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La Fiscalía de Venezuela planteó el jueves a las autoridades de Colombia una investigación en conjunto sobre la reciente denuncia de supuestos paramilitares colombianos, que en un video aseguraron haber sido contactados por “grupos de extrema derecha” venezolanos para “desestabilizar” al Gobierno de Nicolás Maduro.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, explicó en X que sostuvo una reunión virtual con su homóloga colombiana, Luz Adriana Camargo, para establecer “mecanismos de cooperación penal internacional para el intercambio de información sobre la denuncia” de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), hecha a través de un audiovisual publicado en redes sociales.
El fiscal señaló que, en ese video, los miembros de ese grupo —que hablan con los rostros cubiertos— “denunciaron haber sido contactados por sectores de la extrema derecha venezolana —como llama el Gobierno a la principal coalición opositora— para desencadenar actos terroristas durante la campaña”, de cara a las presidenciales de este 28 de julio y “hasta días posteriores”.
Según Saab, durante el encuentro se acordó “el envío de una asistencia legal mutua”, y adelantó que solicitará “diferentes diligencias”, como “localización e identificación de personas, traslados de personas detenidas a efectos de comparecer como testigos, entrega de documentos y cualquier otra forma de asistencia, siempre y cuando no sea incompatible con las leyes” de Colombia.
Asimismo, se planteará la posibilidad de que un fiscal venezolano viaje a Colombia con el objetivo de “recabar información”, así como de crear “un equipo conjunto de investigación que permita (...) conformar un marco de cooperación y coordinación estable en el tiempo”, con el fin de “realizar investigaciones en el territorio de alguno o de los dos países”.
El pasado viernes, Saab anunció la apertura de una investigación, que previamente había sido solicitada por el jefe de Estado y aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, uno de los 10 candidatos a los venideros comicios, en los que también competirá el abanderado de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia.
La campaña presidencial de Venezuela para las elecciones del 28 de julio completó el jueves una primera semana cargada de mítines masivos, así como de acusaciones sobre ventajismo y supuestos planes violentos.
Maduro, blindado por la maquinaria chavista, ha copado las transmisiones del canal público Venezolana de Televisión (VTV) durante, al menos, 1.400 minutos desde que arrancó la campaña hasta hoy. Por otro lado, ninguno de sus nueve contendientes acumula ni siquiera el 1 % de ese tiempo en esta pantalla del Estado, lo que viola la normativa establecida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la campaña, aunque, hasta el momento, el ente comicial no se pronunció al respecto.
De esas 23 horas de alocuciones en una semana, el aspirante oficialista gastó el 60 % en actos meramente proselitistas, lo que ha incentivado las denuncias de ventajismo por parte del resto de candidatos que esperan detener al presidente, en el poder desde 2013, en su intento por conseguir un tercer sexenio.
Sin hablar de la dispar exhibición de candidaturas por parte de VTV, Maduro ha aprovechado los micrófonos para alertar sobre supuestos planes violentos que estarían tejiéndose para entorpecer el proceso electoral, con la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), como principal acusada.
Entre tanto, los 10 candidatos presidenciales viajaron a distintas regiones de Venezuela durante la primera semana de campaña, una carrera que pone en primer lugar a Maduro con más sitios visitados, mientras se disputa la alta concurrencia de sus mítines con González Urrutia, el competidor con más opciones de ganarle en las urnas, según las encuestadoras.
Además de estas movilizaciones, las denuncias por irregularidades se multiplican con casos como el del candidato Daniel Ceballos, que hoy pidió al CNE atender las “violaciones y atropellos” de las autoridades durante la campaña, al recordar que le incautaron material de campaña y que dos de sus simpatizantes fueron detenidos.
El total de denuncias sobre detenciones, confiscaciones de equipos, restricciones de vías públicas y censura gubernamental se elevan cada día, ahora con la presencia en el país del panel de expertos electorales de Naciones Unidas que, aunque no emitirán declaración pública, están mirando el desarrollo de la campaña desde el terreno.
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