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Al primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, se le están acumulando los escándalos.
Varios medios británicos, entre ellos el Daily Mail, The Spectator y la propia BBC, informaron que Johnson había dicho en una reunión que prefería “que se apilen miles de cadáveres” antes de imponer una nueva cuarentena. No suficiente con ello, ahora el mandatario es acusado de pagar las remodelaciones de su vivienda con donaciones hechas al Partido Conservador, el cual se ha resistido a despejar las dudas sobre las obras.
Estas dos polémicas, que Downing Street ha negado con vehemencia, amenazan la popularidad que había conseguido el mandatario gracias a la campaña de vacunación. Johnson no ha aclarado cómo pagó la reforma de su apartamento, por lo que tuvo que comparecer ante la Cámara de los Comunes en una sesión de control en la que señaló que él cubrió todos los costes de las obras.
“He pagado por la reforma de Downing Street personalmente. Y cualquier nueva declaración que tenga que hacer la haré bajo el consejo de Lord Geidt”, nombrado hoy nuevo asesor independiente sobre los intereses de los ministros, dijo Johnson.
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El escándalo estalló el viernes cuando Dominic Cummings, antiguo asesor de Johnson, sugirió que las obras podrían ser ilegales. Los primeros ministros reciben por ley hasta 30.000 libras (34.500 euros) para dejar a su gusto la residencia oficial de Downing Street. Sin embargo, los medios especulan que la reforma emprendida por Johnson y su pareja, Carrie Symonds, se elevó muy por encima de esa cantidad. Según el Daily Mail, el matrimonio pagó unas 58.000 libras adicionales (66.000 euros).
Las cantidades no son astronómicas, pero en una democracia donde las buenas prácticas formales son escrutadas minuciosamente, el cumplimiento del llamado Código Ministerial, el cual castiga duramente por ejemplo las mentiras en sede parlamentaria, se vigila de cerca y puede poner a Johnson ante un aprieto inesperado.
La Comisión Electoral, que supervisa la financiación de los partidos, abrió una investigación formal el miércoles sobre la polémica renovación del inmueble.
“Hay motivos razonables para sospechar que pudo haber una o más infracciones de las reglas… Una investigación formal determinará si alguna transacción relativa a las obras en el 11 de Downing Street entra dentro del régimen regulado por la Comisión y si se informó de cualquier financiación como es debido”, dijo el ente supervisor.
Todo esto ha sido aprovechado por el líder de la oposición laborista, Keir Starmer, para arremeter contra el gobierno de Johnson. Stamer, que ha sido muy criticado incluso por los miembros de su partido por no tener una línea ideológica clara, insistió en que existe la posibilidad de que los contribuyentes pagaran por las obras, por lo que exigió transparencia.
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