Edmundo González no fue al Tribunal Supremo: ¿habrá consecuencias? Abogados responden

Fotografía que muestra un cartel del candidato presidencial de la oposición en los comicios de Venezuela, Edmundo González Urrutia.

Foto: EFE - Orlando Barría

Sobre el candidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, pesan amenazas de acciones judiciales en contra, desde la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sin dejar de mencionar que el propio gobernante Nicolás Maduro le advirtió al diplomático que habría consecuencias por desacatar citaciones del máximo juzgado del país que pretende tener la última palabra en el caso del denunciado fraude en las elecciones del 28 de julio.

Sobre la controversia electoral, el TSJ ha citado dos veces a los candidatos que participaron en las elecciones presidenciales (10 en total), de los cuales sólo Edmundo González no ha atendido los llamados al denunciar que según la Constitución, la competencia en materia de resultados de los comicios la tiene el Poder Electoral y no el Judicial y advertir que de acudir a la Sala Electoral lo haría en estado de indefensión por ausencia del debido proceso.

¿Qué consecuencias podría tener esta situación para el embajador de carrera? De entrada, el codirector de la ONG Acceso a la Justicia, dedicada al monitoreo del Poder Judicial, Alí Daniels y el abogado defensor de presos políticos, Eduardo Torres, señalaron que en ausencia del debido proceso y la falta de autonomía del TSJ y de los tribunales del país, denunciada por Michel Bachelet como alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, la Misión de Determinación de Hechos y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, cualquier medida (desacato, multa, orden de captura) que se tome contra Edmundo González obedecerá a una decisión política y no jurídica.

Primera citación

El 31 de julio, Maduro introdujo ante la Sala Electoral del TSJ, un recurso contencioso electoral para que alto tribunal “aclare” todo lo relacionado con los resultados electorales emanados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que lo dan como ganador de los comicios presidenciales con 51,95% de la votación sobre 43,18% atribuido a González Urrutia. Al declarar admitido el recurso un día después, la Sala se declaró competente para investigar y certificar la votación y citó en una primera oportunidad a los 10 candidatos que participaron en las presidenciales para el 2 de agosto.

Sólo Edmundo González no asistió al no reconocer la competencia del TSJ para dirimir la controversia y recalcar que el CNE como poder autónomo debía publicar las actas de votación mesa por mesa para que los resultados puedan ser auditados. Sostuvo además que las actas recabadas por los testigos electorales demuestran que derrotó a Maduro en las urnas 67% a 30%. Vale acotar que Enrique Márquez, aunque asistió a la Sala Electoral, no firmó el acta porque no se le suministró una copia del recurso de Maduro y al igual que González Urrutia, instó al ente comicial a publicar los resultados desglosados de la votación en todo el país.

“Cuando se produce una citación, debe ir acompañada de la copia de la demanda que es el recurso que introdujo Nicolás Maduro, pero eso no ocurrió, ningún candidato conoce el documento y lo denunció Márquez. Sólo se sabe que es un recurso contencioso para certificar resultados electorales. Tampoco se especifica en calidad de qué fueron citados si como partes, peritos, testigos porque si es como parte debe tener acceso al expediente y las pruebas. Tampoco se aclaró si podían llevar abogados”, señaló Daniels.

Segunda citación

El TSJ citó por segunda ocasión a los candidatos presidenciales y organizaciones políticas que los postularon, mediante un cronograma que fijó audiencias entre los días 7 y 9 de agosto. González Urrutia fue citado nuevamente para el primer día a las 11:00 a.m. No acudió y la Sala Electoral dejó constancia de su ausencia.

«Es importante que conste en acta su incomparecencia y su no acatamiento a la citación debida, perfectamente practicada para que se encontrara hoy ante esta máxima autoridad de nuestro Tribunal Supremo de Justicia», subrayó la presidenta del TSJ y de la Sala Caryslia Beatríz Rodríguez.

Quiénes sí acudieron fueron representantes de los partidos Un Nuevo Tiempo, MUD y Movimiento por Venezuela que inscribieron la candidatura del diplomático ante el Poder Electoral. Manuel Rosales, José Luis Cartaya y Simón Calzadilla recalcaron que es deber constitucional del Consejo Nacional Electoral (CNE) publicar los resultados mesa por mesa y demostrar que fue Maduro y no González quien ganó la elección, algo a lo que hasta ahora el ente comicial se ha negado.

Daniels considera acertado que las organizaciones políticas, así como Márquez, quien también ha denunciado irregularidades, acudieran al TSJ como parte de una estrategia para dejar constancia de la falta de legalidad del proceso, que advirtió no sigue los pasos contemplados en la Ley Orgánica del TSJ sobre el recurso contencioso electoral, sino que “pareciera que se inventan” en la medida que transcurre el proceso. Recalcó que constitucionalmente corresponde al CNE y no al TSJ declarar quién ganó las elecciones y permitir las auditorías que avalen o no los resultados.

Estado de “indefensión”

La noche anterior a la segunda citación, Edmundo González señaló que de ir a la citación estaría convalidando la usurpación de funciones del CNE por parte del TSJ.

«Si llegare a acudir ante la Sala Electoral lo haría en situación de absoluta indefensión, porque el trámite adelantado por la Sala Electoral, tal como ha sido anunciado por los medios de comunicación, no se corresponde con ningún procedimiento legal contemplado en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia u otra ley similar de jurisdicción electoral», dijo.

Daniels también recordó que a diferencia del resto de los candidatos que sí han ido al máximo juzgado del país, González Urrutia corre más peligro en vista de las amenazas de prisión en su contra, solicitadas no sólo por Maduro sino por el presidente de la Asamblea Nacional de 2020, Jorge Rodríguez.

El pasado fin de semana, el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab negó que existiera órdenes de captura contra el diplomático y la líder opositora María Corina Machado. Pero el lunes 5 de agosto anunció investigación penal contra ambos por los delitos de usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la insurrección, asociación para delinquir y conspiración.

Esto, a partir de un comunicado que los opositores dirigieron a la Fuerza Armada y a las policías del país para que cesara la represión contra quienes protestas por los resultados electorales que dio el CNE, aunado a ello, el diplomático firmó el comunicado como “presidente electo”.

“Sanción leve”

Tanto Torres como Daniels señalaron que las medidas contra González Urrutia podrían ir desde la declaratoria de desacato por parte del TSJ hasta una orden de captura solicitada por la Fiscalía por la supuesta comisión de los delitos señalados.

“Existen supuestos de desacato que inventó el TSJ como los que aplicó en los juicios contra los alcaldes en los que resultó detenido Daniel Ceballos (2014), allí se estableció sanción de privativa de libertad (1 año) por desacato (permitir protestas antigubernamentales en su municipio)”, apuntó Daniels.

Citó además el artículo 485 del Código Penal que señala: “El que hubiere desobedecido una orden legalmente expedida por la autoridad competente o no haya observado alguna medida legalmente dictada por dicha autoridad en interés de la justicia o de la seguridad o salubridad públicas, será castigado con arresto de cinco a treinta días, o multa de veinte a ciento cincuenta bolívares”, con lo que resaltó que, en todo caso, la sanción por no acudir a la citación debería ser leve.

“Pero si se inventan un procedimiento para certificar resultados electorales que no está entre las competencias de la Sala Electoral, pueden inventar cualquier cosa. La Sala Electoral nunca ha fallado contra el partido de gobierno (Psuv), todas las decisiones han sido políticas, no jurídicas. Resaltamos además la falta de transparencia porque el TSJ pide recaudos que no se sabe si el CNE entregó, nunca hubo la intención de publicar resultados electorales, sino que se reconozca a alguien como presidente por un acto de fe”, reprochó Daniels.

Torres advirtió que fiscales y jueces que se presten para cualquier acción contra González Urrutia deben saber que comenten delitos considerados crímenes de lesa humanidad por ser un patrón del Estado contra la disidencia política y por desconocer la voluntad popular manifestada en las elecciones.

“Se criminaliza, se persigue, se encarcela como parte de una ola represiva desatada por desconocimiento a la voluntad de los electores, lo que ratifica la ausencia de estado derecho. Es grosero y aberrante todo lo que está ocurriendo, sólo porque no pueden mostrar unas actas, ni siquiera forjadas, que avalan un supuesto triunfo de Maduro, quien convierte al TSJ en cómplice de su fraude, ya no es sólo el CNE”, dijo.

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