El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) impuso una multa de 200 millones de euros (unos US$215 millones) a Hungría por no respetar el derecho comunitario en materia de asilo, con un millón de euros añadidos por cada día de retraso en su aplicación.
La corte había advertido en diciembre de 2020 que Hungría “no había respetado las reglas del derecho de la Unión en materia de procedimientos relativos a la concesión de protección internacional y al regreso de ciudadanos de países terceros en tránsito irregular”.
Ahora, sus jueces establecieron que Budapest no ejecutó esa decisión y le imponen la sanción de 200 millones de euros, sumada al millón de euros diarios por cada día de retraso desde esa fecha.
“Este incumplimiento, que consiste en eludir deliberadamente la aplicación de una política común de la Unión en su conjunto, constituye una violación inédita y excepcionalmente grave del derecho de la Unión”, argumenta el TJUE.
Según el Tribunal, Hungría no respeta el derecho de los demandantes de asilo de quedarse en Hungría a la espera de que se resuelvan definitivamente sus casos, lo que en la práctica “transfiere a otros Estados miembros la responsabilidad” de hacerse cargo de ellos.
Como explicó el Tribunal, esto menoscaba gravemente el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros, al no aplicar deliberadamente la política común de la Unión en materia de protección internacional en su conjunto, ni las normas sobre la expulsión de los nacionales de terceros países en situación irregular.
El primer ministro húngaro, el nacionalista Viktor Orban, denunció como “escandalosa e inaceptable” esta multa “por haber defendido las fronteras de la UE”.
“Parece que los inmigrantes ilegales son más importantes para los burócratas de Bruselas que sus propios ciudadanos europeos”, dijo Orbán en un mensaje en la red social X, en la que afirmó que lo único que ha hecho Hungría es “proteger las fronteras de la Unión Europea”.
Hungría, como Polonia y República Checa, ya fue multada por la justicia de la UE por rechazar una cuota de reparto de refugiados decidido por el bloque durante la crisis de migrantes de 2015.
El país también se opuso al Pacto sobre Migración y Asilo adoptado por la UE en mayo que prevé mecanismos de solidaridad entre los países enfrentados a una fuerte presión migratoria.
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