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La máxima instancia judicial de la ONU rechazó este miércoles la mayoría de las acusaciones de Ucrania contra Rusia por “financiación del terrorismo” en el este del país desde 2014, alegando que los casos presentados excedían el marco de la legislación vigente.
Ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, Ucrania calificó a Rusia de “Estado terrorista” y afirmó que el apoyo ruso a los separatistas prorrusos del este del país había sido un presagio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.
Según Kiev, con varias de sus acciones para apoyar a los secesionistas, Moscú había violado el Convenio para la Represión de la Financiación del Terrorismo.
El gobierno ucraniano exigía compensaciones por ataques atribuidos a los separatistas, en especial la destrucción del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en julio de 2014 cuando sobrevolaba Ucrania, que mató a 298 personas.
Pero la CIJ rechazó la mayoría de los argumentos de Ucrania y solo reprochó a Rusia que no hubiese tomado “medidas para investigar” posibles violaciones del Convenio para la Represión de la Financiación del Terrorismo.
La corte “rechaza todos los demás argumentos presentados por Ucrania”, declaró en su fallo. Este caso es anterior a la invasión rusa de Ucrania. La CIJ dirá el viernes si tiene competencias para pronunciarse en un procedimiento distinto sobre esta guerra.
El tribunal señaló que sólo las transferencias de dinero podían considerarse como apoyo a grupos presuntamente terroristas, según los términos del convenio internacional.
Esto “no incluye los medios utilizados para cometer actos de terrorismo, entre ellos armas o campos de entrenamiento”, dictaminó el órgano judicial.
“Por ende, el suministro de armas a distintos grupos armados que operan en Ucrania (...) no entra en el ámbito de aplicación material” del convenio, declaró la CIJ.
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“Erradicación cultural”
Además de reprochar a Moscú haber apoyado a los rebeldes separatistas, Kiev señaló que el tratamiento otorgado por Rusia a la minoría tártara y a los de habla ucraniana en Crimea ocupada infringía una convención internacional sobre la discriminación racial.
En referencia a esto, la CIJ consideró que Rusia no adoptó medidas suficientes para permitir la enseñanza en ucraniano.
Ucrania llevó el caso ante la CIJ en 2017, afirmando que Rusia violó las convenciones de la ONU sobre la financiación del terrorismo y sobre las discriminaciones raciales.
El embajador ruso en Países Bajos, Alexander Shulgin, criticó en junio, durante unas audiencias, la iniciativa de Kiev, afirmando que Ucrania “recurre a “mentiras flagrantes” contra Rusia, “incluso ante esta corte”.
Moscú intenta “borrar” a Ucrania “del mapa”, respondió por su parte un diplomático ucraniano, Anton Korinevish.
“A partir de 2014, Rusia ocupó ilegalmente Crimea, y luego inició una campaña de erradicación cultural contra los ucranianos de origen y los tártaros de Crimea”, recalcó Korinevish.
El tribunal rechazó en 2017 la petición de Kiev de ordenar urgentemente a Rusia que pusiera fin a su presunto apoyo a los rebeldes separatistas en el este de Ucrania, pero sí que instó a Moscú a garantizar los derechos de los ucranianos y de los tártaros en Crimea.
Las decisiones de la CIJ, creada después de la Segunda Guerra Mundial para resolver las disputas entre países, son jurídicamente vinculantes y no se pueden apelar. Sin embargo, la corte no tiene medios para hacer que se apliquen.
El tribunal, por ejemplo, ordenó a Rusia en marzo de 2022 que suspendiera su ofensiva en Ucrania, que actualmente continúa.
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