La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó, de manera unánime, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales, que prevé la disolución judicial de estas agrupaciones si llegasen a recibir aportes económicos destinados a organizaciones políticas o realizar aportes económicos a dichas formaciones, así como promover el “fascismo, la intolerancia o el odio”.
Durante la sesión, el Legislativo acordó incluir en el texto, a petición del diputado chavista, Diosdado Cabello, que se prohíba a las ONG recibir aportes para el financiamiento al “terrorismo” porque, aseguró, hay organizaciones que reciben fondos y luego patrocinan “guarimbas” (protestas violentas).
“Estas ONG reciben fondos y las vemos financiando guarimbas, financiando hechos de terrorismo en el territorio nacional y esto serviría para ponerle freno y coto a esa posibilidad”, explicó el legislador.
Ahora, las ONG deberán, por ley, notificar “el financiamiento o donaciones” que reciban, a fin de “asegurar la licitud de los fondos”, además de declarar las “donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes”.
El texto indica que los tribunales de primera instancia en materia civil serán los competentes para acordar la “disolución de una organización social sin fines de lucro”, a la que “deberá garantizarse el derecho a la defensa y el debido proceso”.
Por otra parte, según el texto, corresponde al Ejecutivo el “seguimiento y control del cumplimiento” de los “deberes y prohibiciones” establecidos en la nueva legislación, para lo que, entre otras medidas, implementará y evaluará mecanismos que sirvan para estos fines.
Según detalló AFP, el incumplimiento implica multas que pueden llegar a US$10.000, de acuerdo con el proyecto original, muy cambiado, según lo que aprobado en el debate.
La AN retomó la discusión de esta ley tres meses después de su último debate al respecto, el pasado mayo, pese a las advertencias de numerosas ONG, que alertan de una “supresión del espacio cívico y del derecho de asociación”.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) estimó que “esta ley restringiría arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación pública, en un contexto de cierre del espacio cívico”.
Por su parte, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, Volker Türk, instó igualmente a “las autoridades a que no adopten estas u otras leyes que socaven el espacio cívico y democrático en el país”.
De acuerdo con el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, esta ley tiene el objetivo de “hacer respetar el resultado electoral” en medio de denuncias de fraude en la reelección del presidente Nicolás Maduro.
La portavoz del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, describió un “clima de miedo” en el país, en el que “es imposible aplicar los principios democráticos y proteger los derechos humanos”. “En un clima de miedo así, cuando usted está en desacuerdo con la política del gobierno, no se expresa”, dijo en rueda de prensa.
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