El Gobierno dominicano negó tener un rol activo en el decomiso del avión de Maduro
El ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, afirmó que el Ejecutivo no intervino en el proceso de confiscar la aeronave del mandatario venezolano y que se limitó a cumplir con lo ordenado por los tribunales del país, que actuaron bajo un pedido de cooperación con las autoridades estadounidenses.
El Gobierno de República Dominicana afirmó que la entrega a las autoridades de Estados Unidos del avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que se encontraba en el país desde mayo pasado por cuestiones de mantenimiento, fue autorizada tras dos órdenes de la justicia dominicana.
El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, afirmó que el Gobierno no intervino en el proceso y que se limitó a cumplir con lo ordenado por los tribunales del país, al tiempo que aseguró que la aeronave no estaba a nombre de Maduro ni del Gobierno venezolano, sino de una empresa particular.
Álvarez, quien habló en la rueda de prensa de los lunes que ofrece el presidente dominicano, Luis Abinader, explicó que el Ministerio Público recibió una solicitud de cooperación jurídica internacional para que inmovilizara el avión por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ante las investigaciones de ese organismo sobre que el aparato pertenecería a actividades de fraude, contrabando de bienes y lavado de activos.
“El avión estaba en el país desde mayo para fines de mantenimiento, ya que aquí hay servicios de buena calidad”, indicó el canciller. En respuesta a las preguntas de los medios de comunicación durante la rueda de prensa, detalló que el 22 de mayo se recibió una orden de un tribunal competente dominicano que autorizó inmovilizar la aeronave y “en el día de hoy, 2 de septiembre, se recibió otra orden jurídica autorizando la entrega a Estados Unidos. El Ministerio Público lo entregó”.
El diplomático reiteró que han sido los tribunales los que han verificado los méritos de la confiscación del avión, ante solicitudes en ese sentido de la entidad dominicana. “Las informaciones sobre este asunto debe ofrecerlas el Ministerio Público, que goza de autonomía, y el Gobierno central no opina sobre esto. Nosotros (el Gobierno) nos enteramos de esa solicitud cuando recibimos la nota formal”, afirmó el funcionario.
Estados Unidos informó este lunes que el avión oficial de Maduro había sido confiscado en República Dominicana con base en las violaciones de las sanciones que pesan sobre Venezuela. A través de un comunicado, el Gobierno estadounidense confirmó la noticia filtrada previamente por CNN y comunicó la incautación de una aeronave Dassault Falcon 900EX, propiedad de Nicolás Maduro y de personas afiliadas a él en Venezuela, que era operada a su nombre.
La aeronave fue incautada en República Dominicana con la asistencia de las autoridades del país y transferida a Florida por haber sido “comprada ilegalmente” por US$13 millones, “a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para su uso por parte de Nicolás Maduro y sus compinches”, denunció el fiscal general, Merrick B. Garland.
Por otra parte, el Gobierno de Venezuela, que tildó la confiscación de “piratería”, anunció este lunes que se reserva el derecho a “emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, así como todos los otros causados por la política criminal” de Estados Unidos.
A juicio de Caracas, “esta no es una acción aislada”, sino que “forma parte de una escalada de acciones contra el Gobierno”, tras las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial dio la victoria a Maduro, lo que no ha sido reconocido por numerosos países, toda vez que la oposición mayoritaria denuncia fraude y se adjudica la victoria.
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El Gobierno de República Dominicana afirmó que la entrega a las autoridades de Estados Unidos del avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que se encontraba en el país desde mayo pasado por cuestiones de mantenimiento, fue autorizada tras dos órdenes de la justicia dominicana.
El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, afirmó que el Gobierno no intervino en el proceso y que se limitó a cumplir con lo ordenado por los tribunales del país, al tiempo que aseguró que la aeronave no estaba a nombre de Maduro ni del Gobierno venezolano, sino de una empresa particular.
Álvarez, quien habló en la rueda de prensa de los lunes que ofrece el presidente dominicano, Luis Abinader, explicó que el Ministerio Público recibió una solicitud de cooperación jurídica internacional para que inmovilizara el avión por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ante las investigaciones de ese organismo sobre que el aparato pertenecería a actividades de fraude, contrabando de bienes y lavado de activos.
“El avión estaba en el país desde mayo para fines de mantenimiento, ya que aquí hay servicios de buena calidad”, indicó el canciller. En respuesta a las preguntas de los medios de comunicación durante la rueda de prensa, detalló que el 22 de mayo se recibió una orden de un tribunal competente dominicano que autorizó inmovilizar la aeronave y “en el día de hoy, 2 de septiembre, se recibió otra orden jurídica autorizando la entrega a Estados Unidos. El Ministerio Público lo entregó”.
El diplomático reiteró que han sido los tribunales los que han verificado los méritos de la confiscación del avión, ante solicitudes en ese sentido de la entidad dominicana. “Las informaciones sobre este asunto debe ofrecerlas el Ministerio Público, que goza de autonomía, y el Gobierno central no opina sobre esto. Nosotros (el Gobierno) nos enteramos de esa solicitud cuando recibimos la nota formal”, afirmó el funcionario.
Estados Unidos informó este lunes que el avión oficial de Maduro había sido confiscado en República Dominicana con base en las violaciones de las sanciones que pesan sobre Venezuela. A través de un comunicado, el Gobierno estadounidense confirmó la noticia filtrada previamente por CNN y comunicó la incautación de una aeronave Dassault Falcon 900EX, propiedad de Nicolás Maduro y de personas afiliadas a él en Venezuela, que era operada a su nombre.
La aeronave fue incautada en República Dominicana con la asistencia de las autoridades del país y transferida a Florida por haber sido “comprada ilegalmente” por US$13 millones, “a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para su uso por parte de Nicolás Maduro y sus compinches”, denunció el fiscal general, Merrick B. Garland.
Por otra parte, el Gobierno de Venezuela, que tildó la confiscación de “piratería”, anunció este lunes que se reserva el derecho a “emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, así como todos los otros causados por la política criminal” de Estados Unidos.
A juicio de Caracas, “esta no es una acción aislada”, sino que “forma parte de una escalada de acciones contra el Gobierno”, tras las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial dio la victoria a Maduro, lo que no ha sido reconocido por numerosos países, toda vez que la oposición mayoritaria denuncia fraude y se adjudica la victoria.
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