El Tribunal Supremo español ha acordado abrir una causa para investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont, huido de la Justicia española, por delitos de terrorismo. Según un auto conocido este jueves, la causa incluye también al diputado del Parlamento catalán Rubén Wagensberg, que igualmente reside fuera de España.
La investigación se dirige a acciones que se produjeron en 2019 durante las protestas del movimiento Tsunami Democràtic contra una sentencia que condenó a prisión a líderes independentistas, los cuales fueron luego indultados por el Gobierno español.
Los magistrados concluyen, por unanimidad, que, para estos dos aforados, pues Puigdemont es ahora eurodiputado, es “necesario y pertinente que sean llamados al procedimiento, a fin de ser oídos como investigados, con todos los derechos y garantías previstas en nuestro ordenamiento jurídico”.
Esta diligencia solo puede practicarla el Supremo por tratarse de aforados, es decir, personas que por condición de su cargo no pueden ser juzgadas por tribunales ordinarios sino por otros como en este caso el alto tribunal español.
El Supremo, que designa como instructora a la magistrada Susana Polo, no duda de que los hechos que se imputan a Tsunami Democràtic, como el bloqueo durante varias horas por grupos de manifestantes del aeropuerto internacional de Barcelona, corresponden a un delito de terrorismo.
El alto tribunal adopta esta decisión después de analizar la exposición razonada del magistrado de la Audiencia Nacional española Manuel García-Castellón sobre los indicios que a su juicio acreditan la participación de Puigdemont y Wagensberg en los hechos investigados. Sin embargo, declara falta de competencia para investigar a los otros diez encausados que no son aforadas, como Marta Rovira.
De acuerdo con los magistrados, las conductas de los investigados en el caso Tsunami concuerdan con los artículos 573 y 573 bis del Código Penal español, que considera delito de terrorismo cualquier delito grave con la finalidad de “subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”.
El auto señala que Puigdemont estuvo informado desde el principio de las acciones de la plataforma que buscaba “la subversión del orden constitucional y desestabilización grave de las instituciones democráticas, impidiendo a los poderes públicos cumplir sus resoluciones”. Así, existirían una “pluralidad de indicios” en los que el independentista tendría “dominio funcional del hecho, liderazgo absoluto, autoría intelectual y asunción de las riendas”.
“En una organización delictiva los hombres de atrás, que ordenan delitos con mando autónomo -pudiendo evitarlo- pueden, en este caso, ser responsables como autores mediatos, aun cuando los ejecutores inmediatos sean, asimismo, castigados como autores plenamente responsables”, dice el tribunal.
La decisión del Supremo se produce mientras en el Parlamento español se tramita una ley para amnistiar a independentistas catalanes que podría incluir delitos de terrorismo, lo que exige el partido de Puigdemont, Junts, para mantener su apoyo parlamentario al Gobierno de izquierda que encabeza el socialista Pedro Sánchez.
Puigdemont era presidente del Gobierno regional de Cataluña cuando se produjo en 2017 la declaración unilateral de independencia, tras lo que huyó a Bélgica, mientras que Wagensberg, de partido independentista Esquerra Republicana de Cataluña, se fue el pasado enero a Suiza alegando que desde allí puede preparar mejor su defensa.
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