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El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó el miércoles que, de 25 muertes registradas en las protestas poselectorales, ninguna es “atribuible” a los “cuerpos de seguridad del Estado”, al tiempo que aseguró que el 70 % de las víctimas fueron “asesinadas” por “grupos delincuenciales” que relacionó con la mayor coalición opositora, sin precisar los responsables del 30 % restante de los decesos.
“Literalmente, de todas las víctimas, el 70 % fueron asesinadas por los grupos delincuenciales. Voy a decir la primera gran conclusión: ningún muerto es atribuible a cuerpos de seguridad del Estado, a funcionarios civiles, militares o policiales vinculados al Estado, porque no tenemos una sola denuncia”, aseguró Saab.
En una reunión ante diplomáticos acreditados en Venezuela, transmitida por el canal Globovisión, Saab informó que hay que sumar dos muertes a las 25 registradas en principio, porque “la tranca de vías con encapuchados” y “hombres armados” ocasionaron “dos accidentes fatales” e “indujeron la muerte de dos personas”. Además, dijo que la Fiscalía registró 190 heridos en las protestas, de los cuales, aseguró, “aproximadamente 100 son miembros de los cuerpos policiales y militares”.
Tras las elecciones, la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), consideró como “fraudulento” que las autoridades electorales declararan al mandatario Nicolás Maduro como ganador de las presidenciales, lo que desencadenó manifestaciones contra el resultado oficial, las cuales, además de muertos y heridos, dejaron más de 2.400 detenidos, según la Fiscalía.
La PUD asegura que su abanderado, Edmundo González Urrutia, es el ganador de los comicios, según el “83,5 %” de las actas electorales que asegura haber reunido a través de testigos y miembros de mesa, y que fueron difundidas en una página web, aunque el Gobierno considera que son documentos falsos.
Este sábado, González Urrutia criticó que el gobierno de Maduro, en vez de “prepararse democráticamente para una transición en paz”, haya decidido “perseguir, apresar y asesinar” a ciudadanos que lo “único que han hecho es exigir que se respete su voluntad mayoritaria”, contrario a lo que afirma el mandatario, quien responsabiliza al opositor de las muertes durante las protestas.
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