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Tras recibir el informe sobre las elecciones presidenciales en Venezuela del 28 de julio, la oficina del secretario general del organismo, Luis Almagro, aseguró en un comunicado que el régimen de Nicolás Maduro “se burló” de la comunidad internacional y la oposición, ya que no presentó las garantías ni mecanismos necesarios para asegurar la transparencia del proceso electoral. Así, añade, pudo aplicar su esquema represivo “haciendo que ese resultado quedara a disposición de la manipulación más aberrante. La misma continúa hasta el día de la fecha”, comentó.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como el ganador de las elecciones que se llevaron a cabo el domingo 28 de julio, en medio de denuncias por la falta de transparencia en la publicación de las actas electorales. Según las cifras de la entidad, el actual mandatario chavista ganó con más del 51 % de los votos y el candidato opositor, Edmundo González, se había hecho con el 44 % de los sufragios; sin embargo, no han compartido las actas de escrutinio oficiales que entregan las máquinas automatizadas donde los venezolanos registraron los votos.
Por su parte, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, dijo que tiene “cómo probar la verdad” de las elecciones presidenciales. Machado aseguró que accedieron a copias del 73 % de las actas de votación que proyectan una victoria aplastante de su candidato Edmundo González Urrutia (6,27 millones de votos) frente a Maduro (2,75 millones).
“La obligación de cada institución de Venezuela debía ser asegurar la libertad, la justicia, la transparencia del proceso electoral. El pueblo debía de contar con las máximas garantías de libertad política para poder expresarse en las urnas, y proteger los derechos de los ciudadanos a ser elegidos”, dice el comunicado; sin embargo, no fue lo que sucedió.
“Se ha hablado de auditoría o de reconteo de actas de un material electoral que no ha tenido las menores condiciones de seguridad y de control. Asimismo, debemos tener presente que, respecto a auditorías, el régimen está atrasado por lo menos 11 años, cuando se comprometió con UNASUR (en reunión del 18 de abril de 2013 en Lima) a hacer una auditoria del 100% de las actas del proceso electoral del 14 de abril 2013. Es obvio decir que la misma nunca se cumplió. Es obvio que una nueva burla sería inadmisible”, comentó la OEA.
Bajo ese contexto, si las actas que dice tener el comando de campaña opositor demuestran que Edmundo González Urrutia habría ganado la elección, para la organización “resulta imperioso” que Nicolás Maduro acepte su derrota electoral y abra el camino al retorno a la democracia en Venezuela, exaltó la organización. “De no hacerlo, sería necesaria la realización de nuevas elecciones, pero en este caso con las MOE de la Unión Europea y la OEA presentes y un nuevo CNE para que se reduzca el margen de irregularidad institucional que plagó este proceso”, escribió en el comunicado.
“No hace tanto el Secretario General Luis Almagro expresó que “Ninguna revolución” “puede dejar a la gente con menos derechos de los que tenía, más pobre en valores y en principios, más desiguales en las instancias de la justicia y la representación, más discriminada dependiendo de dónde está su pensamiento o su norte político”, agregó el documento.
Por ello, ”el secretario general asimismo expresa que lamenta la falta de memoria acumulativa de actores de la comunidad internacional lo cual lleva sistemáticamente a repetir errores, así como a obliga a la Secretaría General a reiterar pronunciamientos y conceptos vertidos desde hace mucho tiempo”, anotó el texto.
A petición de 12 países miembros (entre los que no está Colombia), incluyendo todos los Gobiernos latinoamericanos a los que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó retirar su personal diplomático en Caracas, la OEA sesionará este 31 de julio para tratar la crisis regional causada por el polémico proceso electoral.
¿Qué dice el informe de la OEA?
El documento, de 23 páginas, recuenta las “ilegalidades, vicios y malas prácticas que se presentaron durante este proceso electoral en particular, pero que son reiterados en procesos eleccionarios recientes en Venezuela”.
Por ejemplo, “monitoreos electorales reportaron la presencia de ‘puntos rojos’, estaciones para el seguimiento y control de los votantes en distintos centros de votación, algunos claramente identificados con propaganda oficialista, lo que también fue denunciado por la ciudadanía a través de redes sociales. En el 22 % de los centros observados por el OEV se presenció la movilización de electores con recursos públicos”.
Menciona, entre otras, las demoras en la entrega de actas electorales a los testigos el domingo, así como la suspensión de su transmisión. Señala la caída de la página del CNE y la no publicación de los resultados electorales desagregados.
Por otro lado, se refiere a las agresiones contra la prensa durante el día.
“La evidencia denota un intento del régimen por desconocer la voluntad mayoritaria expresada en las urnas por millones de venezolanas y venezolanos. Lo sucedido demuestra, una vez más, que el CNE, sus autoridades y el sistema electoral venezolano está parcializado y se encuentra al servicio del Poder Ejecutivo Nacional, y no de la ciudadanía”.
Concluye: “El régimen de Nicolás Maduro nuevamente ha traicionado al pueblo venezolano, declarando respetar la voluntad popular al tiempo que hace todo lo posible por manipular y desconocer esa voluntad. En conclusión, dado que no hay sustento público documental que respalde los datos anunciados por el CNE, y en cambio existe información de diversas fuentes que los contradicen, es el criterio técnico del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral que los resultados oficiales no merecen confianza ni deberían recibir reconocimiento democrático”.
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