La represión en Venezuela, que va en aumento, muestra patrones ya vistos: CIDH
En un informe presentado por el órgano de la OEA se establece que la represión ocurrida después de los comicios presidenciales, en los que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por las autoridades electorales, “refleja patrones ya observados en las protestas de 2014 y 2017″. El reporte habla de muertos, desaparecidos y de detenciones arbitrarias, que suman más de 1.600.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este miércoles un aumento de la represión en Venezuela, posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuestionadas por gran parte de la comunidad internacional.
La presidenta del organismo, Roberta Clarke, presentó un informe ante un Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrado en la ciudad de Washington, sobre la situación de los derechos humanos en el país caribeño. Esta reunión fue convocada a petición de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay.
Clarke denunció en ese informe, que no fue elaborado sobre el terreno, que la represión ocurrida después de los comicios presidenciales, en los que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por las autoridades electorales, “refleja patrones ya observados en las protestas de 2014 y 2017″.
La Comisión dijo haber detectado el “uso arbitrario de la fuerza”, que ha causado al menos 23 muertos y decenas de heridos, así como detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas, con el arresto de más de 1.600 personas, entre ellas un centenar de menores de edad. “Hostigamiento contra personas percibidas como opositores, censura y restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión”, añadió la abogada barbadense.
Tras la presentación del informe, intervinieron los países que convocaron la reunión. Decidieron no hacer uso de la palabra el resto de los Estados, como Brasil, México o Colombia, que han adoptado una posición más mediadora con Caracas. En ese turno abierto de palabra, el embajador de Paraguay ante la OEA, Raúl Florentín, afirmó “que estas graves denuncias no pueden ser ignoradas por la comunidad internacional”.
La representante costarricense, Milagro Martínez, abogó por un “proceso de transición justa y de buena fe” en Venezuela protagonizado por todas las partes, mientras que el embajador peruano, José Luis Sardón, denunció que en el país caribeño “todo ha sido falseado”.
Por su parte, el embajador estadounidense, Frank Mora, dijo que el gobierno de Maduro y sus representantes “han perpetuado un clima de miedo” que se ha visto “agravado” después del 28 de julio.
“Los Estados Unidos se solidarizan con el pueblo de Venezuela, que ha expresado su deseo de cambio y de volver a las normas democráticas”, afirmó, denunciando un “panorama escalofriante de derechos humanos. El régimen está sembrando el terror para silenciar a la ciudadanía y perpetuarse en el poder”.
También tomó la palabra el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que reiteró su solicitud a la Corte Penal Internacional (CPI) de imputación de cargos y órdenes de detención contra “los principales responsables” gubernamentales de Venezuela, incluido Maduro. “El camino de la justicia internacional es un camino en el que seguiremos insistiendo”, advirtió.
El Consejo Permanente de la OEA aprobó hace dos semanas, por consenso, una resolución que les exige a las autoridades venezolanas la publicación “de manera expedita” de las actas de las elecciones. El país no forma parte de la organización regional, dado que su Gobierno decidió retirarse del organismo en 2017, ante lo que consideraba una injerencia de la organización en sus asuntos internos. Su salida se hizo efectiva en 2019.
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La presidenta del organismo, Roberta Clarke, presentó un informe ante un Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrado en la ciudad de Washington, sobre la situación de los derechos humanos en el país caribeño. Esta reunión fue convocada a petición de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay.
Clarke denunció en ese informe, que no fue elaborado sobre el terreno, que la represión ocurrida después de los comicios presidenciales, en los que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por las autoridades electorales, “refleja patrones ya observados en las protestas de 2014 y 2017″.
La Comisión dijo haber detectado el “uso arbitrario de la fuerza”, que ha causado al menos 23 muertos y decenas de heridos, así como detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas, con el arresto de más de 1.600 personas, entre ellas un centenar de menores de edad. “Hostigamiento contra personas percibidas como opositores, censura y restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión”, añadió la abogada barbadense.
Tras la presentación del informe, intervinieron los países que convocaron la reunión. Decidieron no hacer uso de la palabra el resto de los Estados, como Brasil, México o Colombia, que han adoptado una posición más mediadora con Caracas. En ese turno abierto de palabra, el embajador de Paraguay ante la OEA, Raúl Florentín, afirmó “que estas graves denuncias no pueden ser ignoradas por la comunidad internacional”.
La representante costarricense, Milagro Martínez, abogó por un “proceso de transición justa y de buena fe” en Venezuela protagonizado por todas las partes, mientras que el embajador peruano, José Luis Sardón, denunció que en el país caribeño “todo ha sido falseado”.
Por su parte, el embajador estadounidense, Frank Mora, dijo que el gobierno de Maduro y sus representantes “han perpetuado un clima de miedo” que se ha visto “agravado” después del 28 de julio.
“Los Estados Unidos se solidarizan con el pueblo de Venezuela, que ha expresado su deseo de cambio y de volver a las normas democráticas”, afirmó, denunciando un “panorama escalofriante de derechos humanos. El régimen está sembrando el terror para silenciar a la ciudadanía y perpetuarse en el poder”.
También tomó la palabra el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que reiteró su solicitud a la Corte Penal Internacional (CPI) de imputación de cargos y órdenes de detención contra “los principales responsables” gubernamentales de Venezuela, incluido Maduro. “El camino de la justicia internacional es un camino en el que seguiremos insistiendo”, advirtió.
El Consejo Permanente de la OEA aprobó hace dos semanas, por consenso, una resolución que les exige a las autoridades venezolanas la publicación “de manera expedita” de las actas de las elecciones. El país no forma parte de la organización regional, dado que su Gobierno decidió retirarse del organismo en 2017, ante lo que consideraba una injerencia de la organización en sus asuntos internos. Su salida se hizo efectiva en 2019.
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