Italia aprobó otra ley contra la maternidad subrogada, será “delito universal”
Desde 2004, quien utilice los vientres de alquiler en Italia se enfrenta a penas de entre tres meses y dos años de cárcel y a una multa de entre 600.000 y un millón de euros. Ahora, una nueva ley dictaminó que será ilegal incluso cuando se lleva a cabo en el extranjero.
Los senadores italianos aprobaron el miércoles 16 de octubre una ley que refuerza la prohibición de la maternidad subrogada (vientre de alquiler), haciéndola ilegal incluso cuando se lleva a cabo en el extranjero. En este caso, los italianos que recurran a una madre de alquiler en el extranjero podrán ser procesados a su regreso. El voto de los senadores significa que la legislación ya puede entrar en vigor.
El texto fue defendido por el partido de extrema derecha Fratelli d’Italia de la primera ministra Giorgia Meloni, que se autodenomina “madre cristiana”. Ganó las elecciones de 2022 tras una campaña basada en el nacionalismo y los valores familiares tradicionales.
El voto “sobre la prohibición (...) nos sitúa a la vanguardia de las naciones en la defensa de los derechos”, declaró a los periodistas la ministra de Familia, Eugenia Roccella. “Las personas no son objetos, los niños no se compran y las partes del cuerpo humano no se venden ni se alquilan. Esta simple verdad, que ya está consagrada en nuestro ordenamiento jurídico, donde la práctica aberrante de la maternidad subrogada es un delito penal, ya no puede eludirse”.
Según la legislación de 2004, quien utilice los vientres de alquiler en Italia se enfrenta a penas de entre tres meses y dos años de cárcel y a una multa de entre 600.000 y un millón de euros. Pero hasta ahora, los italianos que podían permitírselo podían viajar a países donde es legal, como Estados Unidos o Canadá. Según los medios de comunicación italianos, la gran mayoría son parejas heterosexuales que no pueden tener hijos propios.
“Día negro” denunciado por la izquierda
Los críticos se han manifestado en contra de la prohibición, alegando que es inconstitucional e imposible de aplicar en la práctica. El diputado de izquierda Riccardo Magi lo denunció como un “día negro” para “el Parlamento, (...) para los derechos y las libertades”.
“La derecha ha convertido en ilegal cualquier recurso a la maternidad subrogada para los ciudadanos italianos, incluso en países donde es perfectamente legal, regulado y seguro”, escribió en las redes sociales.
Lamentó que, según la legislación italiana, “el nacimiento de un hijo y la paternidad” puedan considerarse ahora “delitos universales”, al mismo nivel que “la pedofilia y el genocidio”, y aseguró que la oposición “combatirá” esta ley y la llevará ante el Tribunal Constitucional. “Los cuerpos de las mujeres, sus úteros y su libertad les pertenecen. No a Giorgia Meloni. No a este Gobierno. Ni a ningún gobierno”, añadió.
Este debate pone de relieve otra cuestión sin resolver en Italia, que no reconoce legalmente a los hijos de parejas del mismo sexo. Este vacío legal deja al progenitor biológico como único progenitor en los certificados de nacimiento, lo que obliga al otro progenitor a embarcarse en un largo y costoso procedimiento de adopción.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha condenado el retraso de Italia en materia de derechos LGBT+, en especial el matrimonio homosexual, a diferencia de la mayoría de sus vecinos europeos.
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Los senadores italianos aprobaron el miércoles 16 de octubre una ley que refuerza la prohibición de la maternidad subrogada (vientre de alquiler), haciéndola ilegal incluso cuando se lleva a cabo en el extranjero. En este caso, los italianos que recurran a una madre de alquiler en el extranjero podrán ser procesados a su regreso. El voto de los senadores significa que la legislación ya puede entrar en vigor.
El texto fue defendido por el partido de extrema derecha Fratelli d’Italia de la primera ministra Giorgia Meloni, que se autodenomina “madre cristiana”. Ganó las elecciones de 2022 tras una campaña basada en el nacionalismo y los valores familiares tradicionales.
El voto “sobre la prohibición (...) nos sitúa a la vanguardia de las naciones en la defensa de los derechos”, declaró a los periodistas la ministra de Familia, Eugenia Roccella. “Las personas no son objetos, los niños no se compran y las partes del cuerpo humano no se venden ni se alquilan. Esta simple verdad, que ya está consagrada en nuestro ordenamiento jurídico, donde la práctica aberrante de la maternidad subrogada es un delito penal, ya no puede eludirse”.
Según la legislación de 2004, quien utilice los vientres de alquiler en Italia se enfrenta a penas de entre tres meses y dos años de cárcel y a una multa de entre 600.000 y un millón de euros. Pero hasta ahora, los italianos que podían permitírselo podían viajar a países donde es legal, como Estados Unidos o Canadá. Según los medios de comunicación italianos, la gran mayoría son parejas heterosexuales que no pueden tener hijos propios.
“Día negro” denunciado por la izquierda
Los críticos se han manifestado en contra de la prohibición, alegando que es inconstitucional e imposible de aplicar en la práctica. El diputado de izquierda Riccardo Magi lo denunció como un “día negro” para “el Parlamento, (...) para los derechos y las libertades”.
“La derecha ha convertido en ilegal cualquier recurso a la maternidad subrogada para los ciudadanos italianos, incluso en países donde es perfectamente legal, regulado y seguro”, escribió en las redes sociales.
Lamentó que, según la legislación italiana, “el nacimiento de un hijo y la paternidad” puedan considerarse ahora “delitos universales”, al mismo nivel que “la pedofilia y el genocidio”, y aseguró que la oposición “combatirá” esta ley y la llevará ante el Tribunal Constitucional. “Los cuerpos de las mujeres, sus úteros y su libertad les pertenecen. No a Giorgia Meloni. No a este Gobierno. Ni a ningún gobierno”, añadió.
Este debate pone de relieve otra cuestión sin resolver en Italia, que no reconoce legalmente a los hijos de parejas del mismo sexo. Este vacío legal deja al progenitor biológico como único progenitor en los certificados de nacimiento, lo que obliga al otro progenitor a embarcarse en un largo y costoso procedimiento de adopción.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha condenado el retraso de Italia en materia de derechos LGBT+, en especial el matrimonio homosexual, a diferencia de la mayoría de sus vecinos europeos.
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