En un comunicado conjunto, 25 oenegés, que han monitoreado las protestas dentro de Venezuela desde el 28 de julio, expresaron su preocupación por la actual crisis en el país y denunciaron “ante el mundo” las agresiones contra miles de manifestantes que “han salido legítimamente a las calles ejerciendo su derecho de asociación, reunión pacífica y expresión”, detallaron en el texto. De igual manera, condenaron hechos violatorios del derecho a la libertad de expresión, ejecutados contra manifestantes, usuarios de redes sociales y la prensa independiente, durante estos días.
Las organizaciones firmantes son: Civil Rights Defenders; Wola; Defiende Venezuela; Provea; Foro Penal; Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (Juventud LAC); 4Métrica; ConEnfoque; El Derecho a No Obedecer - Corporación Otraparte; CIVILIS; Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua (Nicaragua Nunca Más); Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad); Un mundo sin mordaza; Cubalex; Justicia 11J; Centro de Documentación de Prisiones Cubanas; Iniciativa para la Investigación y la Incidencia A.C.; Fundación Paz y Reconciliación; Aula Abierta; People In Need; Acceso a la Justicia; Mulier; Laboratorio de Paz; Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia - Codhez; y, Espacio Público.
En la carta, llamaron la atención sobre la detención arbitraria de 1.350 personas, según datos de Foro Penal, sin ningún tipo de garantía procesal. También condenaron la anulación y cancelación de pasaportes a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas, tanto dentro como fuera de Venezuela, y las medidas en contra del derecho a la libertad de expresión e información como los bloqueos a sistemas de mensajería digital o el anuncio del cierre de la red social X durante 10 días.
“Vemos con particular preocupación la situación en los estados de Carabobo, Anzoátegui y el Distrito Capital, en donde hay un mayor número de personas detenidas. Además de manifestantes, el gobierno ha detenido a personas defensoras de derechos humanos, activistas y abogados, y ha impedido en la gran mayoría de los casos cualquier representación jurídica independiente por parte de defensores privados y organizaciones de la sociedad civil”, detallaron en la denuncia.
Nicolás Maduro fue proclamado con el 52 % de los votos, según la autoridad electoral, para un tercer mandato de seis años, hasta 2031. Pero la oposición liderada por María Corina Machado reivindica la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia en los comicios del 28 de julio, lo que el mandatario ha considerado como una incitación a un “golpe de Estado” y a una “guerra civil”.
Su reelección desató protestas que dejaron al menos 24 muertos y miles de detenidos, en medio de llamados de Estados Unidos, Europa y varios países de América Latina para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presente el escrutinio detallado de la elección.
En otros comentarios, las oenegés también declararon que han conocido de decenas de activistas que han sido desaparecidos “durante horas” por parte de fuerzas de seguridad, y que luego “han tenido que esconderse tras las amenazas de la fuerza pública o la incitación a tácticas de delación pública por parte de las autoridades venezolanas”.
Bajo ese contexto, las organizaciones firmantes exigen al gobierno venezolano “garantizar la vida, seguridad y libertad de activistas, periodistas, abogados, y personas que defienden los derechos humanos en Venezuela y el de sus familias, así como brindar todas las garantías procesales a quienes han sido detenidos y detenidas arbitrariamente y liberarles de inmediato”.
Pero también, hacen un llamado a la comunidad internacional para que se sumen a los llamados de la sociedad civil al gobierno venezolano para que respete y garantice sus derechos.
“Llamamos a los gobiernos de la región, los organismos multilaterales como la OEA, la ONU y la Unión Europea a que se sumen a los llamados de la sociedad civil al gobierno venezolano para que respete y garantice sus derechos, y a que tomen acciones concretas e inmediatas para detener esta crisis de Derechos Humanos presentada en el país”, exigieron en el texto.
Por otro lado, pidieron a los países receptores de migración venezolana que faciliten los trámites y medidas migratorias y las posibilidades de regularización, asilo y refugio.
Finalmente, las más de 20 organizaciones expresan que se suman a las exigencias de la comunidad internacional para que el gobierno venezolano permita “un escrutinio independiente, transparente y verificado de los resultados de las elecciones del 28 de julio, que garanticen el respeto a la voluntad popular, la democracia y la libertad”, dijeron.
Ley para regular las oenegés en Venezuela
Mientras, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, retomó el 13 de agosto un debate para aprobar una ley para regular oenegés, parte de un polémico paquete legislativo impulsado en medio del reclamo opositor de un fraude electoral y bajo la advertencia de la ONU de un “clima de miedo”. Sin embargo, fue suspendido por segunda vez y no está claro cuando se reanudará.
Esta sería la primera ley que la Asamblea Nacional busca aprobar, según su presidente, Jorge Rodríguez, para “hacer respetar el resultado electoral” en medio de denuncias de fraude en la reelección del presidente Nicolás Maduro.
Además, el paquete de leyes incluye la regulación de redes sociales y una normativa para castigar el “fascismo”, término con el que el gobierno suele referirse a sus detractores.
La ley contra el fascismo, que entra a partir del 14 de agosto en fase de consulta pública, previa a la segunda discusión, castiga la promoción de reuniones o manifestaciones que hagan “apología al fascismo”, y plantea la ilegalización de partidos políticos y multas de hasta 100.000 dólares para empresas, organizaciones o medios que financien actividades o difundan información que “incite al fascismo”.
“Si usted no es fascista no se preocupe, si usted no es neofascista no debe preocuparse”, dijo el parlamentario chavista Diosdado Cabello.
Asimismo, prohíbe recibir donaciones para entidades políticas y obliga a las organizaciones a inscribirse en un registro local y hacer una “relación de donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros”.
Según detalló AFP, el incumplimiento implica multas que pueden llegar a US$10.000, de acuerdo con el proyecto original, muy cambiado, según lo que aprobado en el debate.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) estimó que “esta ley restringiría arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación pública, en un contexto de cierre del espacio cívico”.
Por su parte, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, Volker Türk, instó igualmente a “las autoridades a que no adopten estas u otras leyes que socaven el espacio cívico y democrático en el país”.
Su portavoz, Ravina Shamdasani, describió un “clima de miedo” en el país, en el que “es imposible aplicar los principios democráticos y proteger los derechos humanos”. “En un clima de miedo así, cuando usted está en desacuerdo con la política del gobierno, no se expresa”, dijo en rueda de prensa.
Además, Rodríguez propuso incorporar en una polémica norma que castiga hasta con 20 años de cárcel “delitos de odio”, muy usada contra opositores, “elementos relacionados con siembra de odio en las redes sociales”.
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