Un segundo avión vinculado a Maduro está bajo vigilancia en República Dominicana
Los informes indican que esta otra aeronave está por motivos de mantenimiento en el país caribeño. Si bien está bajo constante vigilancia, no se especificó si existe una solicitud para inmovilizarla.
Luego de que la semana empezara con la noticia de que el avión de Nicolás Maduro fue confiscado por Estados Unidos en República Dominicana, CNN informó que una segunda aeronave suya permanece bajo vigilancia allí mismo. El Dassault Falcon 2000, con serial 017 y matrícula YV 3360, parecido al que fue decomisado el lunes, aunque más moderno, aparece en la lista de bienes sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al gobierno del mandatario venezolano.
La fuente citada por el medio de comunicación dijo que el avión está bajo vigilancia las 24 horas del día por las autoridades dominicanas y, aunque no especificó si existe una solicitud para inmovilizarlo, aseguró que se encuentra en el país caribeño por razones de mantenimiento, como también lo estaba el Dassault Falcon 900EX, trasladado a Florida tras determinarse que su adquisición violaba las sanciones estadounidenses impuestas contra Caracas, según el Departamento de Justicia estadounidense.
El decomiso del primer avión de Maduro
La aeronave del mandatario venezolano, confiscada el lunes por Estados Unidos, ha sido clave en algunos asuntos de la política internacional del país vecino. El avión, que Washington aseguró que fue comprado a través de una empresa fantasma por unos US$13 millones, es operado para el beneficio del presidente y de personas afiliadas a él en Venezuela, según los reportes. El Gobierno venezolano calificó esto de “práctica criminal”, mientras el dominicano aseguró que no tuvo que ver con la confiscación, que lo que sucedió fue resultado de una cooperación judicial internacional.
Informes de prensa apuntan a que la última vez que se vio bajar al mandatario de allí fue en diciembre de 2023, en la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom), y que el líder venezolano usó el avión para sus viajes a San Vicente y Las Granadinas, donde se reunió con Irfaan Ali, presidente de Guyana, en su disputa por el Esequivo. Los informes también indican que de ahí mismo descendió Álex Saab, su presunto testaferro, tras un acuerdo de liberación de presos con Estados Unidos.
La información oficial apunta a que el avión fue confiscado con base en las sanciones estadounidenses que pesan sobre el país latinoamericano. De hecho, un alto funcionario, citado por CNN a principios de la semana, dijo: “Esto envía un mensaje a los altos mandos. La confiscación del avión de un jefe de Estado extranjero es algo inaudito en materia penal. Estamos enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses”.
Varias agencias federales estuvieron involucradas en la incautación, incluidas la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, agentes de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad y el Departamento de Justicia. La primera de ellas, una de las más importantes del gobierno federal, también ha confiscado decenas de vehículos de lujo y otros bienes relacionados con altos mandos de Venezuela. En los últimos años, ha incautado unos US$2.000 millones de ingresos o recursos ilícitos del gobierno de Caracas, incluyendo sentencias, embargos y liquidaciones de cuentas bancarias.
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Luego de que la semana empezara con la noticia de que el avión de Nicolás Maduro fue confiscado por Estados Unidos en República Dominicana, CNN informó que una segunda aeronave suya permanece bajo vigilancia allí mismo. El Dassault Falcon 2000, con serial 017 y matrícula YV 3360, parecido al que fue decomisado el lunes, aunque más moderno, aparece en la lista de bienes sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al gobierno del mandatario venezolano.
La fuente citada por el medio de comunicación dijo que el avión está bajo vigilancia las 24 horas del día por las autoridades dominicanas y, aunque no especificó si existe una solicitud para inmovilizarlo, aseguró que se encuentra en el país caribeño por razones de mantenimiento, como también lo estaba el Dassault Falcon 900EX, trasladado a Florida tras determinarse que su adquisición violaba las sanciones estadounidenses impuestas contra Caracas, según el Departamento de Justicia estadounidense.
El decomiso del primer avión de Maduro
La aeronave del mandatario venezolano, confiscada el lunes por Estados Unidos, ha sido clave en algunos asuntos de la política internacional del país vecino. El avión, que Washington aseguró que fue comprado a través de una empresa fantasma por unos US$13 millones, es operado para el beneficio del presidente y de personas afiliadas a él en Venezuela, según los reportes. El Gobierno venezolano calificó esto de “práctica criminal”, mientras el dominicano aseguró que no tuvo que ver con la confiscación, que lo que sucedió fue resultado de una cooperación judicial internacional.
Informes de prensa apuntan a que la última vez que se vio bajar al mandatario de allí fue en diciembre de 2023, en la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom), y que el líder venezolano usó el avión para sus viajes a San Vicente y Las Granadinas, donde se reunió con Irfaan Ali, presidente de Guyana, en su disputa por el Esequivo. Los informes también indican que de ahí mismo descendió Álex Saab, su presunto testaferro, tras un acuerdo de liberación de presos con Estados Unidos.
La información oficial apunta a que el avión fue confiscado con base en las sanciones estadounidenses que pesan sobre el país latinoamericano. De hecho, un alto funcionario, citado por CNN a principios de la semana, dijo: “Esto envía un mensaje a los altos mandos. La confiscación del avión de un jefe de Estado extranjero es algo inaudito en materia penal. Estamos enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses”.
Varias agencias federales estuvieron involucradas en la incautación, incluidas la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, agentes de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad y el Departamento de Justicia. La primera de ellas, una de las más importantes del gobierno federal, también ha confiscado decenas de vehículos de lujo y otros bienes relacionados con altos mandos de Venezuela. En los últimos años, ha incautado unos US$2.000 millones de ingresos o recursos ilícitos del gobierno de Caracas, incluyendo sentencias, embargos y liquidaciones de cuentas bancarias.
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