El rechazo a la expulsión de migrantes de Reino Unido a Ruanda: “Un peligroso precedente”
Después de años de trámites y reformas, el parlamento británico aprobó el proyecto impulsado por la mayoría conservadora en cabeza de Rishi Sunak.
Reino Unido se encontró con la primeras críticas internacionales a su plan de expulsiones de inmigrantes irregulares, aprobado el lunes por su parlamento, que el primer ministro conservador, Rishi Sunak, tildó el martes con satisfacción de “histórico”.
La ONU pidió a Reino Unido “reconsiderar su plan” de deportaciones al país africano, que según Naciones Unidas “crea un peligroso precedente en el mundo”.
El Alto Comisionado a los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, y su homólogo encargado de los refugiados, Filippo Grandi, pidieron a Reino Unido que, en su lugar, “adopte medidas prácticas para hacer frente a los flujos irregulares de refugiados y migrantes, basadas en la cooperación internacional y el respeto de la legislación internacional sobre derechos humanos”.
El comisario del Consejo de Europa para los derechos humanos, Michael O’Flaherty, señaló que esta ley “atenta contra la independencia de la justicia”.
Las asociaciones de defensa de los derechos humanos también criticaron la ley aprobada por el parlamento británico.
“Es una vergüenza nacional y dejará una mancha en la reputación moral de este país”, afirmó Sacha Deshmukh, responsable de Amnistía Internacional en Reino Unido.
“En 10 o 12 semanas”
El Parlamento británico aprobó el lunes por la noche un controvertido proyecto de ley que autoriza expulsar a Ruanda, país africano a 7.000 km de suelo británico, a solicitantes de asilo que entren ilegalmente a Reino Unido.
El texto debe ahora recibir la formalidad de la firma del rey antes de entrar en vigor.
El gobierno, que aplicará el plan “pase lo que pase”, espera iniciar las expulsiones “en 10 a 12 semanas”, según Sunak.
Pero las primeras reacciones en el mundo contrarias a esta ley hacen prever nuevos recursos jurídicos, que se han sucedido y han impedido poner en marcha el plan desde que el primer ministro conservador Boris Johnson lanzó el proyecto en mayo de 2022.
Este nueva ley aprobada por el parlamento era una respuesta a la última traba jurídica al plan, cuando el Tribunal Supremo de Reino Unido lo frenó en noviembre de 2023 al considerarlo ilegal.
La adopción de esta nueva versión, calificada como “histórica” por el primer ministro británico, lanza el aviso, según Rishi Sunak, de que “si alguien llega de forma irregular, no se podrá quedar”.
Por su parte, Ruanda también mostró su “satisfacción” por la adopción del texto, por medio de la portavoz del gobierno, Yolande Makolo, que añadió que las autoridades están “impacientes por recibir a las personas que serán reubicadas en Ruanda”.
Tras un récord de 45.000 personas que atravesaron el Canal de la Mancha en 2022, una cifra que cayó a unas 30.000 en 2023, más de 6.200 pasaron desde principios de 2024 de forma clandestina de las costas francesas a las británicas en pequeñas embarcaciones, lo que equivale a un incremento de más del 20% con respecto al mismo período el año pasado.
Muertes en Canal de la Mancha
Cinco migrantes, entre ellos una niña de cuatro años, murieron el martes al intentar llegar a las costas británicas desde Francia, en una embarcación que transportaba a 110 migrantes.
“Estas tragedias tienen que parar. Este Gobierno está haciendo todo lo posible para poner fin a este comercio, detener los barcos y, en última instancia, romper el modelo de negocio de las bandas de contrabandistas, para que no pongan vidas en riesgo”, afirmó en redes sociales el ministro británico de Interior, James Cleverly.
El gobierno de Sunak confía en que esta política de “frenar los barcos” disuada a los migrantes y impulse electoralmente al partido conservador, en clara desventaja frente a los laboristas tras catorce años en el poder.
Las elecciones deben celebrarse antes de finales de enero de 2025, aunque todavía no se conoce la fecha.
El gobierno conservador estaba presionando para la adopción de este texto que obligará a los jueces a considerar a la nación del este de África, como un país seguro para los migrantes expulsados.
Ruanda se presenta a sí mismo como uno de los países africanos más estables, pero grupos de derechos humanos acusan al presidente Paul Kagame, en el poder desde 1994, de gobernar en un clima de miedo y de represión.
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Reino Unido se encontró con la primeras críticas internacionales a su plan de expulsiones de inmigrantes irregulares, aprobado el lunes por su parlamento, que el primer ministro conservador, Rishi Sunak, tildó el martes con satisfacción de “histórico”.
La ONU pidió a Reino Unido “reconsiderar su plan” de deportaciones al país africano, que según Naciones Unidas “crea un peligroso precedente en el mundo”.
El Alto Comisionado a los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, y su homólogo encargado de los refugiados, Filippo Grandi, pidieron a Reino Unido que, en su lugar, “adopte medidas prácticas para hacer frente a los flujos irregulares de refugiados y migrantes, basadas en la cooperación internacional y el respeto de la legislación internacional sobre derechos humanos”.
El comisario del Consejo de Europa para los derechos humanos, Michael O’Flaherty, señaló que esta ley “atenta contra la independencia de la justicia”.
Las asociaciones de defensa de los derechos humanos también criticaron la ley aprobada por el parlamento británico.
“Es una vergüenza nacional y dejará una mancha en la reputación moral de este país”, afirmó Sacha Deshmukh, responsable de Amnistía Internacional en Reino Unido.
“En 10 o 12 semanas”
El Parlamento británico aprobó el lunes por la noche un controvertido proyecto de ley que autoriza expulsar a Ruanda, país africano a 7.000 km de suelo británico, a solicitantes de asilo que entren ilegalmente a Reino Unido.
El texto debe ahora recibir la formalidad de la firma del rey antes de entrar en vigor.
El gobierno, que aplicará el plan “pase lo que pase”, espera iniciar las expulsiones “en 10 a 12 semanas”, según Sunak.
Pero las primeras reacciones en el mundo contrarias a esta ley hacen prever nuevos recursos jurídicos, que se han sucedido y han impedido poner en marcha el plan desde que el primer ministro conservador Boris Johnson lanzó el proyecto en mayo de 2022.
Este nueva ley aprobada por el parlamento era una respuesta a la última traba jurídica al plan, cuando el Tribunal Supremo de Reino Unido lo frenó en noviembre de 2023 al considerarlo ilegal.
La adopción de esta nueva versión, calificada como “histórica” por el primer ministro británico, lanza el aviso, según Rishi Sunak, de que “si alguien llega de forma irregular, no se podrá quedar”.
Por su parte, Ruanda también mostró su “satisfacción” por la adopción del texto, por medio de la portavoz del gobierno, Yolande Makolo, que añadió que las autoridades están “impacientes por recibir a las personas que serán reubicadas en Ruanda”.
Tras un récord de 45.000 personas que atravesaron el Canal de la Mancha en 2022, una cifra que cayó a unas 30.000 en 2023, más de 6.200 pasaron desde principios de 2024 de forma clandestina de las costas francesas a las británicas en pequeñas embarcaciones, lo que equivale a un incremento de más del 20% con respecto al mismo período el año pasado.
Muertes en Canal de la Mancha
Cinco migrantes, entre ellos una niña de cuatro años, murieron el martes al intentar llegar a las costas británicas desde Francia, en una embarcación que transportaba a 110 migrantes.
“Estas tragedias tienen que parar. Este Gobierno está haciendo todo lo posible para poner fin a este comercio, detener los barcos y, en última instancia, romper el modelo de negocio de las bandas de contrabandistas, para que no pongan vidas en riesgo”, afirmó en redes sociales el ministro británico de Interior, James Cleverly.
El gobierno de Sunak confía en que esta política de “frenar los barcos” disuada a los migrantes y impulse electoralmente al partido conservador, en clara desventaja frente a los laboristas tras catorce años en el poder.
Las elecciones deben celebrarse antes de finales de enero de 2025, aunque todavía no se conoce la fecha.
El gobierno conservador estaba presionando para la adopción de este texto que obligará a los jueces a considerar a la nación del este de África, como un país seguro para los migrantes expulsados.
Ruanda se presenta a sí mismo como uno de los países africanos más estables, pero grupos de derechos humanos acusan al presidente Paul Kagame, en el poder desde 1994, de gobernar en un clima de miedo y de represión.
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