Una semana de protestas en Venezuela: este es el reporte de muertes y detenidos

El pasado lunes 29 de julio comenzaron las protestas en las calles de Venezuela por el descontento que generó los resultados que, según la autoridad electoral venezolana, daban la victoria a Nicolás Maduro en los comicios del pasado domingo 28. Desde ese día, las oenegés que tienen presencia en el país han hecho lo posible por informar a la opinión pública sobre las muertes y detenciones, aprovechando para denunciar las arbitrariedades que han cometido las autoridades venezolanas y exigir que se proteja la vida e integridad de las personas que salen a manifestarse.

De acuerdo con la ONG Laboratorio de Paz, en el primer día se registraron por lo menos 210 protestas en todo el país en las que, además de desmontar propaganda electoral del candidato Maduro, los manifestantes derribaron ocho estatuas, siete de ellas correspondientes a Hugo Chávez. “También, se detectaron sedes de alcaldías y del Partido Socialista Unido de Venezuela incendiadas”, detalló el informe.

Según la ONG, las protestas fueron autoconvocadas, espontáneas y descentralizadas. No tuvieron un solo foco de interés, ni recorridos predeterminados de un punto a otro de los territorios y las personas de sectores populares y de clase media eran el principal perfil de los manifestantes.

Desde ese día, y una semana después de esta revolución antichavista, las protestas en Venezuela por el fraude electoral que se denuncia no han parado.

De acuerdo con la organización Foro Penal, a corte del martes 6 de agosto, por estas manifestaciones hay un saldo de 1.102 arrestos verificados e identificados y 11 muertos. De los detenidos, cien son adolescentes y cinco indígenas, detalló la ONG.

Además, según el balance, el estado Carabobo es ahora la entidad del país con el mayor número de detenidos al llegar a 186, por encima de Caracas que cuenta con 179 personas. En tercer lugar, está Anzoátegui con 112 y son las únicas tres regiones con más de una centena de presos.

Estas cifras contradicen los números difundidos por el gobierno venezolano, el cual anunció que hasta el sábado 3 de agosto cerca de 2.000 personas habían sido detenidas en la nación caribeña.

Por su parte, el Monitor de Víctimas, una plataforma que se nutre de medios independientes, ONG y reportes de hospitales, reportó que al menos 23 personas han muerto en Venezuela tras una semana de protestas. Su informe detalló que al menos uno de los fallecidos era menor de edad y 14 eran jóvenes entre 18 y 30 años, cinco tenían entre 31 y 43 años y los otros tres aún no se han determinado.

Un informe de la ONG de derechos humanos Provea confirmaría que la cifra de muertos asciende a 24 personas.

“Los registros (...) dan cuenta de 24 personas fallecidas entre el domingo 28 de julio y el lunes 05 de agosto en eventos y protestas relacionadas con los comicios”, dijo Provea, que incluye un militar.

El balance coincide con un reporte que más temprano ofreció la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus.

En este contexto, las organizaciones defensoras de derechos humanos han criticado la represión y la masiva violación de derechos humanos contra los manifestantes presos. Según resumió Efecto Cocuyo, el Observatorio de DDHH de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) citó en un informe 12 patrones entre los que mencionó detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, tratos crueles y degradantes, fallas procesales y la negación a una defensa privada para las personas que han arrestado en estados andinos (Mérida, Táchira y Trujillo).

De acuerdo con Himiob, las detenciones han sido “indiscriminadas” y se han llevado a cabo “durante” y “después” de las manifestaciones, aunque también se registran casos de personas que “ni siquiera estaban participando” en ellas.

Por todo esto, la líder opositora, María Corina Machado, denunció una “escalada cruel y represiva” en las calles venezolanas, pero Maduro la responsabilizó a ella y al candidato opositor, Edmundo González Urrutia, por la violencia y dijo que “nunca jamás” llegarán al poder.

“Ustedes tienen las manos manchadas en sangre”, dijo el mandatario. “Deben estar tras las rejas”, agregó.

El gobierno chavista cataloga las manifestaciones como un intento de golpe de Estado en su contra, por lo que mantienen en las calles a policías y militares para reprimir a los manifestantes. Además, se anunció que a través de la aplicación VENApp las personas pueden denunciar a quienes consideren que están promoviendo estas protestas.

De acuerdo con un informe de TalCual, “la orden que dio el mandatario Nicolás Maduro de usar la VenApp para denunciar a manifestantes opositores profundiza la ausencia del Estado de derecho y minimiza las garantías de defensa de los ciudadanos”. La medida, “podría disparar las acusaciones como método de represalia y, a su vez, las detenciones injustificadas”, reportó el medio.

Del mismo modo, para un grupo de 47 ONG nacionales e internacionales, que firmaron una carta conjunta, esta decisión es calificada como “autoritarismo digital”, por lo que exigieron que “se ponga fin al uso de herramientas tecnológicas y plataformas digitales para la vigilancia y persecución de la disidencia política, en particular tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Este compromiso es crucial para respetar los derechos consagrados en la Constitución de Venezuela y los compromisos internacionales del país”.

Además, hicieron “un llamado urgente a que el pueblo venezolano tenga acceso sin restricciones a internet, a las plataformas de redes sociales y a otros canales de comunicación en todo momento”, demandaron.

Para el Foro Cívico, que agrupa a varias ONG, en el país se encuentran “suspendidas de hecho” las garantías constitucionales.

Por ello, el domingo 4 de agosto, también se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para su enérgica condena a la detención de manifestantes, activistas y periodistas en Venezuela.

En su declaración, la CIDH hizo un llamado urgente al régimen de Maduro para que cese en sus tácticas de represión y libere a todos los detenidos injustamente: “La situación de derechos humanos en Venezuela sigue siendo preocupante, y hacemos un llamado claro para la liberación inmediata de Kennedy Tejeda y Freddy Ferrer, así como de todos aquellos que han sido privados de libertad por ejercer su derecho a la protesta y la libertad de expresión”.

Igualmente, exhortaron a exigir el cese de la actuación de “civiles armados en funciones de control de orden público”, así como que los organismos de seguridad cumplan con los estándares de uso progresivo y diferenciado de la fuerza, “y proteger los derechos a la vida e integridad de las personas”.

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El pasado lunes 29 de julio comenzaron las protestas en las calles de Venezuela por el descontento que generó los resultados que, según la autoridad electoral venezolana, daban la victoria a Nicolás Maduro en los comicios del pasado domingo 28. Desde ese día, las oenegés que tienen presencia en el país han hecho lo posible por informar a la opinión pública sobre las muertes y detenciones, aprovechando para denunciar las arbitrariedades que han cometido las autoridades venezolanas y exigir que se proteja la vida e integridad de las personas que salen a manifestarse.

De acuerdo con la ONG Laboratorio de Paz, en el primer día se registraron por lo menos 210 protestas en todo el país en las que, además de desmontar propaganda electoral del candidato Maduro, los manifestantes derribaron ocho estatuas, siete de ellas correspondientes a Hugo Chávez. “También, se detectaron sedes de alcaldías y del Partido Socialista Unido de Venezuela incendiadas”, detalló el informe.

Según la ONG, las protestas fueron autoconvocadas, espontáneas y descentralizadas. No tuvieron un solo foco de interés, ni recorridos predeterminados de un punto a otro de los territorios y las personas de sectores populares y de clase media eran el principal perfil de los manifestantes.

Desde ese día, y una semana después de esta revolución antichavista, las protestas en Venezuela por el fraude electoral que se denuncia no han parado.

De acuerdo con la organización Foro Penal, a corte del martes 6 de agosto, por estas manifestaciones hay un saldo de 1.102 arrestos verificados e identificados y 11 muertos. De los detenidos, cien son adolescentes y cinco indígenas, detalló la ONG.

Además, según el balance, el estado Carabobo es ahora la entidad del país con el mayor número de detenidos al llegar a 186, por encima de Caracas que cuenta con 179 personas. En tercer lugar, está Anzoátegui con 112 y son las únicas tres regiones con más de una centena de presos.

Estas cifras contradicen los números difundidos por el gobierno venezolano, el cual anunció que hasta el sábado 3 de agosto cerca de 2.000 personas habían sido detenidas en la nación caribeña.

Por su parte, el Monitor de Víctimas, una plataforma que se nutre de medios independientes, ONG y reportes de hospitales, reportó que al menos 23 personas han muerto en Venezuela tras una semana de protestas. Su informe detalló que al menos uno de los fallecidos era menor de edad y 14 eran jóvenes entre 18 y 30 años, cinco tenían entre 31 y 43 años y los otros tres aún no se han determinado.

Un informe de la ONG de derechos humanos Provea confirmaría que la cifra de muertos asciende a 24 personas.

“Los registros (...) dan cuenta de 24 personas fallecidas entre el domingo 28 de julio y el lunes 05 de agosto en eventos y protestas relacionadas con los comicios”, dijo Provea, que incluye un militar.

El balance coincide con un reporte que más temprano ofreció la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus.

En este contexto, las organizaciones defensoras de derechos humanos han criticado la represión y la masiva violación de derechos humanos contra los manifestantes presos. Según resumió Efecto Cocuyo, el Observatorio de DDHH de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) citó en un informe 12 patrones entre los que mencionó detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, tratos crueles y degradantes, fallas procesales y la negación a una defensa privada para las personas que han arrestado en estados andinos (Mérida, Táchira y Trujillo).

De acuerdo con Himiob, las detenciones han sido “indiscriminadas” y se han llevado a cabo “durante” y “después” de las manifestaciones, aunque también se registran casos de personas que “ni siquiera estaban participando” en ellas.

Por todo esto, la líder opositora, María Corina Machado, denunció una “escalada cruel y represiva” en las calles venezolanas, pero Maduro la responsabilizó a ella y al candidato opositor, Edmundo González Urrutia, por la violencia y dijo que “nunca jamás” llegarán al poder.

“Ustedes tienen las manos manchadas en sangre”, dijo el mandatario. “Deben estar tras las rejas”, agregó.

El gobierno chavista cataloga las manifestaciones como un intento de golpe de Estado en su contra, por lo que mantienen en las calles a policías y militares para reprimir a los manifestantes. Además, se anunció que a través de la aplicación VENApp las personas pueden denunciar a quienes consideren que están promoviendo estas protestas.

De acuerdo con un informe de TalCual, “la orden que dio el mandatario Nicolás Maduro de usar la VenApp para denunciar a manifestantes opositores profundiza la ausencia del Estado de derecho y minimiza las garantías de defensa de los ciudadanos”. La medida, “podría disparar las acusaciones como método de represalia y, a su vez, las detenciones injustificadas”, reportó el medio.

Del mismo modo, para un grupo de 47 ONG nacionales e internacionales, que firmaron una carta conjunta, esta decisión es calificada como “autoritarismo digital”, por lo que exigieron que “se ponga fin al uso de herramientas tecnológicas y plataformas digitales para la vigilancia y persecución de la disidencia política, en particular tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Este compromiso es crucial para respetar los derechos consagrados en la Constitución de Venezuela y los compromisos internacionales del país”.

Además, hicieron “un llamado urgente a que el pueblo venezolano tenga acceso sin restricciones a internet, a las plataformas de redes sociales y a otros canales de comunicación en todo momento”, demandaron.

Para el Foro Cívico, que agrupa a varias ONG, en el país se encuentran “suspendidas de hecho” las garantías constitucionales.

Por ello, el domingo 4 de agosto, también se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para su enérgica condena a la detención de manifestantes, activistas y periodistas en Venezuela.

En su declaración, la CIDH hizo un llamado urgente al régimen de Maduro para que cese en sus tácticas de represión y libere a todos los detenidos injustamente: “La situación de derechos humanos en Venezuela sigue siendo preocupante, y hacemos un llamado claro para la liberación inmediata de Kennedy Tejeda y Freddy Ferrer, así como de todos aquellos que han sido privados de libertad por ejercer su derecho a la protesta y la libertad de expresión”.

Igualmente, exhortaron a exigir el cese de la actuación de “civiles armados en funciones de control de orden público”, así como que los organismos de seguridad cumplan con los estándares de uso progresivo y diferenciado de la fuerza, “y proteger los derechos a la vida e integridad de las personas”.

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