Más extorsión y menos homicidios: la inseguridad se transforma en Venezuela
Según expertos, la extorsión en Venezuela aumenta a medida que los homicidios y los robos disminuyen en este país de 30 millones de habitantes.
Conocido durante años como uno de los países más peligrosos del mundo, Venezuela registra una importante disminución de los homicidios, pero sus bandas se expandieron por América Latina y las que quedan en el país extorsionan sin piedad en los barrios más pobres.
“La situación es muy caliente”, dice a la AFP un vecino de José Félix Ribas, un sector de Petare, un enorme laberinto de barrios de callejuelas y construcciones precarias en Caracas.
“Hace aproximadamente un mes fueron convocados todos los comerciantes del barrio a una reunión. Fueron visitados por personas bien armadas”.
A primera vista, José Félix Ribas parece un lugar tranquilo. Vecinos toman una cerveza mientras escuchan música, otros regresan del trabajo con bolsas de compras.
Pero el sector está controlado por la banda de alias “El Wilexis”, un personaje devenido casi en leyenda y que, según los vecinos, sabe quién es de allí. La policía rara vez actúa, con alguna incursión sin contundencia.
Multinacional del crimen
La extorsión, a menudo llamada “vacuna”, se paga a la banda. Según los expertos, este crimen aumenta a medida que los homicidios y los robos disminuyen en este país de 30 millones de habitantes.
La crisis sin precedentes, con una reducción del PIB del 80 % en 10 años y una inflación que llegó a tocar el 130.000 % anual en 2018, dejó regiones enteras del país en barrios sin ley, donde las armas ejercían el poder.
La dolarización, el fin de la hiperinflación, la ligera recuperación económica y un importante despliegue de las fuerzas del orden hicieron el país “habitable”, según un extranjero que vive aquí desde hace más de 30 años.
La seguridad “ha estado mejor”, coincide Edison Molina, un mototaxista de 35 años en Petare. “Antes no podías estar con el teléfono en la mano, ahora sí”.
Las estadísticas lo corroboran: la tasa de homicidios cayó de 91,8 a 26,8 por 100.000 habitantes entre 2016 y 2023, según el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), una ONG independiente. El gobierno cifra la tasa de homicidios de 2023 en 5,2 y asegura que los robos disminuyeron 33 %.
No hay estadísticas sobre megabandas o extorsión, pero el presidente socialista Nicolás Maduro, que aspira a un tercer mandato de seis años el 28 de julio, se felicita de haber dado “golpes certeros” a la inseguridad.
Según los expertos, la masiva migración durante la crisis también contribuyó, con delincuentes que salieron siguiendo el paso de sus potenciales víctimas. Así, algunas bandas “exportaron” parte de sus elementos: la más conocida es el Tren de Aragua, creada en 2014 y que se convirtió en una multinacional criminal con ramificaciones en América Latina para extorsionar, asesinar, prostituir y tráficar drogas hasta dedicada a la inmigración clandestina y la minería ilegal.
Policías delincuentes
Las autoridades aseguran que fue desarticulada. Su sede, en la cárcel de Tocorón en Lara (oeste), fue desmantelada en medio de una intervención en siete cárceles, donde operaban otras bandas.
Y aunque estas operaciones permitieron golpear a las pandillas y sin duda las debilitaron, están lejos de haber desaparecido. Según expertos, persisten estas megabandas conformadas por cientos de personas armadas hasta los dientes.
“Muchas bandas que se dedicaban al secuestro exprés, ahora se dedican a la extorsión”, explica el criminólogo Luis Izquiel, coautor del libro Revolución de la Muerte. Hay un “dominio del crimen organizado que está enfocado en los negocios para la extorsión”, coincide el director del OVV, Roberto Briceño León.
El gobierno además lanzó operaciones de toma en otras barriadas dominadas por bandas. En 2021 las temidas Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) ocuparon La Vega y la Cota 905 en Caracas, además de otros barrios periféricos, donde según denuncias de organismos de los derechos humanos cometieron numerosas ejecuciones extrajudiciales.
Según el OVV, estas ejecuciones también impactaron en los índices de seguridad. En la Cota 905 las opiniones están divididas: José Vásquez, de 65 años, asegura que la “zona ha mejorado mucho”; otros que prefieren no identificarse sostienen que los nuevos “malandros (delincuentes) están vestidos de policías”.
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Conocido durante años como uno de los países más peligrosos del mundo, Venezuela registra una importante disminución de los homicidios, pero sus bandas se expandieron por América Latina y las que quedan en el país extorsionan sin piedad en los barrios más pobres.
“La situación es muy caliente”, dice a la AFP un vecino de José Félix Ribas, un sector de Petare, un enorme laberinto de barrios de callejuelas y construcciones precarias en Caracas.
“Hace aproximadamente un mes fueron convocados todos los comerciantes del barrio a una reunión. Fueron visitados por personas bien armadas”.
A primera vista, José Félix Ribas parece un lugar tranquilo. Vecinos toman una cerveza mientras escuchan música, otros regresan del trabajo con bolsas de compras.
Pero el sector está controlado por la banda de alias “El Wilexis”, un personaje devenido casi en leyenda y que, según los vecinos, sabe quién es de allí. La policía rara vez actúa, con alguna incursión sin contundencia.
Multinacional del crimen
La extorsión, a menudo llamada “vacuna”, se paga a la banda. Según los expertos, este crimen aumenta a medida que los homicidios y los robos disminuyen en este país de 30 millones de habitantes.
La crisis sin precedentes, con una reducción del PIB del 80 % en 10 años y una inflación que llegó a tocar el 130.000 % anual en 2018, dejó regiones enteras del país en barrios sin ley, donde las armas ejercían el poder.
La dolarización, el fin de la hiperinflación, la ligera recuperación económica y un importante despliegue de las fuerzas del orden hicieron el país “habitable”, según un extranjero que vive aquí desde hace más de 30 años.
La seguridad “ha estado mejor”, coincide Edison Molina, un mototaxista de 35 años en Petare. “Antes no podías estar con el teléfono en la mano, ahora sí”.
Las estadísticas lo corroboran: la tasa de homicidios cayó de 91,8 a 26,8 por 100.000 habitantes entre 2016 y 2023, según el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), una ONG independiente. El gobierno cifra la tasa de homicidios de 2023 en 5,2 y asegura que los robos disminuyeron 33 %.
No hay estadísticas sobre megabandas o extorsión, pero el presidente socialista Nicolás Maduro, que aspira a un tercer mandato de seis años el 28 de julio, se felicita de haber dado “golpes certeros” a la inseguridad.
Según los expertos, la masiva migración durante la crisis también contribuyó, con delincuentes que salieron siguiendo el paso de sus potenciales víctimas. Así, algunas bandas “exportaron” parte de sus elementos: la más conocida es el Tren de Aragua, creada en 2014 y que se convirtió en una multinacional criminal con ramificaciones en América Latina para extorsionar, asesinar, prostituir y tráficar drogas hasta dedicada a la inmigración clandestina y la minería ilegal.
Policías delincuentes
Las autoridades aseguran que fue desarticulada. Su sede, en la cárcel de Tocorón en Lara (oeste), fue desmantelada en medio de una intervención en siete cárceles, donde operaban otras bandas.
Y aunque estas operaciones permitieron golpear a las pandillas y sin duda las debilitaron, están lejos de haber desaparecido. Según expertos, persisten estas megabandas conformadas por cientos de personas armadas hasta los dientes.
“Muchas bandas que se dedicaban al secuestro exprés, ahora se dedican a la extorsión”, explica el criminólogo Luis Izquiel, coautor del libro Revolución de la Muerte. Hay un “dominio del crimen organizado que está enfocado en los negocios para la extorsión”, coincide el director del OVV, Roberto Briceño León.
El gobierno además lanzó operaciones de toma en otras barriadas dominadas por bandas. En 2021 las temidas Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) ocuparon La Vega y la Cota 905 en Caracas, además de otros barrios periféricos, donde según denuncias de organismos de los derechos humanos cometieron numerosas ejecuciones extrajudiciales.
Según el OVV, estas ejecuciones también impactaron en los índices de seguridad. En la Cota 905 las opiniones están divididas: José Vásquez, de 65 años, asegura que la “zona ha mejorado mucho”; otros que prefieren no identificarse sostienen que los nuevos “malandros (delincuentes) están vestidos de policías”.
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