El avión que le incautó EE. UU. a Maduro fue utilizado para transportar a Saab
Los más recientes informes apuntan a que la aeronave fue usada en varios viajes claves de la política internacional venezolana reciente, así como en la liberación de Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro.
La aeronave del mandatario venezolano, confiscada por Estados Unidos en República Dominicana, ha sido clave en algunos asuntos de la política internacional del país vecino. El avión, que Washington aseguró que fue comprado a través de una empresa fantasma por unos US$13 millones, es operado para el beneficio del presidente y de personas afiliadas a él en Venezuela, según informes del Departamento de Justicia.
Reportes de prensa apuntan a que la última vez que se vio bajar al mandatario de allí fue en diciembre de 2023, en la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom), y que el líder venezolano usó el avión para sus viajes a San Vicente y Las Granadinas, donde se reunió con Irfaan Ali, presidente de Guyana, en su disputa por el Esequivo. Los informes también apuntan a que de ahí mismo descendió Álex Saab, su presunto testaferro, tras un acuerdo de liberación de presos con Estados Unidos.
El portal de rastreo de aeronaves Flight Radar 24 mostró que el avión, un jet privado Dassault Falcon 900EX, voló desde Santo Domingo a Fort Lauderdale el lunes por la mañana. Washington afirmó que a finales de 2022 y principios de 2023 individuos vinculados a Maduro habrían usado una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión. En abril del año pasado, la aeronave fue exportada ilegalmente desde Estados Unidos hacia Venezuela, a través del Caribe, y a partir de mayo de ese año voló casi exclusivamente desde y hacia una base militar en Venezuela.
La matrícula del avión en Estados Unidos fue cancelada en enero de 2023, según los registros públicos de la Administración Federal de Aviación, porque fue exportado a San Vicente y las Granadinas. Los registros de institución muestran que una empresa con sede en Florida lo vendió a una sociedad de responsabilidad limitada allí, pero los registros de empresas no parecen tener una entidad con ese nombre, informó El Nuevo Herald.
La información oficial apunta a que el avión fue confiscado con base en las sanciones estadounidenses que pesan sobre el país latinoamericano. De hecho, un alto funcionario, citado por CNN, dijo: “Esto envía un mensaje a los altos mandos. La confiscación del avión de un jefe de Estado extranjero es algo inaudito en materia penal. Estamos enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses”.
Varias agencias federales estuvieron involucradas en la incautación, incluidas la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, agentes de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad y el Departamento de Justicia. La primera de ellas, una de las más importantes del gobierno federal, también ha confiscado decenas de vehículos de lujo y otros bienes relacionados con altos mandos de Venezuela. En los últimos años, ha incautado unos US$2.000 millones de ingresos o recursos ilícitos del gobierno venezolano, incluyendo sentencias, embargos y liquidaciones de cuentas bancarias.
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La aeronave del mandatario venezolano, confiscada por Estados Unidos en República Dominicana, ha sido clave en algunos asuntos de la política internacional del país vecino. El avión, que Washington aseguró que fue comprado a través de una empresa fantasma por unos US$13 millones, es operado para el beneficio del presidente y de personas afiliadas a él en Venezuela, según informes del Departamento de Justicia.
Reportes de prensa apuntan a que la última vez que se vio bajar al mandatario de allí fue en diciembre de 2023, en la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom), y que el líder venezolano usó el avión para sus viajes a San Vicente y Las Granadinas, donde se reunió con Irfaan Ali, presidente de Guyana, en su disputa por el Esequivo. Los informes también apuntan a que de ahí mismo descendió Álex Saab, su presunto testaferro, tras un acuerdo de liberación de presos con Estados Unidos.
El portal de rastreo de aeronaves Flight Radar 24 mostró que el avión, un jet privado Dassault Falcon 900EX, voló desde Santo Domingo a Fort Lauderdale el lunes por la mañana. Washington afirmó que a finales de 2022 y principios de 2023 individuos vinculados a Maduro habrían usado una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión. En abril del año pasado, la aeronave fue exportada ilegalmente desde Estados Unidos hacia Venezuela, a través del Caribe, y a partir de mayo de ese año voló casi exclusivamente desde y hacia una base militar en Venezuela.
La matrícula del avión en Estados Unidos fue cancelada en enero de 2023, según los registros públicos de la Administración Federal de Aviación, porque fue exportado a San Vicente y las Granadinas. Los registros de institución muestran que una empresa con sede en Florida lo vendió a una sociedad de responsabilidad limitada allí, pero los registros de empresas no parecen tener una entidad con ese nombre, informó El Nuevo Herald.
La información oficial apunta a que el avión fue confiscado con base en las sanciones estadounidenses que pesan sobre el país latinoamericano. De hecho, un alto funcionario, citado por CNN, dijo: “Esto envía un mensaje a los altos mandos. La confiscación del avión de un jefe de Estado extranjero es algo inaudito en materia penal. Estamos enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses”.
Varias agencias federales estuvieron involucradas en la incautación, incluidas la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, agentes de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad y el Departamento de Justicia. La primera de ellas, una de las más importantes del gobierno federal, también ha confiscado decenas de vehículos de lujo y otros bienes relacionados con altos mandos de Venezuela. En los últimos años, ha incautado unos US$2.000 millones de ingresos o recursos ilícitos del gobierno venezolano, incluyendo sentencias, embargos y liquidaciones de cuentas bancarias.
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