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La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin por haber sido partícipe en “crímenes de guerra”. El anuncio se dio a través de un comunicado de prensa en el que se afirma que tanto el jefe de Estado de Rusia, como Maria Alekseyevna Lvova-Belova son responsables de “deportación ilegal” de niños ucranianos hacia territorio controlado por el Kremlin.
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Las órdenes de arresto se fundamentan bajo los señalamientos de Karim Khan, fiscal de la CPI encargado del caso, en que se explica que las investigaciones que desde el Kremlin ha habido un ataque sistemático contra los niños ucranianos desde el inicio de la guerra, específicamente en la “deportación ilegal” de menores de edad hacia territorios controlados por Rusia.
Situation in #Ukraine: #ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 17, 2023
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La CPI no precisó cómo pretende ejecutar las órdenes de arresto, teniendo en cuenta Rusia no es miembro de ese tribunal, como Moscú recordó de inmediato.
“Rusia, como cierto número de Estados, no reconoce la competencia de ese tribunal, y en consecuencia, del punto de vista de la ley, las decisiones de ese tribunal son nulas”, declaró el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov.
La investigación, que ha estado abierta desde hace 11 meses, indica que hay evidencias de que Rusia secuestró niños y adolescentes ucranianos para enviarlos a zonas controladas por tropas y funcionarios rusos. De acuerdo con la investigación y el New York Times, los menores de edad fueron reenviados a centros de reeducación rusos.
Vladimir Putin es “presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y del traslado ilegal de población de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”, indica el comunicado de la CPI.
Más de 16.000 niños ucranianos habrían sido deportados a Rusia desde el inicio de la invasión y muchos fueron trasladados a instituciones y casas de acogida, según Kiev.
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El comunicado de prensa de la CPI indica que Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia, también es una presunta responsable de estos crímenes. Por esta razón, también se emitió una orden de captura en su contra.
Desde el 2 de marzo de 2022 la CPI abrió la investigación por creer que “existen motivos razonables para creer que se han cometido crímenes” en Ucrania “que entran bajo la jurisdicción del tribunal”. En aquel entonces fue designado Karim Khan como cabeza de la investigación, quien visitó territorios ucranianos arrasados por la guerra para determinar si se habían cometido crímenes de guerra de parte del bando ruso.
Prosecutor #KarimAAKhanQC visits Borodyanka, Ukraine. “The voices of those impacted by alleged crimes must be at the centre of our independent work to establish the truth. Survivors and the families of victims will be full partners in our collective efforts to deliver justice”. pic.twitter.com/9xOzfeDbjI
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) April 14, 2022
Por ejemplo, Khan visitó Borodyanka, una ciudad al oriente de Ucrania que poco después del inicio de la guerra terminó arrasada y en ruinas. El fiscal aseguró en ese momento que “los supervivientes y las familias de las víctimas serán socios de pleno derecho en nuestros esfuerzos colectivos para hacer justicia”.
La Corte Penal Internacional expresó que de acuerdo con sus pesquisas, “los crímenes supuestamente se cometieron en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022″.
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Para el órgano judicial, “hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal individual por los crímenes antes mencionados”.
Aunque en días anteriores desde el Kremlin se aseguró que no reconocen los mandatos de la CPI dentro de la jurisdicción rusa, la Corte señaló que tanto Putin como Lvova-Belova deben responder por los crímenes de “haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros […]. no ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos”.
Dmitri Peskov, portavoz de la Presidencia rusa, aseguró que “no reconocemos este tribunal, no reconocemos la jurisdicción de esta corte. Así es como tratamos este asunto”.
Reacciones del mundo
Recién se conoció la orden de arresto, Ucrania se manifestó a favor y respaldó a decisión del ente judicial. Andrii Yermak, funcionario de la Presidencia ucraniana, afirmó que la directriz de la CPI “es solo el inicio” de una serie de fallos judiciales que, según Ucrania, se adelantarán contra Rusia y Vladimir Putin.
En ocasiones anteriores Volodímir Zelenski ha declarado que Rusia también debe responder por la conocida masacre de Mariúpol, un suceso en que, según Kiev, murieron más de 300 civiles.
Hace un año, Rusia arrojó deliberada y brutalmente una poderosa bomba sobre el Teatro Dramático, en el centro de Mariúpol. Junto al edificio estaba la inscripción ‘Niños’, que era imposible pasar por alto. Cientos de personas se escondían allí de los bombardeos”, dijo Zelenski.
Humans Right Watch, ONG veedora de derechos humanos, aseguró que la decisión de la CPI en contra de Putin es “primer paso para acabar con la impunidad”. De acuerdo con la organización, “este es un día importante para muchas víctimas de crímenes cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania desde 2014″.
BREAKING: International Criminal Court issues arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin & Maria Alekseyevna Lvova-Belova.
— Human Rights Watch (@hrw) March 17, 2023
The ICC has made Putin a wanted man and taken its 1st step to end the impunity that has emboldened perpetrators in Russia’s war against Ukraine. pic.twitter.com/28G6UKr5Ia
Rusia, entre la negación y el desconocimiento
En repetidas ocasiones el Kremlin ha negado las acusaciones de cometer crímenes de guerra, entre los que se encuentra el ataque a la población civil, la destrucción de misiones médicas e incluso violencia sexual y tortura.
Por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresó este jueves que “la comisión ha concluido que las fuerzas armadas de Rusia han perpetrado ataques con armas explosivas en áreas pobladas con aparente menosprecio del sufrimiento y daño a los civiles”.
Frente a las acusaciones y la orden emitida por la CPI, Rusia afirmó que la decisión judicial es “nula jurídicamente”.
”Las posibles ‘prescripciones’ de arresto que salgan del Tribunal Internacional serán para nosotros jurídicamente nulas”, escribió María Zajárov, portavoz de Exteriores rusa, en su canal de Telegram.
Joseph Borell, representante de la Unión Europea, expresó que ordenar el arresto contra el jefe de Estado ruso representaba “una importante decisión de justicia internacional y para el pueblo de Ucrania”. Borell, que en ocasiones anteriores ha criticado la ofensiva militar de Putin, afirmó que “es sólo el comienzo del proceso [...] para que Rusia y su líder rindan cuentas por los crímenes y atrocidades que están cometiendo en Ucrania”.
The decision of the @IntlCrimCourt to issue an arrest warrant for Vladimir Putin for the war crime of unlawful deportation and transfer of children from Ukraine to Russia is the start of the process of accountability. We appreciate & support ICC’s work.
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 17, 2023
There can be #noimpunity
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