El Tribunal Supremo de Justicia venezolano, al cual se recurrió para auditar los resultados de las elecciones presidenciales, y el Consejo Nacional Electoral, que, en medio de cuestionamientos internos y externos, anunció la reelección de Nicolás Maduro, “carecen de independencia e imparcialidad”, concluyó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.
#Venezuela's Supreme Tribunal of Justice was seized to audit the presidential election results announced by the National Electoral Council.
— United Nations Human Rights Council (@UN_HRC) August 22, 2024
The @UN Independent International Fact-finding Mission on the country warns that both institutions lack independence and impartiality. pic.twitter.com/ZswoRRlHNK
Esta fuerza de observación, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, alertó el jueves que aquello ha jugado un rol importante en “la maquinaria represiva del Estado”. Al respecto, Marta Valiñas, miembro del grupo, comentó que “el Gobierno, indebidamente, ha ejercido influencia sobre las decisiones del tribunal, a través de mensajes directos a los jueces y de pronunciamientos públicos de Maduro y Diosdado Cabello”, diputado y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.
En paralelo, Francisco Cox Vial, abogado chileno que también hace parte de la Misión, recordó que, en 2022, la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, alteró la membresía del Comité de Postulaciones Judiciales para controlarlo, además de que eligió a los veinte jueces que conforman el Supremo. Agregó: “La actual presidenta del tribunal y de su cámara electoral, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, es miembro del partido gobernante y ha resultado electa para otros cargos”. De hecho, esta misma semana, el excandidato Enrique Márquez solicitó una recusación, al denunciar la cercanía de ella con la agrupación política en el poder.
Por su parte, la argentina Patricia Tappatá Valdez recordó que el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, hizo parte de la Asamblea Nacional bajo el paraguas del oficialismo: “Él fue responsable de la arbitraria descalificación de María Corina Machado y de otros líderes de la oposición”. Esta postura se dio a conocer después de que, a través de un documento divulgado en redes sociales, Edmundo González Urrutia y Machado dijeran que considerarán “ineficaz y nula” una eventual sentencia para “certificar” la cuestionada reelección de Maduro. La carta, avalada por la coalición Plataforma Unitaria, agregó que “los magistrados estarían violando los derechos inalienables de los electores e incurrirían en responsabilidad penal, civil y administrativa”.
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