La crisis que provocará la nueva política migratoria de Reino Unido

Luego de un maratónico debate, el Parlamento del Reino Unido aprobó finalmente el polémico proyecto de Ley de Seguridad de Ruanda, el cual permitirá enviar a solicitantes de asilo al país africano en un plazo de 10 a 12 semanas. Este era un proyecto de suma importancia para el Gobierno del primer ministro, Rishi Sunak, pues la migración es una de las pocas áreas en las que el Partido Conservador considera que puede ganar votos en las elecciones del próximo año.

Luego de un maratónico debate, el Parlamento del Reino Unido aprobó finalmente el polémico proyecto de Ley de Seguridad de Ruanda, el cual permitirá enviar a solicitantes de asilo al país africano en un plazo de 10 a 12 semanas. Este era un proyecto de suma importancia para el Gobierno del primer ministro, Rishi Sunak, pues la migración es una de las pocas áreas en las que el Partido Conservador considera que puede ganar votos en las elecciones del próximo año.

“No es solo un paso adelante, sino un cambio fundamental en la ecuación global sobre migración”, dijo Sunak.

Efectivamente, esto representa un cambio total en la migración global, aunque no uno positivo. A pesar de las celebraciones de Sunak, expertos en materia de migración aseguran que será cuestión de tiempo para que la estrategia del Gobierno exponga sus enormes grietas y fracase en su objetivo de contener la migración. Hay, en esencia, tres grandes problemas con esta ley: es impopular, es inhumano y podría resultar ineficaz.

Un plan cruel e “inhumano”

Lo que hizo el Parlamento británico el martes fue quitar la última barrera para que el plan de Sunak, de llevar a Ruanda a las personas migrantes que llegaban en botes al Reino Unido, pudiera entrar en marcha. De fondo, había un gran inconveniente: el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), al que pertenece Londres, protege a los solicitantes de asilo contra el riesgo de devolución. Sin embargo, este mismo convenio no impide que se deporten a estas personas a un “país seguro”.

Ruanda es un país con desapariciones forzadas, sin acceso a anticonceptivos, con una pronunciada crisis económica, con casos documentados de censura y con una severa represión a los derechos de las mujeres. En ese sentido, no podría ser considerado por nadie como un “país seguro”. Excepto por el Parlamento británico, que se refirió así a este con su decisión del martes.

Es casi seguro que el plan de Sunak con Ruanda será impugnado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, responsable de hacer cumplir la CEDH. Sunak ha amenazado con salirse de la CEDH si la justicia europea toma una acción para bloquear el plan. Sin embargo, este paso solo le traería más problemas a Reino Unido, según Joelle Grogan, investigadora del King’s College London.

Por un lado, dice la experta, el CEDH es una pieza fundamental del Acuerdo del Viernes Santo, que puso fin a la crisis en Irlanda. Si Reino Unido abandona el convenio, violaría el acuerdo y causaría problemas para sus vecinos, así como para sus relaciones con la Unión Europea y Estados Unidos. También dejaría sin piso múltiples sentencias que defienden los derechos humanos, dejando, por ejemplo, a la Ley de Derechos Humanos “como un coche sin motor”, según Grogan en The Conversation.

Finalmente, y aunque Sunak decidiera seguir este paso, hay otros tratados internacionales, como la convención de Naciones Unidas sobre refugiados y el pacto internacional de Naciones Unidas sobre derechos civiles y políticos, que obligarían a Londres a no continuar con su plan. Y las complicaciones legales no se detienen.

Si las aerolíneas comerciales ayudan a Sunak en su plan, como el primer ministro espera, podrían ser calificadas como “cómplices de violar los derechos humanos internacionalmente protegidos y las órdenes judiciales al facilitar las deportaciones a Ruanda”, según relatores especiales de la ONU. En este sentido, podrían ser demandadas en virtud de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. Y esta es solo la punta del iceberg en las complicaciones para el plan de Sunak.

No hay confianza en la medida

Según la encuestadora We Think, solo el 26 % de los votantes considera que el plan del Gobierno podrá marcar una diferencia significativa sobre los números de inmigración irregular. Un 54 % cree que no habrá diferencia. Por otro lado, la encuestadora Redfield & Wilton9apuntó que apenas un 20 % aprueba la política, siendo esta una de las áreas con peor desempeño del Gobierno para la ciudadanía. El plan es impopular.

Incluso en Wokington, una ciudad con un 98,5 % de población blanca (la menos diversa de Inglaterra), se reconoce que lo que se necesita es impulsar una estrategia que facilite la migración regular y no imponer barreras para esta, como lo hace el Gobierno, pues urgen migrantes en el país.

“Siento pena (por quienes cruzan el Canal de la Mancha). Es peligroso. No tengo problema con los inmigrantes que vienen de manera regular. Entiendo que la gente quiere una vida mejor. Pero mientras están dispuestos a trabajar, ganarse la vida y pagar nuestros impuestos, que sigan adelante. Obviamente, hay algunos trabajos que nuestra gente no quiere hacer, y están preparados para hacerlo. Como enfermería, cuidadores… cobran un salario mínimo y el trabajo que hacen es brillante”, le dijo un ciudadano al medio local Joe.

Un factor que puede ahondar la impopularidad de la medida es el del costo. Se estima que las deportaciones alcancen los 500 millones de libras para unos pocos cientos de personas, lo cual resultaría en una carga fiscal enorme. Solo en los primeros dos días de abril, cerca de 800 personas llegaron en pequeñas embarcaciones al Reino Unido. Eso es más del doble de la capacidad del plan de Ruanda, que sobre el papel ha dicho que podría procesar a unas 1.000 personas en el transcurso de cinco años.

“Incluso si esa capacidad pudiera ampliarse masivamente de alguna manera, no está claro que tendría algo parecido al efecto disuasorio que predice Sunak”, apuntó el periodista Adam Bienkov.

La historia reciente nos indica que el enfoque no va a disuadir por completo a quienes deseen migrar. En 2022, Reino Unido selló un acuerdo con Albania para la repatriación de migrantes de ese país por la vía rápida. Si bien las cifras posteriores al acuerdo fueron significativamente inferiores —la llegada por botes se redujo en un 90 %, según el Gobierno— se ha demostrado que los albaneses repatriados han empezado a encontrar nuevas rutas de regreso a Gran Bretaña y siguen intentando llegar a sus costas por otras vías. Así, el plan demuestra ser inefectivo a la hora de atender el desafío central: parar la migración irregular.

“Muchos albaneses que han sido repatriados no ven otra alternativa que volver a intentarlo para pagar los gastos incurridos en el primer intento fallido. Y luego se convierten en víctimas de la servidumbre por deudas, dijo Jahir Cahani, un activista local en Kukes”, destacó el medio albanés Balkan Insight.

Médicos Sin Fronteras (MSF), entre otras organizaciones, le han pedido a Reino Unido abandonar “este enfoque cruel y aborrecible” frente a la migración. “Debería centrarse en establecer rutas seguras hacia el Reino Unido y en crear un sistema de asilo que funcione, justo y eficiente, que respete la salud y la dignidad de las personas que buscan seguridad en el Reino Unido”, señaló la directora ejecutiva de MSF en el Reino Unido, Natalie Roberts. Si el plan sigue adelante, podrían crearse más problemas que los que están en la mesa.

“El proyecto de ley de Ruanda pueda desencadenar una crisis de salud mental entre las decenas de miles de personas que corren el riesgo de ser expulsadas por la fuerza a Ruanda, incluidos nuestros pacientes y aquellos que se encuentran recluidos en el sitio de contención masiva de RAF Wethersfield en Essex”, advierte MSF.

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