La denominada democracia participativa y protagónica proponía un sistema de gobierno seudoplebiscitario que legitimaba sus decisiones en una amplia participación del pueblo en las urnas. Una narrativa que impulsó el chavismo y cautivó el corazón de la izquierda europea y latinoamericana, la “Revolución Bolivariana” era la “Revolución Bonita”.
Pero las elecciones en la era chavista no son libres ni justas ni transparentes. A continuación, el recuento de 15 de las principales trampas que hacen parte del arsenal chavista de cara a las elecciones.
Uso de la infraestructura y recursos del Estado en favor de los candidatos del oficialismo: una característica inherente a las elecciones en Venezuela es el uso de los recursos públicos en favor de los candidatos del oficialismo a las diferentes elecciones, el uso descarado de los recursos del Estado al servicio de una tendencia política. Con Chávez y los altos ingresos petroleros de la primera década del siglo XXI se estableció una robusta relación clientelar y electoral con la población.
Movilización de funcionarios públicos a las concentraciones chavistas: todos los trabajadores de los entes públicos son “invitados” a las movilizaciones en favor de la Revolución Bolivariana, y para facilitar esa muestra “espontánea” de apoyo se dispone de transporte desde las oficinas y centros de trabajo a los puntos de concentración, así como de refrigerios y almuerzos, que son entregados con el debido registro en listas y planillas, en la época de las vacas gordas. Con las vacas flacas solo hay registro y firmas sin transporte ni refrigerios.
Bloqueo a las movilizaciones y campañas de la oposición: se niegan los permisos para concentraciones y marchas, se prohíbe el paso y llegada a determinados lugares. Se suspenden los medios de transporte como el metro en el caso de Caracas y se multa por diferentes razones a quienes alquilan buses o sistemas de sonido y logística.
Aportes “voluntarios” de los funcionarios públicos al PSUV: los funcionarios públicos “voluntariamente” donan días de salario al Partido Socialista Unido de Venezuela (el PSUV), aquellos que no lo hacen pierden beneficios, no ascienden o incluso son despedidos. Todas las instituciones con participación del Estado son “rojas rojitas”.
Sanciones e investigaciones a los privados que apoyan a los partidos de oposición: con el cambio de la Constitución y las leyes electorales se prohíbe el financiamiento público de los partidos, obligándolos a depender de su militancia y el apoyo del sector privado. Sin embargo, las empresas y gremios que deciden apoyar a los partidos de la oposición son investigadas y sancionadas arbitrariamente con falsas acusaciones o acomodadas interpretaciones de la legislación tributaria.
Lista Tascón y Programa Maisanta: en el marco del referendo revocatorio contra Hugo Chávez en 2004, el diputado Luis Tascón publicó la lista de los ciudadanos que firmaron la solicitud de revocatorio, dicha lista fue usada para la persecución política en los diferentes estamentos del Estado, el Programa Maisanta cruzó la información para limitar el acceso a la política social y a los servicios. Después fue la lista de los que no firmaron contra el Decreto Obama, el uso de listas para la segregación se ha convertido en un modus operandi del chavismo.
Ampliación del padrón electoral con población colombiana: la denominada “Misión Identidad” regularizó a la población colombiana en Venezuela otorgándole una cédula, acceso a la política social y derecho a participar en las elecciones; los colombianos votaron por el oficialismo y fueron fundamentales para la permanencia de Hugo Chávez en el poder. Una década después, cuando los colombianos empezaron a votar por la oposición no se les renovó la cédula, la cual vence cada diez años.
Persecución de los medios de comunicación: una de las dimensiones más importantes del chavismo es la comunicacional. Desde un primer momento entró en confrontación con los medios de comunicación, pero en torno a los certámenes electorales la sensibilidad aumenta. El oficialismo trata de contener toda la información adversa a su gestión y resultados, incluso ha creado marcos legales para prohibir medios nacionales e internacionales que no siguen la línea política y sus narrativas. No son extrañas las multas a medios y periodistas por informar sobre irregularidades en la campaña o en las elecciones.
Acomodación de las fechas para la realización de los certámenes electorales: valiéndose del cambio Constitucional, de la refrendación de los cargos de elección popular en el 2000 y hasta de la muerte del propio Chávez, se relativizó el calendario electoral tanto de autoridades nacionales como locales y estadales. Ahora la fecha de las elecciones es una decisión que se acomoda a la estrategia política del chavismo, lo que ha significado un deterioro de la competencia electoral.
Manipulación del padrón electoral: la depuración por fallecimiento, la inscripción de los nuevos votantes, la actualización por cambio de domicilio y el registro de los venezolanos en el exterior es una labor que depende del momento político para el oficialismo y dentro de las reglas ventajistas que determinan las autoridades electorales. Se abre y cierra de acuerdo con el momento político, en los años de Chávez se abrió para permitir el voto de los colombianos regularizados, en tiempos de Maduro se limita para evitar el voto de las nuevas generaciones y de la diáspora.
Inhabilitación de candidatos: María Corina Machado, Henrique Capriles, Julio Borges, Leopoldo López, Juan Pablo Guanipa, entre muchos otros, todos los líderes de la oposición en sus diferentes vertientes son inhabilitados o perseguidos judicialmente para evitar su participación.
Secuestro de las tarjetas de los partidos opositores: primero fue contra los partidos Opositores como Acción Democrática, COPEI o Primero Justicia, entre otros, pero después el madurismo se apropió hasta de la tarjeta del Partido Comunista Venezolano (PCV), aliado de la Revolución Bolivariana e histórico partido de izquierda. Por medio de procedimientos judiciales se entrega el partido a colaboracionistas y se desconoce a su dirigencia y militancia.
Bloquear la observación electoral y limitar el acompañamiento internacional: arguyendo motivos de soberanía nacional se limita la participación de observadores internacionales que puedan evidenciar las asimetrías de la contienda electoral y se invita amigos y simpatizantes internacionales de la Revolución Bolivariana para que convaliden los resultados y alaben el proceso, sin criterios técnicos y dentro de las burbujas cuidadosamente preparadas por el gobierno.
Cambio de los centros y puestos de votación: una práctica habitual del chavismo es dificultar el ejercicio del voto de los ciudadanos que se identifican como opositores, en aquellos puntos donde suele perder el oficialismo se generan trabas para la participación, se trastean mesas a lugares de la ciudad peligrosos o dominados por sectores afectos al chavismo y se limita la asistencia de testigos electorales de la oposición.
“Carnet de la Patria” y “Puntos Rojos”: en tiempos de escasez y pobreza el gobierno limita el acceso no solo a la política social sino a bienes y servicios esenciales con la identificación política. Los ciudadanos son obligados a identificarse como militantes de la Revolución Bolivariana con el carnet de la Patria, para poder acceder a bienes básicos como medicamentos esenciales. En los días de elecciones se hacen campañas de renovación de los carnets en las cercanías de los puestos de votación, los denominados Puntos Rojos, constriñendo la participación electoral.
Lo verdaderamente sorprendente es que después de 25 años de estas y otras argucias del chavismo en las elecciones, la oposición hace un esfuerzo por lograr un cambio político electoral en las próximas elecciones del 28 de julio.
Ronal F. Rodríguez es vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, y coordinador del Radar Colombia Venezuela en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.
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