en Venezuela sigue siendo preocupante, y hacemos un llamado claro para la liberación de todos aquellos que han sido privados de libertad por ejercer su derecho a la protesta y la libertad de expresión”.

Igualmente, exhortaron a exigir el cese de la actuación de “civiles armados en funciones de control de orden público”, así como que los organismos de seguridad cumplan con los estándares de uso progresivo y diferenciado de la fuerza, “y proteger los derechos a la vida e integridad de las personas”.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, afiliado a FIP, reportó que Paúl León, camarógrafo del canal VPItv se encontraba cubriendo una manifestación cuando fue detenido por las fuerzas de seguridad. “Según informaron organizaciones locales del estado Trujillo, Paúl León, quien es reconocido en la zona por haberse dedicado al periodismo deportivo y haber sido jefe de presa del club Trujillanos, se encontraba cubriendo una protesta cuando fue detenido por las fuerzas de seguridad”, denunció a través de su sitio web la FIP.

Otro caso fue el del periodista español Cake Minuesa que, según confirmaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación que ha gestionado su liberación en colaboración con la Embajada de España en Caracas, fue expulsado de Venezuela después de ser detenido por las autoridades del país, donde se encontraba cubriendo las elecciones presidenciales, cuando volvía de madrugada a su hotel.

Según recogió OkDiario, medio para el que trabaja Minuesa, los contactos de Exteriores con una de las viceministras de Asuntos Exteriores venezolana resultaron exitosos y el periodista fue sido trasladado a Bogotá (Colombia) desde donde viajará a España.

También, la semana pasada dos periodistas chilenos Iván Núñez y José Luis Tapia de la cadena de Televisión Nacional de Chile (TVN) fueron detenidos por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela llegando a Chururú, una localidad ubicada en las cercanías de Barinas, noroeste de Venezuela. Aunque por horas no se tuvo razón de ellos, tras la gestión diplomática del embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, los periodistas fueron deportados a Colombia.

En su denuncia general, la FIP y FEPALC reclamaron “la liberación de lxs trabajadorxs de prensa detenidxs y demanda que cese de manera inmediata todo tipo de afectaciones a la cobertura periodística independientemente de la línea editorial que expresen lxs colegas o los medios para los que se desempeñan. Todo recorte de las libertades informativas es una clara vulneración a derechos fundamentales”, escribieron en la nota.

Entre los detenidos, también se cuentan dirigentes opositores, uno de ellos el periodista Roland Carreño, activista del partido Voluntad Popular (VP).

La fiscalía además ha señalado que entre los cargos que enfrentan los detenidos están “incitación al odio” y “terrorismo”, delito que conlleva 30 años de cárcel, pena máxima en Venezuela.

Las autoridades además investigan penalmente a Machado y González Urrutia por “incitación a la insurrección” después de que pidieran apoyo a la Fuerza Armada.

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