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Las multitudinarias movilizaciones de la oposición georgiana obligaron hoy al partido gobernante Sueño Georgiano a retirar un polémico proyecto de ley sobre agentes extranjeros, ya aprobado en primera lectura por el Parlamento y que había sido denunciado como un instrumento diseñado para reprimir a la disidencia.
“Como fuerzas responsables hemos decidido retirar sin condiciones el proyecto de ley”, anunciaron en una declaración conjunta Sueño Georgiano y su aliado el movimiento Fuerza del Pueblo, que fue el promotor formal de la fallida iniciativa.
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La decisión de retirar la “ley rusa” como la denomina la oposición, fue adoptada después de dos días de protestas masivas y enfrentamientos entre manifestantes y policía que se saldaron con más de 130 detenidos y 60 agentes de la fuerza pública heridos.
Las protestas fueron respaldas no sólo por la presidenta del país, Salomé Zurabishvili, que se encuentra de viaje en Estados Unidos, sino también por el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.
“Ante todo debemos proteger la paz, la tranquilidad y el desarrollo económico de Georgia, el avance de Georgia en la senda de la integración europea”, explicaron su postura Sueño Georgiano y Fuerza del Pueblo.
En su declaración, subrayaron que la “máquina de la mentira” confundió a una parte de la sociedad, ya que al proyecto de ley le atribuyeron la “falsa etiqueta de ‘ruso’”, y su aprobación en primera lectura fue interpretada como una renuncia a la integración del país en Europa.
LA “LEY RUSA”, INACEPTABLE PARA LA OPOSICIÓN Y OCCIDENTE
Según la oposición, el Gobierno pretendía impulsar una ley igual a la que utiliza el régimen del presidente ruso, Vladímir Putin, para perseguir organizaciones y activistas con la tapadera de luchar contra la intromisión extranjera en los asuntos internos.
Estas denuncias hallaron eco en la Unión Europea, cuyo jefe de política exterior, Josep Borrell, alertó de que el proyecto de ley sobre la “transparencia de la influencia extranjera” puede “tener graves consecuencias en las relaciones” con la UE.
Esa norma es “incompatible” con los valores y normas de la UE y va “en contra” del objetivo de Georgia de unirse al club comunitario, advirtió Borrell.
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Washington, por medio del Departamento de Estado, también mostró su “apoyo al pueblo georgiano y sus aspiraciones” y advirtió de que en caso de aprobarse la polémica ley, esta “estigmatizaría y silenciaría las voces independientes”.
DESCONFIANZA EN LA OPOSICIÓN
En un primer momento, la revocación del proyecto de ley fue recibida con desconfianza por la oposición, que anunció la convocatoria para hoy de una nueva acción de protesta en el centro de la capital georgiana.
“No creemos a Sueño Georgiano. Que explique cómo retira jurídicamente el proyecto. Por ahora el procedimiento es muy nebuloso”, dijo en rueda de prensa el dirigente del partido Guircham, Tsotné Koberidze.
Más tajante fue el experto en derecho constitucional Vajushti Menabde, quien subrayó que “un proyecto votado en primera lectura no puede ser revocado”, ya que de manera obligatoria debe seguir su tramitación, es decir, volver a votarse para su aprobación o rechazo.
Recordó que se presentó un segundo proyecto de ley que contempla sanciones más severas contra los agentes extranjeros que incumplan la correspondiente normativa, el cual sí podría ser revocado, porque ha sido votado en el Parlamento
Aun así, el anuncio de marcha atrás del partido gobernante fue recibido con satisfacción en la filas opositoras.
“Esto es mérito de los ciudadanos de Georgia que han plantado cara a la ley rusa”, declaró a la prensa la diputada Jatuna Samnidze, del opositor Partido Republicano de Georgia, que agradeció a los socios occidentales de Georgia la presión que ejercieron sobre el partido gobernante.
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UNA VICTORIA TÁCTICA
El diputado independiente Araz Ajvlediani afirmó a su vez que el paso atrás dado hoy por el gobierno es una “importante victoria táctica”.
Sin embargo, recalcó que la verdadera lucha está por venir y que para vencer “Georgia debe conseguir este año el estatus de país candidato a la Unión Europea”.
“Ello permitirá celebrar las próximas elecciones parlamentarias, en verano de 2024, en una situación de competencia transparente y justa”, indicó el legislador, que añadió que la oposición “también tiene que actuar de manera responsable”.
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