La joven de 25 años, Rosmery Gómez, salió con su cacerola a protestar el 29 de julio, pero ese día comenzó una tragedia para ella y su familia. Fuerzas de seguridad la detuvieron alrededor de las 3:00 p. m. en la parroquia Coche y días después su madre supo que la trasladaron al Centro de Formación para Procesadas Femeninas “La Crisálida”, ubicado en Los Teques.
Kegnia Gómez pudo visitar a su hija el lunes 12 de agosto. La joven le comentó que la alimentación en el centro de reclusión no está en buenas condiciones. «Carne con gusanos, arepas con queso podrido y en muchas ocasiones lo que toman es agua sucia», contó la madre al equipo de El Pitazo.
«No son animales. Son seres humanos y no es justo que estén allí por el simple hecho de no estar de acuerdo con algo que no querían«, comentó Gómez. Además, aseguró que su hija fue detenida mientras protestaba de manera pacífica, incluso al lado de funcionarios de la Guardia Nacional.
Lo más duro para Kegnia Gómez es no saber cómo explicarles a sus nietas, una de 6 y otra de 8 años, qué pasó con Rosmery Gómez, quien es madre de estas dos niñas. «Me duele decirles que no sé si su mamá va a volver a la casa», comentó.
La joven fue detenida junto a un primo, trasladado a su vez al centro de reclusión de Yare, en el estado Miranda. El joven tiene solo 18 años; él y Rosmery trabajan de obreros en un preescolar de Fuerte Tiuna.
«Esto no se le desea a nadie. Es lo peor que nos puede pasar como madres, tías, abuelas o cualquier familiar», comentó la madre de la joven de 25 años, a quien acusan por delitos de terrorismo, incitación al odio, resistencia a la autoridad y alteración del orden público.
Más de 1.400 detenidos
La organización Foro Penal ha verificado e identificado a 1.406 detenidos desde el 29 de julio, cuando se registraron protestas en el país en medio del descontento de los venezolanos por los resultados de la elección presidencial anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en los que dan ganador a Nicolás Maduro.
El director del Foro Penal, Alfredo Romero, explicó que familiares han podido conversar con algunos de los detenidos en centros de reclusión en los que ya permiten la visita, especialmente en Yare III, donde se encuentran al menos 200.
En el Centro de Formación para Procesadas Femeninas “La Crisálida”, donde hay más de 50 mujeres, también se ha permitido la visita.
Romero comentó que desde la organización verifican denuncias de maltratos y, por lo tanto, ese es el principal motivo por el cual exigen que a la defensa privada se le permita acceso a los detenidos.
Precisó que son pocas las personas que han sido liberadas. Desde el 29 de julio hasta este 15 de agosto solo se suman a la lista de Foro Penal 55 excarceladas.
Familiares piden justicia
En medio de una actividad de orientación jurídica organizada por el Foro Penal, Provea y Civilis, familiares de los detenidos en el contexto poselectoral venezolano pudieron orientarse sobre el proceso penal de sus seres queridos y aprovecharon la oportunidad para exigir justicia.
María Carrillo es suegra de Andrés José Vásquez, de 34 años. Fue detenido en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía el domingo 4 de agosto cuando se disponía a viajar a Panamá, país en el que reside hace 10 años.
«Él va y viene siempre a Venezuela. Cuando iba de regreso lo retuvieron en el aeropuerto y lo único que le dijeron es que tenía un error en el pasaporte. Luego de eso no supimos nada de él por dos días», comentó Carrillo.
Explicó que su yerno se encuentra en el centro de detención preventiva de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Boleíta, Zona 7. Lo han podido ver y le han llevado comida, pero desconocen de qué lo acusan y exige la libertad de Andrés Vásquez.
La misma situación de desespero la atraviesa Sol Mileidi Ocariz, hermana de Edward Ocariz, activista y defensor de derechos humanos de la parroquia Coche, en Caracas. Fue detenido en medio de la operación Tun Tun, el 2 de agosto en su residencia.
«Tocaron la puerta y ya había ocho funcionarios al frente del apartamento. Lo sacaron de su hogar cuando iba a preparar su almuerzo. Se lo llevaron sin ninguna orden al centro de reclusión de Zona 7, en Boleíta», comentó.
Señaló las irregularidades que se están cometiendo en contra de miles de detenidos, que son inocentes y los acusan de terrorismo, incitación al odio, alteración del orden público y resistencia a la autoridad.
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