[Análisis] ¿Qué puede aportar España a la paz en Colombia?

La visita de Pedro Sánchez al nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, ha servido para reforzar el vínculo progresista que une ahora a Madrid con Bogotá. La declaración de intenciones del mandatario español de aportar todo lo que sea necesario para contribuir a una “paz total” en Colombia fue correspondida por Gustavo Petro. Este afirmó que, de considerarse por las partes, España podría ser garante de un eventual proceso de paz con el ELN e, incluso, servir de sede negociadora.

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España recupera así su posición de garantía y compromiso con la paz de América Latina. Al respecto, no debe olvidarse el protagonismo que los gobiernos de los socialistas españoles dieron al país en los procesos de pacificación de Guatemala y El Salvador, en donde se asumieron importantes tareas de verificación respecto del cumplimiento con los derechos humanos, además de impulsar proyectos de fortalecimiento y reforma del Estado, y transformación y modernización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Asimismo, en lo que respecta a Colombia, España fue sede de las conversaciones entre el gobierno de Ernesto Samper y la guerrilla del ELN, cuando a inicios de febrero de 1998 se llegó a suscribir el preacuerdo de Viana, por el cual se asumía el compromiso por avanzar en intercambios cooperativos que condujesen a la superación de la violencia. Este proceso, incluso respaldado por el comandante de la guerrilla, Manuel “Cura” Pérez, poco antes de morir, terminaría saboteado por la filtración que el diario ABC le hizo al periódico colombiano El Tiempo, lo que impidió todo tipo de avance. De igual manera, ya con el nuevo gobierno de Andrés Pastrana, España no dudó en mantener su compromiso con la paz de Colombia y aportó hasta 100 millones de dólares al fondo de paz que recién se había constituido para impulsar el proceso de paz con las Farc-EP que daría inicio en enero de 1999, en el Caguán.

Con base en lo anterior, un eventual papel de España en el proceso de paz colombiano sería, antes que nada, un ejercicio de coherencia e integridad con uno de los valores nucleares de la política española de cooperación al desarrollo con Colombia: la superación de la violencia en todas sus dimensiones.

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Igualmente, asumir una condición de garante en un marco de negociaciones como la del ELN exige de varios aspectos. Primero, una eventual presencia de España debe exigir una labor de hermandad, respeto y disposición alejada del paternalismo y la perspectiva Norte-Sur que, durante décadas, ha lastrado y erosionado —y, lamentablemente, todavía lastra—, en parte, la relación con el continente latinoamericano.

En segundo lugar, de llegar a ser sede eventual de parte del proceso de diálogo, ello debe suponer dotar de un escenario proclive para el diálogo, no sólo en términos ambientales y de infraestructura, sino, sobre todo, de exposición, tratamiento y visibilidad. Es decir, satisfacer plenamente las necesidades de transporte, alojamiento o seguridad que las partes demanden, tal y como La Habana u Oslo lo hicieron durante el proceso con las Farc-EP, es solo la parte inicial de un proceso al que tendrá que darse gran apoyo político en frente de la cavernícola extrema derecha española (y colombiana) que clamará contra el “apoyo y amparo al terrorismo”. En todo caso, esta posibilidad resulta mucho menos factible, a primera vista, en tanto que sería de esperar que fuese Cuba el lugar en donde transcurriese todo o gran parte del proceso de paz con el ELN.

Como tercer aspecto a destacar, una condición de garante reclama para quien la ostenta el deber de desplegar todos los buenos oficios que sean necesarios para facilitar la interlocución, la identificación y disposición de exigencias e intercambios, así como los demás elementos que hacen parte de un intrincado proceso cuya razón de ser pasa por transformar a dos enemigos en adversarios que se reconocen recíprocamente.

A tal efecto, todo lo expuesto requiere de una expertise en lo que se refiere a conocer experiencias comparadas, buenas prácticas o lecciones aprendidas que resultan tan necesarias como la exhibición de recursos para el mantenimiento de un apropiado diálogo. Así, un garante de la paz debe estar en disposición de poder detectar dificultades, proveer de caminos alternativos, ofrecer terceras posibilidades o, incluso, recomendar aspectos más comprometidos para que el diálogo fructifique y evolucione correctamente.

En cualquier caso, la presencia de España y su aportación al proceso de paz total que demanda la nueva presidencia de Gustavo Petro exige no desatender al resto de actores involucrados en la violencia armada que tiene lugar en Colombia. Es decir, los integrantes de las diferentes disidencias de las Farc-EP que, nuevamente, se acojan al Acuerdo de Paz han de disponer de garantías reales para su reincorporación, lo cual debe exigir a los países amigos de la paz en Colombia, que apoyen proyectos de promoción del empleo, generación de oportunidades y facilitación de la convivencia pacífica, de forma mucho más intensa de la que lo han hecho en el anterior proceso de paz. Igualmente, el desmantelamiento de otros grupos criminales, como los herederos del posparamilitarismo, muy posiblemente demande ingentes esfuerzos para promover políticas de naturaleza penitenciaria alternativas a las existentes, en donde países como España pueden tener mucho que aportar.

En conclusión, ser garante implica comprometerse en la construcción de una paz estable y duradera. El Estado que acompañe la paz de cualquier forma debe proveer, evidentemente, los recursos y los mecanismos de comunicación y diálogo, pero también ha de hacer una labor de promoción del acuerdo y de seguimiento del mismo, para el buen cumplimiento de los compromisos que se alcancen en las negociaciones. Y, frente a los reaccionarios que añoran la colonia, hay que entender bien que estas políticas de apoyo a la construcción de la paz son políticas de Estado y no políticas de gobierno, de modo que deberían de ser respaldadas por todos los que de verdad creen en la paz, sin distinción alguna de ideologías.

* Profesores de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid (@Jeronimo_Rios_).

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La visita de Pedro Sánchez al nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, ha servido para reforzar el vínculo progresista que une ahora a Madrid con Bogotá. La declaración de intenciones del mandatario español de aportar todo lo que sea necesario para contribuir a una “paz total” en Colombia fue correspondida por Gustavo Petro. Este afirmó que, de considerarse por las partes, España podría ser garante de un eventual proceso de paz con el ELN e, incluso, servir de sede negociadora.

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Asimismo, en lo que respecta a Colombia, España fue sede de las conversaciones entre el gobierno de Ernesto Samper y la guerrilla del ELN, cuando a inicios de febrero de 1998 se llegó a suscribir el preacuerdo de Viana, por el cual se asumía el compromiso por avanzar en intercambios cooperativos que condujesen a la superación de la violencia. Este proceso, incluso respaldado por el comandante de la guerrilla, Manuel “Cura” Pérez, poco antes de morir, terminaría saboteado por la filtración que el diario ABC le hizo al periódico colombiano El Tiempo, lo que impidió todo tipo de avance. De igual manera, ya con el nuevo gobierno de Andrés Pastrana, España no dudó en mantener su compromiso con la paz de Colombia y aportó hasta 100 millones de dólares al fondo de paz que recién se había constituido para impulsar el proceso de paz con las Farc-EP que daría inicio en enero de 1999, en el Caguán.

Con base en lo anterior, un eventual papel de España en el proceso de paz colombiano sería, antes que nada, un ejercicio de coherencia e integridad con uno de los valores nucleares de la política española de cooperación al desarrollo con Colombia: la superación de la violencia en todas sus dimensiones.

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Igualmente, asumir una condición de garante en un marco de negociaciones como la del ELN exige de varios aspectos. Primero, una eventual presencia de España debe exigir una labor de hermandad, respeto y disposición alejada del paternalismo y la perspectiva Norte-Sur que, durante décadas, ha lastrado y erosionado —y, lamentablemente, todavía lastra—, en parte, la relación con el continente latinoamericano.

En segundo lugar, de llegar a ser sede eventual de parte del proceso de diálogo, ello debe suponer dotar de un escenario proclive para el diálogo, no sólo en términos ambientales y de infraestructura, sino, sobre todo, de exposición, tratamiento y visibilidad. Es decir, satisfacer plenamente las necesidades de transporte, alojamiento o seguridad que las partes demanden, tal y como La Habana u Oslo lo hicieron durante el proceso con las Farc-EP, es solo la parte inicial de un proceso al que tendrá que darse gran apoyo político en frente de la cavernícola extrema derecha española (y colombiana) que clamará contra el “apoyo y amparo al terrorismo”. En todo caso, esta posibilidad resulta mucho menos factible, a primera vista, en tanto que sería de esperar que fuese Cuba el lugar en donde transcurriese todo o gran parte del proceso de paz con el ELN.

Como tercer aspecto a destacar, una condición de garante reclama para quien la ostenta el deber de desplegar todos los buenos oficios que sean necesarios para facilitar la interlocución, la identificación y disposición de exigencias e intercambios, así como los demás elementos que hacen parte de un intrincado proceso cuya razón de ser pasa por transformar a dos enemigos en adversarios que se reconocen recíprocamente.

A tal efecto, todo lo expuesto requiere de una expertise en lo que se refiere a conocer experiencias comparadas, buenas prácticas o lecciones aprendidas que resultan tan necesarias como la exhibición de recursos para el mantenimiento de un apropiado diálogo. Así, un garante de la paz debe estar en disposición de poder detectar dificultades, proveer de caminos alternativos, ofrecer terceras posibilidades o, incluso, recomendar aspectos más comprometidos para que el diálogo fructifique y evolucione correctamente.

En cualquier caso, la presencia de España y su aportación al proceso de paz total que demanda la nueva presidencia de Gustavo Petro exige no desatender al resto de actores involucrados en la violencia armada que tiene lugar en Colombia. Es decir, los integrantes de las diferentes disidencias de las Farc-EP que, nuevamente, se acojan al Acuerdo de Paz han de disponer de garantías reales para su reincorporación, lo cual debe exigir a los países amigos de la paz en Colombia, que apoyen proyectos de promoción del empleo, generación de oportunidades y facilitación de la convivencia pacífica, de forma mucho más intensa de la que lo han hecho en el anterior proceso de paz. Igualmente, el desmantelamiento de otros grupos criminales, como los herederos del posparamilitarismo, muy posiblemente demande ingentes esfuerzos para promover políticas de naturaleza penitenciaria alternativas a las existentes, en donde países como España pueden tener mucho que aportar.

En conclusión, ser garante implica comprometerse en la construcción de una paz estable y duradera. El Estado que acompañe la paz de cualquier forma debe proveer, evidentemente, los recursos y los mecanismos de comunicación y diálogo, pero también ha de hacer una labor de promoción del acuerdo y de seguimiento del mismo, para el buen cumplimiento de los compromisos que se alcancen en las negociaciones. Y, frente a los reaccionarios que añoran la colonia, hay que entender bien que estas políticas de apoyo a la construcción de la paz son políticas de Estado y no políticas de gobierno, de modo que deberían de ser respaldadas por todos los que de verdad creen en la paz, sin distinción alguna de ideologías.

* Profesores de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid (@Jeronimo_Rios_).

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