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El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación sobre la situación en Ucrania, ya que han recibido varias denuncias de “crímenes de guerra” y “de lesa humanidad” que fueron cometidos por Rusia al momento de invadir a Ucrania.
Por su parte, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de la ONU, ha convocado a audiencias, que se realizarán el 7 y 8 de marzo, y en donde tratarán las denuncias que presentó Ucrania en contra de las acciones que realizó Rusia, cuando invadió a este país.
He aquí cinco interrogantes sobre la situación jurídica tras la invasión.
¿Rusia infringió el derecho internacional?
Rusia violó el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el recurso a la fuerza a nivel internacional, así lo declaró Geoff Gordon, investigador principal en el Instituto Asser de derecho internacional y europeo, con sede en La Haya.
“El uso la fuerza militar rusa no es desconocida” en Ucrania, añadió Philippe Sands, profesor de derecho internacional, quien trabaja en el Reino Unido. Pero “hoy (...) existen reglas para protegernos de tales actos, reflejadas en la Carta de la ONU, que es lo más parecido que tenemos a una Constitución internacional”, aseguró Sands en un artículo en el Financial Times. Además, añadió que “son los compromisos más importantes de la Carta lo que (Vladimir) Putin ha menospreciado”.
¿Qué tribunales pueden juzgar los asuntos vinculados a Ucrania?
Ucrania presentó su caso ante la CIJ (Corte Internacional de Justicia), que realizará audiencias el 7 y 8 de marzo para determinar sus competencias jurídicas en esta invasión, explicó Gordon. Además, los tribunales nacionales también pueden juzgar casos vinculados a violaciones al derecho internacional, indicó.
Por otro lado, Rusia también podría comparecer ante el Tribunal europeo de derechos humanos, al ser acusada por Ucrania de violaciones en esa área.
Pese a que Ucrania no es signataria del Estatuto de Roma, el cual es un tratado fundacional de la CPI, en 2014 esta Corte reconoció formalmente la jurisdicción de Ucrania con respecto a los crímenes cometidos en su territorio.
Rusia, por su parte, se ha retirado de la CPI, por lo cual esta no puede procesar a los ciudadanos rusos en suelo ruso, sino solamente si estos son detenidos en territorio de un Estado que sí reconoce su jurisdicción.
En las audiencias que realizará la CIJ, se investigará las acusaciones de Ucrania, que asegura que Rusia planeó un genocidio.
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¿Los individuos pueden ser declarados responsables?
Sí. La CPI enjuicia a los acusados de las peores atrocidades cometidas, lo que incluye al genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Asimismo, los individuos también pueden ser procesados por tribunales nacionales.
Sin embargo, incluso la CPI no puede juzgar el crimen de agresión --el ataque de un Estado contra otro planificado por un dirigente político o militar--, si ese país no ratificó el Estatuto de Roma, el cual es el caso de Rusia y Ucrania. No obstante, según Sands, se puede crear un tribunal penal internacional (‘ad hoc’) consagrado a la agresión rusa contra Ucrania.
¿Qué sigue ahora?
De acuerdo a Cecily Rose, profesora asistente de derecho internacional público en la universidad de Leiden, en Holanda, las audiencias y la decisión de la CIJ podrían producirse pronto en virtud de la “urgencia” de este caso.
En cuanto a la CPI, podrían emitir actas de acusación, únicamente si los magistrados determinan que tienen jurisdicción y pruebas suficientes, o si un Estado miembro presenta el caso directamente ante ese tribunal.
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¿Qué efectos tendrá?
Difícil de predecir, de acuerdo con los expertos. La CIJ, cuyas sentencias tienen carácter definitivo e inapelable, “no cuenta con un mecanismo de aplicación clásico” para hacerlas cumplir, señala Gordon.
Por su parte, la CPI no tiene una fuerza policial propia y depende de los Estados miembros para proceder a arrestos de personas.
Según Gordon, “asistimos a la movilización de una serie de mecanismos más o menos coordinados, cuyo objetivo es castigar a Rusia por librar una guerra ilegal”, como las sanciones económicas, restricciones a viajes y cancelación de eventos deportivos, indicó Gordon, quién añadió que “una sentencia de la CIJ podría jugar un rol en tales acciones en el futuro”.
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