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La justicia británica pidió este martes a Estados Unidos nuevas garantías sobre el trato que recibiría Julian Assange, fundador de WikiLeaks, de ser extraditado. Los jueces del caso dieron un plazo de tres semanas a las autoridades estadounidenses, que quieren juzgar al australiano por una fuga masiva de documentos confidenciales, para que garanticen que él podría acogerse a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, y que no sería condenado a la pena de muerte, según un resumen de la decisión.
La determinación del martes era muy esperada porque el tribunal debía decidir si Assange había agotado sus recursos ante los tribunales británicos o si, como sucedió, faltaba claridad en el proceso. En su fallo, los dos jueces del Tribunal Superior dijeron que “concederán permiso para apelar” por motivos limitados, “a menos que el Gobierno de los Estados Unidos de América proporcione garantías satisfactorias”.
Así las cosas, si no se dan esas garantías, se le concederá a Assange el derecho a una audiencia de apelación completa. Si Estados Unidos proporciona las garantías solicitadas, habrá una nueva audiencia el 20 de mayo para decidir si “son satisfactorias y tomar una decisión final sobre la autorización para apelar”.
“Es un veredicto sorprendente”, dijo a su salida del tribunal Stella Assange, esposa del acusado: “El tribunal reconoce que se le ha negado a Julian su derecho a la libertad de expresión, que se le discrimina por ser australiano y que sigue corriendo el riesgo de ser condenado a la pena de muerte”.
En su declaración ante la prensa, agregó: “Pero lo que han hecho los magistrados es invitar a Estados Unidos a que haya una intervención política y envíen una carta asegurando que todo está bien. Julian es un prisionero político y un periodista perseguido por exponer el verdadero costo de la guerra en vidas humanas (...). Es una señal para todos ustedes de que si exponen los verdaderos intereses que hay detrás de las guerras, acabarán en prisión”. A su parecer, “la administración del presidente Biden no debería presentar esas garantías que reclama el tribunal, sino retirar una acusación vergonzosa que nunca debió presentar”.
Hace un tiempo, en una audiencia de dos días, los abogados de Assange argumentaron que los cargos, que se relacionan con la publicación por parte de él y WikiLeaks de miles de documentos clasificados y diplomáticos asociados con las guerras de Afganistán e Irak, tenían motivaciones políticas y que la solicitud de extradición era ilegal.
De hecho, su abogado, Edward Fitzgerald, aseguró que el australiano está siendo juzgado por “prácticas periodísticas ordinarias” consistentes en “obtener y publicar información”. Por ello, según él, Assange se enfrenta a una sentencia desproporcionada en Estados Unidos y “existe un riesgo real de que sufra una flagrante denegación de justicia”.
Por su parte, la abogada Clair Dobbin, que representa al Gobierno estadounidense, argumentó que el fundador de WikiLeaks había publicado “indiscriminadamente y con conocimiento los nombres de personas que servían como fuentes de información para Estados Unidos. Son estos hechos los que lo distinguen [de otros medios de comunicación] y no sus opiniones políticas”.
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