La organización Human Rights Watch (HRW) se dirigió este martes a los presidentes de Brasil, Colombia y México para señalar que repetir las elecciones presidenciales en Venezuela sería una “burla” y conceder una amnistía general “violaría el derecho internacional y afectaría a los derechos de las víctimas de atrocidades”.
Juanita Goebertus Estrada, directora de la División de las Américas de HRW, afirma en su carta al brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y el mexicano Andrés Manuel López Obrador, que a la organización defensora de los derechos humanos le "preocupan" tres propuestas concretas hechas por ellos para resolver la crisis venezolana.
Tras subrayar que una negociación "creíble" entre todas las partes implicadas es la mejor manera de proteger los derechos humanos en Venezuela, HRW discrepa con las propuestas de Lula, Petro y López Obrador de repetir las elecciones, confiar en el Tribunal Supremo venezolano y conceder una amnistía general.
HRW menciona también en la carta “la represión gubernamental” que siguió al anuncio de resultados electorales por parte del CNE y dice haber recibido “informes creíbles” de 23 manifestantes y transeúntes, así como un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, muertos en el contexto de las protestas, al igual que de una “oleada de detenciones arbitrarias” que han afectado a unos dos millares de personas, incluidos menores de edad y personas con discapacidad.
En ese "alarmante contexto" HRW valora positivamente "los esfuerzos de los gobiernos de América Latina, Europa y Estados Unidos para garantizar el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas el 28 de julio, así como para poner fin a las violaciones generalizadas de los derechos humanos en el país".
Sin embargo, discrepa con la propuesta del gobierno de Brasil, secundada por Colombia, de celebrar nuevas elecciones para salir de la crisis.
"Una premisa básica de cualquier elección es que debe reflejar la voluntad expresada por el pueblo y dar lugar a la transferencia pacífica del poder al candidato o candidatos vencedores de acuerdo con fórmulas preestablecidas. Repetir las elecciones porque el gobierno de Maduro no está dispuesto a divulgar y aceptar el resultado de los comicios del 28 de julio sería una burla a este principio democrático básico", dice HRW.
No obstante, agrega la carta, "coincidimos con sus gobiernos en que una solución a la crisis en Venezuela debería incluir garantías para que todos los partidos políticos participen en los asuntos públicos".
Sobre la defensa de la "vía institucional” para resolver las disputas sobre el resultado electoral hecha por Lula, Petro y López Obrador, HRW elogia que una vez que el Tribunal Supremo de Justicia convalidó el 22 de agosto la victoria de Maduro, los tres presidentes destinarios de la carta optaron por no dar su reconocimiento hasta que no se difundan las actas desglosadas por mesa de votación, como exige el fallo del alto tribunal.
"Instamos a sus gobiernos a que insistan en una verificación independiente de los resultados, que debería llevar a cabo una tercera parte creíble e imparcial", subraya.
En cuanto a la propuesta de una “amnistía general” HRW señala que "en virtud del derecho internacional, los gobiernos tienen la obligación de investigar y perseguir graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales" y recuerdan que la Misión de Naciones Unidas para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela, al igual que organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, ha documentado graves violaciones de derechos humanos en el país".
“Respetar estas obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos requerirá investigaciones penales estratégicas que prioricen la judicialización de los máximos responsables de atrocidades y se centren en los crímenes más graves y notorios, concluye HRW.
Declaración de excancilleres de la región
A través de una declaración, un grupo de excancilleres de la región estimó que “el pronunciamiento del TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) avalando los resultados electorales en favor de Nicolás Maduro no tiene validez, además de ser inconstitucional”.
Esto se debe a que, como señaló la misión de la ONU para la determinación de los hechos en Venezuela, el TSJ “carece de imparcialidad e independencia, y junto al Consejo Nacional Electoral, han ‘desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado’”, según los ex altos funcionarios.
“Apoyamos los esfuerzos diplomáticos de facilitación para una transición democrática, y creemos que, para ello, el régimen venezolano debe respetar la soberanía popular expresada en las urnas, y publicar las actas de votación desagregadas para que sean sometidas a verificación independiente con presencia internacional, según lo manifestado por organismos internacionales y líderes de nuestra región y del mundo”, agregaron.
El documento fue firmado por Jorge Castañeda (México), Luis Gallegos (Ecuador), María Ángela Holguín (Colombia), José Miguel Insulza (Chile), Eladio Loizaga (Paraguay), Susana Malcorra (Argentina), José Antonio Meade (México) y Heraldo Muñoz (Chile).
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