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La oenegé Acceso a la Justicia consideró que la ley que firmó el Parlamento de Venezuela hoy para regular a las oenegés que trabajen en el país busca “tener una sociedad civil callada y poco consciente de sus derechos”. Este sería “el golpe definitivo contra la sociedad civil organizada y el espacio cívico en Venezuela”.
Según su sitio web, Acceso a la Justicia es una asociación civil que la defensa de la justicia, el estado de derecho, la separación de poderes, la independencia judicial, la democracia, la libertad y los derechos humanos en Venezuela.
Más temprano, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales, que ordena a las organizaciones no gubernamentales a inscribirse en un registro que será manejado por el Ministerio de Interior para notificar “el financiamiento o donaciones” que reciban, a fin de “asegurar la licitud de los fondos”, además de declarar las “donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes”.
La norma forma parte de un paquete legislativo solicitado por Maduro tras la crisis por las denuncias de fraude en su reelección el pasado 28 de julio; protestas que estallaron la noche de los comicios dejaron 25 muertos, dos de ellos militares, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos.
Varías oenegés junto a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) estimaron que “esta ley restringiría arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación pública, en un contexto de cierre del espacio cívico”.
De acuerdo con Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, la norma no tiene intención de crear un registro, sino sancionar a las organizaciones y violar el derecho a la libertad de asociación, entre otros. Se trata de “una norma que concreta la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil”, detalló.
“Si ya es difícil ejecutar fondos en Venezuela, ahora hay que notificar y esperar a que el órgano competente responda. Esto puede retrasar terriblemente la ayuda humanitaria”, explicó. “Si ahora se va a agregar un tiempo de espera, podrán imaginarse las consecuencias en las clases más necesitadas del país”, agregó.
En caso de que una de estas asociaciones incumpla con sus deberes, se le impondrá multas desde los US$500. Una cifra “impagable” para muchas, según Daniels.
Si no llegasen a pagar, las oenegés podrán ser disueltas.
El paquete de leyes pedido por Maduro incluye también una para “castigar” al “fascismo”, término con el que el oficialismo suele calificar a sus detractores.
De acuerdo con el director de Acceso a la Justicia, el problema es que “todas las organizaciones podrían considerarse fascistas” en algún momento, ya que el término es muy amplio para el gobierno venezolano.
Las oenegés han sido claves en las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela, entre la opacidad de las fuentes oficiales.
Son a la vez blanco frecuente de ataques de altos funcionarios del gobierno, que suelen acusarlas de funcionar como “fachadas” para conspirar contra Maduro con financiamiento de Estados Unidos y otros países.
Existe solo una sola cosa buena de este proyecto aprobado, según Daniels: ahora los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a asociarse. No obstante, con las nuevas cargas administrativas impuestas por el gobierno, va a ser mucho más complicado que ellos puedan hacerlo.
De acuerdo con la organización de derechos humanos PROVEA, este es “un golpe que busca finalmente controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y el país (...), amenazando con disoluciones y multas millonarias a las ONG que ya estamos consolidadas y cumplimos decenas de leyes e impuestos”, criticó en un comunicado en la red social X.
Antes, la oenegé Acceso a la Justicia, consideró en X esta ley como un “golpe definitivo contra la sociedad civil organizada y el espacio cívico en Venezuela”.
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