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Los países de la Unión Europea (UE) iniciaron este lunes una acción coordinada para aislar y sancionar a Bielorrusia, luego del escándalo internacional provocado el aterrizaje forzoso en Minsk de un avión civil en el que viajaba un opositor que luego fue detenido. En medio de las fuertes presiones, esta antigua república soviética, situada entre Rusia y la UE y dirigida desde 1994 por Alexander Lukashenko, rechazó las críticas y aseguró haber actuado de forma legal, prometiendo una “absoluta transparencia”.
Bielorrusia recibió el apoyo de su principal aliado, Rusia, cuyo ministro de Exteriores, Serguei Lavrov, consideró que Minsk había actuado de forma “razonable” al prometer una “transparencia total”. El vuelo de Ryanair procedente de Atenas y con destino a Vilna, la capital de Lituania, en el que viajaba el periodista disidente Román Protasévich, fue forzado a aterrizar el domingo cuando se hallaba en el espacio aéreo bielorruso, por una supuesta amenaza de bomba que resultó ser falsa.
Bielorrusia afirmó incluso este lunes haber recibido una amenaza de “bomba” en este vuelo de Ryanair, firmada por Hamás, según un email atribuido a este movimiento islamista palestino y leído por un responsable del ministerio bielorruso de Transportes.
Escoltado por un avión de combate bielorruso, el aparato aterrizó en la capital, Minsk, donde Protasévich, de 26 años -quien vivía entre dos Estados de la Unión Europea, Polonia y Lituania-, fue detenido junto con su pareja. Minsk aseguró el lunes haber informado a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organismo dependiente de la ONU, y a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), de su “disposición a cooperar en una investigación imparcial”.
Fuerte reacción internacional
Este lunes el gobierno del Reino Unido ordenó a aviones británicos evitar el espacio aéreo de Bielorrusia. El grupo aeronáutico alemán Lufthansa, la compañía escandinava SAS y la compañía regional Air Baltic, con sede en Letonia, también anunciaron haber adoptado esa medida.
En Bruselas, Von der Leyen dijo que se trató de un “altamente inaceptable secuestro de un avión de Ryanair por parte de las autoridades de Bielorrusia, y añadió que el mandatario bielorruso Alexander Lukashenko “y su régimen deben entender que habrá severas consecuencias”.
Además de la adopción de nuevas sanciones a funcionarios bielorrusos, entre las alternativas discutidas por los líderes, de acuerdo con borradores a los que AFP tuvo acceso, se incluye el veto del uso del espacio aéreo de los países de la UE a la aerolínea de Bielorrusia, Belavia.
Las explicaciones bielorrusas no convencieron a nadie en Europa. Von der Leyen, calificó el incidente de “indignante e ilegal”, Polonia denunció “un acto de terrorismo de Estado” y Francia pidió una “respuesta fuerte y unida”.
La jefa del gobierno alemán, Angela Merkel, dijo que las explicaciones bielorrusas eran “completamente inverosímiles”.
“Piratería”
Irlanda, donde está basada la compañía Ryanair, criticó un acto de “piratería” estatal y Alemania. A su vez la OTAN exigió una investigación sobre el “grave y peligroso incidente”, mientras que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, lo calificó de “impactante” por poner en peligro “la vida de más de 120 pasajeros, entre ellos ciudadanos estadounidenses”.
Tanto Estados Unidos como la UE exigieron la liberación de Protasévich, que Bielorrusia había añadido a su lista de “personas implicadas en actividades terroristas”. La UE ya adoptó sanciones al gobierno de Lukashenko por la brutal represión de las manifestaciones de la oposición tras su polémica reelección para un sexto mandato en agosto del año pasado.
La activista opositora bielorrusa Svetlana Tijanóvskaya, quien vive en el exilio en Lituania, afirmó que “es absolutamente obvio que se trata de una operación de los servicios secretos para capturar el avión” y arrestar a Protasévich. El opositor está detenido en Minsk y en un vídeo difundido el lunes por la noche por la televisión pública bielorrusa afirmó que estaba siendo bien tratado y que había empezado a “confesar sobre la organización de manifestaciones masivas”.