El “libro negro de la dictadura”: reporte de “terrorismo de Estado” en Venezuela

En 1952, el periodista y escritor venezolano José Agustín Catalá editó de manera clandestina “El libro negro”, un reporte amplio sobre los crímenes cometidos por la dictadura de Marcos Pérez Jiménez que trabajó de manera clandestina con mucho detalle, para responder a una deuda con la historia del país.

Ahora, siguiendo sus pasos, un grupo de organizaciones de derechos humanos han llevado a cabo el mismo ejercicio de documentación para denunciar las torturas que ha cometido el gobierno de Nicolás Maduro, enfocándose particularmente en el período posterior a las elecciones del pasado 28 de julio. Los autores y las autoras de este nuevo documento esperan que tengan el mismo impacto que tuvo en su momento el texto de Catalá.

El informe titulado “Crisis postelectoral y de Derechos Humanos 2024 en Venezuela”, que tiene por subtítulo “El informe negro de la dictadura 2024″, en referencia al ejercicio de Catalá, llega a una conclusión fulminante: hay “terrorismo de Estado” en Venezuela. Según un análisis del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina y las organizaciones que acompañaron este trabajo, al menos el 21.7 % de los artículos de la Constitución venezolana han sido derogados por el Gobierno, erosionando ampliamente la institucionalidad democrática y llevando a que no se puedan ejercer los derechos de libertad de reunión pacífica y asociación, entre muchos otros.

A pesar de los muchos esfuerzos del Gobierno de Maduro por atacar las manifestaciones de la oposición, la población ha salido a mostrar su descontento con la dirección del país. Solo en el primer semestre de 2024 se registraron 2.383 protestas, de las cuales las exigencias por Derechos Económicos, Sociales y Culturales representaban el 56 %. Nada más en julio se reportaron 1.311 movilizaciones, de las cuales el 90 % fue por la demanda de derechos civiles y políticos.

Pero mostrar oposición en Venezuela tiene un costo enorme: en el período anterior a las elecciones, 169 personas fueron detenidas de manera arbitraria por razones políticas, siendo uno de los casos el de la defensora de Derechos Humanos Rocío San Miguel, sobre quien recayó una persecución que afectó también a su familia.

“El abogado Juan González Taguaruco denunció que parte del grupo familiar de San Miguel también habrían sido detenidos, incluyendo su hija Miranda Díaz San Miguel, Miguel Ángel San Miguel Sosa (hermano), Alberto San Miguel (hermano), Victor Díaz Paruta (el padre de su hija) y Alejandro González (exesposo de la activista)”, destaca el informe.

Posterior al 28 de julio,“la movilización popular en reacción al desconocimiento de la voluntad popular fue abordado por el gobierno mediante una combinación de métodos duros y blandos’, como había diagnosticado la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas”, destaca el informe.

“Para neutralizar a corto plazo las protestas, las autoridades ordenaron una represión masiva y feroz, en la que entre 24 a 26 personas habrían perdido la vida en el contexto de manifestaciones... Hasta el 29 de agosto había 1.590 detenidos confirmados por las ONG, 86.1 % hombres y 13.9 % mujeres”, destacan las principales cifras del documento.

En los procesos de detención preocupa el patrón de detenciones de corta duración, la negativa a los detenidos de poder ser representados por sus abogados de confianza, la aplicación masiva de la legislación contra el terrorismo, realización de audiencias virtuales en juicios sumarios y la privación de libertad a adolescentes y personas con discapacidad. Además, después del 28 de julio se registraron por lo menos 184 actuaciones de civiles armados, conocidos como “Colectivos”.

También se dedica todo un apartado a profundizar en las condiciones que permiten señalar que el proceso electoral en Venezuela no fue transparente o justo. Unas 49 personas habrían sido detenidas por suministrar bienes y servicios a la campaña de Edmundo González Urrutia, mientras que 24 establecimientos habrían sufrido sanciones por este motivo.

El informe destaca la historia del restaurante Pancho Grill que está en la orilla de la carretera en Corozo Pando. “Debido a la crisis, muchas veces no venden comida. A veces venden 6 empanadas en un día y 2 o 3 almuerzos. Eso es todo. En el año 2021, en otro recorrido realizado por María Corina Machado, se paró en ese lugar, conversó con todas las hermanas, comieron, se tomaron una foto y siguió su camino, esta vez, en el recorrido a Apure, en la mañana del 22 de mayo de 2024 se volvió a parar en el lugar y les dijo que se acordaba de ellas. Compró desayuno para 14 personas. De ese episodio hay fotos y videos”, relata el documento.

“Horas después de la visita de María Corina Machado llegó el Seniat. Eran dos funcionarias y un uniformado de la GNB. Venían de Calabozo. Calabozo es una ciudad a 55 kilómetros de distancia de Corozo Pando. Les declararon un cierre, en principio, por 15 días, diciendo que debían estar en regla con el Seniat”, denunciaron las propietarias del establecimiento.

También se destacan las detenciones de miembros de otros movimientos de la oposición, no solo el de Machado y González. Es el caso de Biagio Pilieri, yaracuyano y coordinador nacional del partido Convergencia, también fue objeto de detención arbitraria e inconstitucional el 28 de agosto en la ciudad de Caracas, encontrándose incomunicado hasta la fecha, respecto a sus familiares y abogados de confianza, y desconociéndose su situación procesal.

Pilieri fue detenido junto a su hijo menor Jesús Pilieri y dos personas más. El día 29 de agosto fue allanada su casa, negocios familiares y otros bienes en los municipios Bruzual y Paez. Esta sería la segunda detención arbitraria que vive él y su familia, ya que hace más de 15 años también había sido privado de libertad cuando era concejal en Chivacoa.

El informe, de 132 páginas, fue publicado en línea en su totalidad por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, que concluye la investigación dirigiéndose a la comunidad internacional para que mantenga los esfuerzos de mediación y presión diplomática sobre las autoridades venezolanas, sin que se desconozca el reconocimiento individual a los responsables de violaciones a los derechos humanos.

“(Se pide) la inclusión del tema Venezuela en la Cumbre Celac-Unión Europea a realizarse en Colombia en el año 2025; que las organizaciones sociales y ONG regionales desarrollen iniciativas de nombrar y avergonzar a los violadores de DD. HH. de Venezuela, así como experiencias de solidaridad con las organizaciones nacionales que trabajan sobre el terreno en condiciones de mayor restricción y, finalmente, que la comunidad internacional reconozca como interlocutor en la crisis venezolana a las víctimas de violaciones a los derechos humanos”, concluyó el informe.

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En 1952, el periodista y escritor venezolano José Agustín Catalá editó de manera clandestina “El libro negro”, un reporte amplio sobre los crímenes cometidos por la dictadura de Marcos Pérez Jiménez que trabajó de manera clandestina con mucho detalle, para responder a una deuda con la historia del país.

Ahora, siguiendo sus pasos, un grupo de organizaciones de derechos humanos han llevado a cabo el mismo ejercicio de documentación para denunciar las torturas que ha cometido el gobierno de Nicolás Maduro, enfocándose particularmente en el período posterior a las elecciones del pasado 28 de julio. Los autores y las autoras de este nuevo documento esperan que tengan el mismo impacto que tuvo en su momento el texto de Catalá.

El informe titulado “Crisis postelectoral y de Derechos Humanos 2024 en Venezuela”, que tiene por subtítulo “El informe negro de la dictadura 2024″, en referencia al ejercicio de Catalá, llega a una conclusión fulminante: hay “terrorismo de Estado” en Venezuela. Según un análisis del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina y las organizaciones que acompañaron este trabajo, al menos el 21.7 % de los artículos de la Constitución venezolana han sido derogados por el Gobierno, erosionando ampliamente la institucionalidad democrática y llevando a que no se puedan ejercer los derechos de libertad de reunión pacífica y asociación, entre muchos otros.

A pesar de los muchos esfuerzos del Gobierno de Maduro por atacar las manifestaciones de la oposición, la población ha salido a mostrar su descontento con la dirección del país. Solo en el primer semestre de 2024 se registraron 2.383 protestas, de las cuales las exigencias por Derechos Económicos, Sociales y Culturales representaban el 56 %. Nada más en julio se reportaron 1.311 movilizaciones, de las cuales el 90 % fue por la demanda de derechos civiles y políticos.

Pero mostrar oposición en Venezuela tiene un costo enorme: en el período anterior a las elecciones, 169 personas fueron detenidas de manera arbitraria por razones políticas, siendo uno de los casos el de la defensora de Derechos Humanos Rocío San Miguel, sobre quien recayó una persecución que afectó también a su familia.

“El abogado Juan González Taguaruco denunció que parte del grupo familiar de San Miguel también habrían sido detenidos, incluyendo su hija Miranda Díaz San Miguel, Miguel Ángel San Miguel Sosa (hermano), Alberto San Miguel (hermano), Victor Díaz Paruta (el padre de su hija) y Alejandro González (exesposo de la activista)”, destaca el informe.

Posterior al 28 de julio,“la movilización popular en reacción al desconocimiento de la voluntad popular fue abordado por el gobierno mediante una combinación de métodos duros y blandos’, como había diagnosticado la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas”, destaca el informe.

“Para neutralizar a corto plazo las protestas, las autoridades ordenaron una represión masiva y feroz, en la que entre 24 a 26 personas habrían perdido la vida en el contexto de manifestaciones... Hasta el 29 de agosto había 1.590 detenidos confirmados por las ONG, 86.1 % hombres y 13.9 % mujeres”, destacan las principales cifras del documento.

En los procesos de detención preocupa el patrón de detenciones de corta duración, la negativa a los detenidos de poder ser representados por sus abogados de confianza, la aplicación masiva de la legislación contra el terrorismo, realización de audiencias virtuales en juicios sumarios y la privación de libertad a adolescentes y personas con discapacidad. Además, después del 28 de julio se registraron por lo menos 184 actuaciones de civiles armados, conocidos como “Colectivos”.

También se dedica todo un apartado a profundizar en las condiciones que permiten señalar que el proceso electoral en Venezuela no fue transparente o justo. Unas 49 personas habrían sido detenidas por suministrar bienes y servicios a la campaña de Edmundo González Urrutia, mientras que 24 establecimientos habrían sufrido sanciones por este motivo.

El informe destaca la historia del restaurante Pancho Grill que está en la orilla de la carretera en Corozo Pando. “Debido a la crisis, muchas veces no venden comida. A veces venden 6 empanadas en un día y 2 o 3 almuerzos. Eso es todo. En el año 2021, en otro recorrido realizado por María Corina Machado, se paró en ese lugar, conversó con todas las hermanas, comieron, se tomaron una foto y siguió su camino, esta vez, en el recorrido a Apure, en la mañana del 22 de mayo de 2024 se volvió a parar en el lugar y les dijo que se acordaba de ellas. Compró desayuno para 14 personas. De ese episodio hay fotos y videos”, relata el documento.

“Horas después de la visita de María Corina Machado llegó el Seniat. Eran dos funcionarias y un uniformado de la GNB. Venían de Calabozo. Calabozo es una ciudad a 55 kilómetros de distancia de Corozo Pando. Les declararon un cierre, en principio, por 15 días, diciendo que debían estar en regla con el Seniat”, denunciaron las propietarias del establecimiento.

También se destacan las detenciones de miembros de otros movimientos de la oposición, no solo el de Machado y González. Es el caso de Biagio Pilieri, yaracuyano y coordinador nacional del partido Convergencia, también fue objeto de detención arbitraria e inconstitucional el 28 de agosto en la ciudad de Caracas, encontrándose incomunicado hasta la fecha, respecto a sus familiares y abogados de confianza, y desconociéndose su situación procesal.

Pilieri fue detenido junto a su hijo menor Jesús Pilieri y dos personas más. El día 29 de agosto fue allanada su casa, negocios familiares y otros bienes en los municipios Bruzual y Paez. Esta sería la segunda detención arbitraria que vive él y su familia, ya que hace más de 15 años también había sido privado de libertad cuando era concejal en Chivacoa.

El informe, de 132 páginas, fue publicado en línea en su totalidad por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, que concluye la investigación dirigiéndose a la comunidad internacional para que mantenga los esfuerzos de mediación y presión diplomática sobre las autoridades venezolanas, sin que se desconozca el reconocimiento individual a los responsables de violaciones a los derechos humanos.

“(Se pide) la inclusión del tema Venezuela en la Cumbre Celac-Unión Europea a realizarse en Colombia en el año 2025; que las organizaciones sociales y ONG regionales desarrollen iniciativas de nombrar y avergonzar a los violadores de DD. HH. de Venezuela, así como experiencias de solidaridad con las organizaciones nacionales que trabajan sobre el terreno en condiciones de mayor restricción y, finalmente, que la comunidad internacional reconozca como interlocutor en la crisis venezolana a las víctimas de violaciones a los derechos humanos”, concluyó el informe.

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