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En la madrugada del lunes 3 de diciembre de 2007, al conocerse el primer boletín con los resultados del referéndum constitucional realizado el día anterior, un contrariado Hugo Rafael Chávez Frías salía a reconocer la victoria de “mierda” de la oposición, como él la calificó, en el discurso de “aceptación” de la derrota.
Era una consulta compuesta por dos bloques: el primero con una votación del 50,70 % por el no y un 49,29 % por el sí y el segundo bloque un 51,05 % por el no y un 48,94% por el sí. La propuesta de reforma constitucional impulsada por el presidente era derrotada, con apenas una diferencia de 124.962 votos del primer bloque y 187.196 para el segundo, según los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El primer bloque buscaba modificar 46 artículos de la Constitución de 1999, y el segundo otros 23 artículos; nunca hubo claridad del porqué de la división. La abstención rondó el 44 % muy diferente a la elección presidencial celebrada en 3 de diciembre de 2006, en la cual la abstención era de apenas el 25 %. Chávez que convertía a todas las elecciones en una especie de plebiscito de su liderazgo perdía casi tres millones de votos en exactamente un año.
Se suelen reconocer como causas de la derrota la indignación que causó en la opinión pública la arremetida del chavismo contra los medios de comunicación especialmente por la no renovación de la licencia de RCTV, el canal de televisión histórico de los venezolanos; la movilización estudiantil que asumió el liderazgo de la oposición en contra de la reforma constitucional; la escisión de importantes figuras del chavismo que se opusieron a la reforma, el más emblemático de todos: Raúl Isaías Baduel, compadre de Chávez, y exministro de Defensa; y la causa determinante fue, para muchos, la pugna que causó en el interior del oficialismo la apropiación del poder territorial que pretendía el presidente al desconocer la fuerza política de los gobernadores y alcaldes.
Chávez no aceptó la derrota. La reforma constitucional que pretendía imponer el modelo socialista fue impuesta en contra de la voluntad popular a través de decretos con fuerza de ley amparados por la Asamblea Nacional de mayoría chavista que le otorgó al presidente los poderes de la denominada “ley habilitante”, un instrumento existente en el ordenamiento legal venezolano para que el presidente legisle de forma directa ante situaciones especiales. La frágil democracia venezolana se rompió.
La reelección indefinida la logró Chávez con la enmienda constitucional de 2009, ganando el referéndum consultivo con un 54,85 % de los votos por el sí, contra un 45,14% por el no, y una abstención que rondó el 29 %. A diferencia de la reelección indefinida reservada para el presidente de la reforma constitucional derrotada, en esta ocasión Chávez extendió a todos los cargos de elección popular la posibilidad de la reelección, logrando que gobernadores y alcaldes oficialistas, pero también opositores, hicieran campaña por el sí.
En 2010 la oposición logró la mayoría de los votos para la Asamblea Nacional, el poder legislativo que estaba en manos del oficialismo desde el 2000 y que dominó completamente en 2005, cuando la oposición se negó a participar. Por los cambios en el sistema electoral y en la adjudicación de los escaños, el chavismo con menos votos logró 98 de 165 puestos. Esto llevó a la oposición a un trabajo de organización política de cinco años, hasta que el domingo 6 de diciembre de 2015 la Mesa de la Unidad Democrática, que reunía a la mayoría de los partidos y facciones de la oposición, se quedó con 112 de los escaños logrando la mayoría calificada.
Nicolás Maduro, menos popular que su padre político, resultó un peor perdedor. Con apenas un mes entre la elección y la posesión de la nueva Asamblea, tomaron todas las medidas posibles para torpedear la llegada de la mayoría opositora al legislativo. Después, el oficialismo recurrió a diferentes procedimientos para romper la mayoría calificada, hasta que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) impugnó a tres asambleístas indígenas de la oposición por el estado Amazonas. Era una mayoría calificada que entre otras cosas permitía elegir a los rectores del CNE y rompía la hegemonía que el oficialismo ejercía sobre el poder electoral desde el cambio constitucional.
Maduro, menos dado a cuidar las formas y controlando el poder judicial, logró que la Asamblea Nacional fuera declarada en desacato, y a finales de marzo de 2017 la sala constitucional del TSJ se arrogó las funciones del parlamento, despojando de sus competencias al Asamblea venezolana de mayoría opositora. A pesar de la protesta y la brutal represión, 143 personas fallecieron en las manifestaciones de ese año según los datos de PROVEA, el 1.° de mayo Nicolás Maduro Moros convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, bajo unas peculiares reglas que atentaban contra los principios de representación democrática.
Ese mismo año en las locales Maduro terminó de vaciar de contenido las elecciones. Los candidatos opositores que ganaban debían juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, los que no lo hicieron así no fueron reconocidos como autoridades territoriales, como sucedió en el estado Zulia, el más grande políticamente. Juan Pablo Guanipa, de la oposición, que ganó con el 51,35 % contra Francisco Arias Cárdenas, del oficialismo, que obtuvo el 47,38%. Por no juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro se desconoció la voluntad del pueblo.
A Leidy Gómez, opositora que ganó la gobernación del estado Táchira y quien se juramentó ante dicha Asamblea de Maduro, a pesar de que la constitución vigente y el orden legal no lo exigía, le nombraron como “protector” a Freddy Bernal, después que había derrotado al candidato oficialista José Vielma Mora con 63,27 % de los votos contra un 35,41 %. La figura del “protector”, que no existe en el orden legal venezolano, se quedó con los poderes de la gobernación y el presupuesto. En tiempos de Maduro el chavismo ha hecho todo lo posible para desalentar la participación de los sectores que se identifican como parte de la oposición.
El chavismo no es un buen perdedor, no reconoce el principio democrático de la alternancia en el ejercicio del poder. La “Revolución Bolivariana” no acepta que la oposición conquiste por las urnas el poder ejecutivo o legislativo, ni en el orden nacional o en el orden territorial, estadal y local. En Venezuela se realizan elecciones y el chavismo que en tiempos de Chávez buscaba legitimar en las urnas el cierre democrático, pero ahora con Nicolás Maduro, a quien las elecciones le resultan más incomodas, se somete a ellas, pero cada vez acaricia la posibilidad de dar el último paso en la consolidación de la dictadura.
El régimen chavista-madurista le apostó a la fragmentación de la oposición y a la abstención de todos los sectores contrarios a la “Revolución Bolivariana”, pero la oposición sorprendentemente permanece unida y parece que todo aquel que puede votar contra Maduro está decidido hacerlo el próximo 28 de julio.
Sin embargo, Maduro, siempre subestimado por sus detractores, no espera con los brazos cruzados como le arrebatan el poder. Los casi seis meses entre las elecciones y la posesión presidencial y el control del chavismo de todo el Estado, de todos los poderes y los diferentes cuerpos de seguridad, y la tradicional costumbre de no aceptar la voluntad del pueblo cuando le es adversa pronostican que lo más difícil está por venir para Venezuela.
* Ronal Rodríguez es vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, y coordinador del Radar Colombia Venezuela en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.
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